Calizas Industriales del Carmen (Calica), hoy Sac Tun, obtuvo un nuevo amparo, y con ello podrá acceder a las instalaciones que fueron clausuradas por el Gobierno Federal en el 2022.
Esto según el expediente número 84/2023, y en el que el Juez Noveno de Distrito, con sede en la ciudad de Cancún, falló a favor de la empresa de capital estadounidense, Vulcans Material Company, que, como se recordará, mantiene diversos litigios contra el Gobierno mexicano y algunas de sus dependencias para continuar la operación de su mina, ubicada en la zona continental de Cozumel y Playa del Carmen.
De acuerdo con lo publicado en estrados, a principios de este año, el Gobierno Federal reforzó la seguridad para impedir el acceso de los representantes de Calica, luego que el 5 de mayo del 2022 se clausurara el predio “La Rosita”, al detectar que continuaba la extracción de material pétreo.
En este sentido, Calica presentó la demanda contra esta acción de las autoridades, toda vez que se suspenden las acciones, pero se afecta el derecho de ingresar a propiedad privada.
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De acuerdo con el número de Expediente Único Nacional 31948900, Número de Expediente Asignado 84/2023 y Número de Control de Oficina de Correspondencia Común 20230926034000095/2023, se promovió esta demanda de amparo contra la autoridad responsable que, en este caso, es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Dirección General de Zona Federal Marítimo-Terrestre (Zofemat) y la Dirección General de Riesgo e Impacto Ambiental (DGHIRA), dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); así como la Dirección de Inspección y Vigilancia Forestal, toda vez que “intenta restringir el tránsito en el predio”, modificando los alcances en la medida de seguridad.
El pasado 2 de enero las autoridades citadas determinaron esta modificación, por lo que la parte afectada indicó que deben asegurarse las condiciones de seguridad, mantenimiento y el equilibrio ecológico dentro de los predios involucrados.
Esto último, toda vez que también el predio denominado “El Corchalito” se encuentra sujeto a una clausura desde el 2018.
El Juez Noveno de Distrito determinó la suspensión provisional “para que las cosas se mantengan acorde a lo estipulado por la autoridad responsable en las actas de inspección en materia forestal y en materia de impacto ambiental.
En caso de que la autoridad determine que es inconstitucional este actuar, se podría conceder la suspensión total, por lo que será materia de análisis en el fondo del asunto, se lee en el resolutivo.
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