El Gobierno de México presentó al Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIACI) un memorial de contestación sobre el reclamo secundario presentado el pasado 28 de septiembre por Calizas Industriales del Carmen (Calica, hoy Sac Tun), tras la clausura del predio “La Rosita”, el pasado 5 de mayo.
Como se recordará, la filial de Legacy Vulcan, tres días después de esa clausura presentó una solicitud de medidas provisionales, así como una demanda accesoria; y el tribunal, en julio, emitió una resolución procesal relativa a las medidas provisionales y la demanda accesoria, aceptando que se integrara al expediente que se abrió el 3 de enero de 2019, cuando dicha empresa presentó su denuncia por el supuesto daño a sus operaciones; derivado de otra clausura, y por el supuesto cambio de uso de suelo en terrenos donde tiene contemplado continuar la extracción de material pétreo.
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El 28 de septiembre, cuando Calica presentó un memorial sobre el reclamo secundario, expuso que surgía “del cierre indebido de México de restantes operaciones de extracción y exportación de Calica por orden del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, luego de una campaña políticamente motivada de ataques públicos contra Legacy Vulcan y Calica”.
Legacy Vulcan insiste en que, en la primera fase de este arbitraje, “México ha desplegado todos los poderes del Estado para interferir con el proyecto de Legacy Vulcan para extraer piedra caliza y producir agregados para exportar a los Estados Unidos”.
El argumento de la empresa transnacional es que México excluyó previamente la producción en dos de los tres lotes de extracción de su proyecto: “La Adelita” y “El Corchalito”, a través de una serie de medidas ilícitas en violación de las obligaciones de México bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
“Ahora ha hecho lo mismo en “La Rosita”, frustrando el propósito del proyecto”, sostiene la empresa.
Tras la clausura del predio “La Rosita”, el Gobierno nacional señaló que no contaba ya con los permisos para estas labores, a lo que Calica sostiene que “son acusaciones falsas”, pues por más de tres décadas ha extraído el material con los permisos vigentes y en cumplimiento de las leyes ambientales.
Fue el pasado 20 de diciembre cuando México tuvo la oportunidad de presentar su memorial con las pruebas que demuestren su actuar legal para proceder a esa clausura.
Cabe recordar, que este memorial será público una vez que las partes se pongan de acuerdo sobre lo que se debe mostrar abiertamente y lo que no.
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NR