A nivel nacional existe una simulación en el ejercicio de funciones, en la administración pública, pues si bien se puede observar una paridad en congresos y gobiernos estatales, muchos hombres gobiernan a través de las mujeres, aseguró Eva Barrientos Zepeda, magistrada de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Tras emitir en Chetumal, una Conferencia en conmemoración de los 70 años del Voto de la Mujer en México, explicó que el principal impedimento para que las mujeres puedan mantener una actividad política activa era la violencia que sufrían por su condición de mujer, aunque reconoció que Quintana Roo fue pionero para establecer como delito la Violencia Política contra la Mujer en Razón de Género y determinar cómo inelegibles para ocupar y aspirar a cargos públicos y de elección popular a quienes se encuentran inscritos en el Registro de personas sancionadas.
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Explicó que, en la experiencia durante su labor en la Sala Xalapa, se ha de terminado que son los servidores públicos quienes más cometen esta clase de delitos, pero ahora, se enfrentan a un nuevo reto, consistente en la simulación del ejercicio del poder que ha frenado la vida activa de las mujeres en la política.
Lo anterior, porque señaló que existe una legislación que establece la paridad en ocupar cargos políticos, la cual se puede ver reflejada en congresos locales y en las administraciones estatales, aunque no se concreta el ejercicio pleno de sus funciones.
Recordó que una de las consecuencias de esta simulación, es que son hombres los que determinan quiénes llegan a los puestos de elección popular y en muchos de los casos utilizan a las mujeres para gobernar.
"No es en todos los casos, ni el todo el país, pero es un tema que se tiene que superar para lograr que exista un verdadero ejercicio del poder".
En este mismo tema recordó que en la experiencia de la Sala Xalapa, a nivel nacional, es en los municipios donde existen mayores denuncias por violencia política, ya que regidoras o presidentas municipales, si bien ocupan el cargo, no las convocan a sesión, no les pagan lo mismo o si las convocan no les dan toda la información para que puedan participar y ejercer el derecho al voto razonado durante las sesiones.
Explicó que falta mucho por avanzar porque, aunque existe el Registro Nacional y Estatal de personas sancionadas por violencia política contra la mujer en razón de género, el INE lo dejó sin efecto porque consideró no se debe tomar en cuenta para determinar la viabilidad de buscar una candidatura, por lo que ahora es necesario legislar para buscar sanciones contra los violentadores.
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HS