Las empresas Calizas Industriales del Carmen (Calica) y Legacy Vulcan insistieron en que México debe pagar por las pérdidas que les ha traído el cierre de sus actividades, durante el juicio que se lleva a cabo en el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
Según la compañía, “el Memorial de Contestación no refuta los hechos que animan el reclamo accesorio”, lanzado por la clausura del predio “La Rosita”, el 5 de mayo del 2022.
El juicio inició en enero del 2019; por este, Calica reclama a las autoridades de los tres niveles de Gobierno una compensación por las pérdidas económicas que causó la clausura del predio “El Corchalito”, hecha por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), bajo el argumento de afectaciones para continuar con sus actividades de extracción, al cambiar el uso del suelo de su propiedad.
A raíz de esta clausura, ocurrida el año pasado, la empresa también presentó una demanda accesoria por daños.
Al respecto, México expuso sus argumentos y dejó en claro que ambas partes tenían un acuerdo que la empresa violó al continuar con la extracción de material pétreo, lo que llevó a esta nueva clausura.
La transnacional también acusó a México de lanzar una campaña de ataques públicos sin precedentes en su contra, durante las conferencias Mañaneras del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. “En un esfuerzo por presionarlos para que abandonen este arbitraje”.
Sin embargo, la defensa de México explicó el motivo de estos informes y señaló que la empresa fue la que primero politizó el tema, al solicitar la intervención del Senado de Estados Unidos.
Al respecto, Legacy Vulcan informó que la conducta del Gobierno mexicano no le dejó más remedio que buscar la asistencia del Tribunal internacional para evitar la agravación de la disputa, pero el país ha continuado su campaña contra Calica, y durante cerca de 10 meses, sus operaciones han sido paralizadas, y no hay indicios de que la situación vaya a cambiar”.
La compañía manifestó que México cerró las operaciones restantes de Calica “con base en nada más que las opiniones sesgadas y predeterminadas del Presidente mexicano sobre esas operaciones, a favor de los intereses turísticos locales”, e insistió en que tiene derecho a una compensación por el incumplimiento adicional del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN).
Respecto a la contrademanda de México, que ha alegado afectaciones al entono ambiental, por las que solicita una compensación similar a la que la empresa reclama (de más de 1 mil 500 millones de dólares), la empresa dijo que es “un intento de la nación de tergiversar la el alcance del ‘reclamo principal’ para relacionarse más ampliamente con la totalidad de la inversión de Legacy Vulcan”, por lo que calificó de infundada la solicitud y le al tribunal que encabeza Albert Jan Van Den Berg que la rechace.
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LV