El Observatorio Legislativo de Quintana Roose pronunció al respecto sobre la propuesta de la Ley General de Movilidad, pues aseguró que es más de lo mismo y siguen disfrazándose las intenciones del Gobierno Estatal para beneficiar a los Sindicatos de Taxistas, por lo que lejos de terminar con el conflicto, seguirá agravándose.
De acuerdo con el organismo, se le está exigiendo mucho a las plataformas de transporte privado, mientras que a los ruleteros se les sigue protegiendo, pues un claro ejemplo es que la Ley de Movilidad obliga a los dueños de los autos de Uber a manejar las unidades, algo que no ocurre con los taxistas, ya que ni siquiera se sabe quién conduce los taxis.
“Falta mucho para ser una ley moderna y de innovación, como se está publicitando, ya que a pesar del cambio de Administración Estatal, de propuestas y mesas de trabajo parece que todo el proceso trae la marca de la casa, el ‘gatopardismo’, mucha actividad, reuniones diversas, difusión, cambio de conceptos, pero en el fondo las propuestas siguen iguales, mantener el sistema que ha venido construyéndose y operando durante varios sexenios para beneficio de unos cuantos grupos”, aseguró el organismo.
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El observatorio detalló que el principal error que se está cometiendo es tratar de homologar los transportes públicos con los privados, siendo que tienen características diferentes, por lo que no se pueden tratar como iguales en los marcos normativos.
Asimismo, aseguró que los propietarios de las unidades de operación en plataforma digital sólo pueden tener una unidad mientras que las concesiones de unidades de taxis son frecuentemente flotillas propiedad de personas, incluso de funcionarios y exfuncionarios públicos. Además, el taxímetro se establecerá hasta dentro de dos años.
“El que estén los Uber conectados al C5 puede ser violatorio de los derechos de privacidad y humanos. Quizá debería de aclararse que sólo en caso de algún incidente del conductor o del pasajero se conecte el botón de pánico al sistema de seguridad, estamos seguros de que más adelante volveremos a ver recursos jurídicos por los diferentes actores involucrados en el sistema de transporte e incluso ciudadanos que vean la posibilidad de que se vean afectados sus derechos”, finalizó.
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NR