En los últimos años, la carretera federal Cancún-Tulum (307) ha registrado varios socavones, los cuales están relacionados con las actividades de la empresa extractiva Calizas Industriales del Carmen, S.A. de C.V., antes conocida como Calica, ahora Sac-Tun; así lo señala un dictamen de impacto ambiental realizado por la Secretaría de Medioambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Pero eso no es todo; los resultados aseveran que “se identificaron impactos importantes por contaminación sobre el suelo de la zona de estudio por las actividades de extracción de material pétreo en los predios identificados como La Rosita y El Corchalito”, dos de los tres predios propiedad de la empresa citada en Playa del Carmen.
Daño del suelo, irreparable
Con ayuda de una serie de imágenes satelitales, las autoridades ambientales demostraron que del año 2006 al 2022, en dichos terrenos se ha perdido una porción de entre 80 y 82 por ciento de la vegetación, lo que ha provocado un cambio dramático en el paisaje natural de la zona, mismo que ha derivado en la defaunación de los ecosistemas donde se ubican los terrenos.
Asimismo, el documento explica que la magnitud del impacto ambiental “depende del alcance de la minería y la sensibilidad ecológica del sitio”. En ese sentido, ecosistemas terrestres y acuáticos “se ven afectados y los efectos podrían extenderse más allá de los límites del área minera y ser a largo plazo”, lo que también afecta la infraestructura de uso público.
El dictamen señala que el 27 de agosto del 2015 se registró un socavón de dos metros en la carretera 307+650. Tras haber sido rellenada y rehabilitada, el 4 de febrero de 2020 se registró una segunda oquedad, en el mismo sitio. El 13 de junio de 2020, en el km 265+500, se reportó un tercer hueco a la altura de la localidad de Puerto Aventuras.
Durante las visitas de campo, los expertos identificaron otras afectaciones sobre la carretera federal Cancún-Tulum, como “depresiones significativas” a los costados de la carretera, así como agrietamientos sobre la carpeta asfáltica, que “persisten por varios kilómetros”.
Acerca de los sitios hidrológicos, el estudio resalta que la modificación de los flujos regionales ha provocado hundimientos del suelo, grietas y depresiones a lo largo de la carretera 307, la cual pasa frente al complejo minero de Calica;“estos fenómenos en zonas kársticas pueden producir socavones”.
En cuanto a las afectaciones ambientales identificadas están “la reducción de los niveles freáticos, la destrucción del hábitat, la invasión de desechos en tierras agrícolas, la destrucción de edificios debido a grietas, contaminación de ríos, pérdida de biodiversidad, destrucción de cultivos, agua de lluvia sucia recolectada de los techos y problemas relacionados con la salud, como la inhalación del polvo que resulta en infecciones del tracto respiratorio”.
De esta manera, la actividad minera ha provocado “el agotamiento y la contaminación del agua, el suelo y el aire, el agotamiento de la flora y fauna, la reducción de la biodiversidad, la erosión del suelo y su inestabilidad, así como de las masas rocosas, los cambios en el paisaje y la degradación de las tierras agrícolas son algunos de los daños más notorios”, se cita.
En cuanto al tercer predio, identificado como La Adelita, no ha sido explotado, por lo que el dictamen advierte que es “apremiante que no se inicie la extracción de material pétreo, ya que la región está impactada por la actividad de los predios La Rosita y El Corchalito, por lo que explotar otra área aumentaría los efectos negativos al ambiente”.
Red hidrológica subterránea, afectada
Por otro lado, la Semarnat confirmó la existencia de un sistema complejo de cenotes y ríos subterráneos que están conectados hidrológicamente mediante conductos, así como un sistema de cavernas, ubicados en la zona del complejo minero de la actual empresa Sac-Tun, en El Corchalito, La Rosita y La Adelita.
“Este sistema, presenta un flujo natural aguas abajo, desembocando cerca de la costa, con lo cual se considera que cualquier alteración ocurrida aguas arriba de los predios y en su trayecto intermedio, tiene efectos aguas abajo”, indica el dictamen.
Incluso, la empresa ha extraído material pétreo por debajo del nivel freático, acción que ha provocado el crecimiento de cuerpos de agua en los predios de Calica en Playa del Carmen, “condición que impacta directamente a los sistemas subterráneos de agua”.
También, al interior del terreno, los expertos descubrieron la destrucción de al menos tres cenotes; la alteración, destrucción de cavernas y paisaje kárstico; estanques de agua construidos de manera artificial, los cuales “constituyen una retención de agua subterránea muy por encima de lo autorizado en las concesiones otorgadas” por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Igualmente, el documento plantea que la vegetación que había en la zona de estudio previo a 1985, “tenía un potencial de explotación de recursos maderables y no maderables que pudo haber sido extraído bajo esquemas de aprovechamiento forestal sustentable”, por lo que “se pudo aprovechar una superficie anual de 116.51 hectáreas, con una producción potencial anual de 24 millones 855 mil 579 pesos”.
Los expertos aseveran que dicha actividad “hubiera generado beneficios económicos y sociales locales y hubiera permitido la conservación de los diferentes servicios ambientales de la zona”.
La actividad minera que las autoridades permitieron a Calica realizar durante décadas, “ha causado una devastación del paisaje natural y de la conectividad biológica y como consecuencia, una pérdida en la capacidad del sitio para la realización de actividades como ecoturismo o turismo de bajo impacto, como avistamiento de aves o de otras especies de flora y fauna”.
Derivado de la remoción de suelo en los predios de Calica, el impacto ambiental “ha sido de tal magnitud, que es técnicamente imposible la regeneración de su cobertura vegetal”, afirman las autoridades ambientales.
No obstante, los expertos indican que “se pueden impulsar labores de restauración para una recuperación parcial de las condiciones del suelo que, eventualmente, puedan permitir algún nivel de recuperación de algunas funciones y servicios ambientales en la zona”; aunque “el daño producido es prácticamente irreversible”.
El dictamen estima que para restaurar los suelos afectados, el costo económico calculado asciende a 60 millones 658 mil 181 pesos por hectárea, sin incluir los estanques artificiales de agua; por lo que “el costo social para la restauración de la zona impactada por la actividad minera de Calica, hoy Sac-Tun, asciende a [un total de] 34 mil 650 millones 986 mil 364 de pesos”.
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CG