En sus últimos argumentos, y pese a que los mismos integrantes del Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativo a Inversiones (CIADI) lo constataron, Calizas Industriales del Carmen (Calica) quiere desviar la atención con respecto al daño ambiental que ha ocasionado, al argumentar ahora que las clausuras a su predio realizadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) fueron para desviar la atención con el proyecto Tren Maya y que el Gobierno sólo los quiere utilizar de chivo expiatorio, cuando la realidad es que las primeras clausuras datan de antes de que se concretara el proyecto ferroviario, en otro Gobierno.
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Tan sólo, basta recordar que el juicio en esta corte internacional inició el 3 de junio de 2019, apenas un mes después de que Andrés Manuel López Obrador tomara protesta como Presidente de la República.
Esto, derivado de la clausura que data de enero del 2018, en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, que fue en respuesta a las visitas de inspección realizadas en mayo y noviembre de 2017.
Dicho de otra forma, no existía ningún proyecto de Tren Maya, como ahora refiere la empresa de capital estadounidense en su documento de 80 páginas.
“México llevó a cabo arbitrariamente ese cierre por orden del Presidente. La instrucción es con motivaciones políticas, en violación del artículo 1105 del TLCAN (Tratado de Libre Comercio para América del Norte)”, expone la filial de Legacy Vulcan.
“El Presidente López Obrador lanzó una campaña de acoso público contra Legacy Vulcan y Calica a principios de 2022. El Presidente utilizó Calica como chivo expiatorio para desviar las críticas ambientales a su proyecto Tren Maya, en repetidas ocasiones acusando a Calica de irregularidades ambientales sin pruebas”, agrega.
Cabe recordar que en julio del 2023, los representantes del Tribunal del CIADI visitaron la zona que es objeto de este juicio y constataron el impacto ambiental que ha ocasionado la empresa transnacional con su actividad minera.
“La Profepa cambió drásticamente su posición como pretexto para hacer cumplir la orden de cierre del Presidente López Obrador”, acusa en sus alegatos Calica”.
El juicio se ha prolongado porque cuando el jurado está por dar el resolutivo, la empresa ha presentado de último minuto, en dos ocasiones ya, “nuevas evidencias” para continuar el pleito legal, en el cual ya México demostró también que el Ciadi no tiene injerencia, sin olvidar que la misma Calica, cuando se le otorgó la concesión, aceptó que para toda diferencia sólo intervendrían juzgados mexicanos, no extranjeros, lo cual evidentemente no cumplió al promover esta denuncia internacional.
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HS