Se detectan contaminantes en el servicio de agua potable de Aguakan

Aguakan debe entregar la concesión, no se puede hacer negocio con el agua, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional. La presidenta respaldó la postura del pueblo de Quintana Roo, que desde hace meses exige la revoca ción de la concesión de Aguakan, empresa encargada del servicio de agua potable en cuatro municipios de Quintana Roo.

La mandataria calificó de “abuso” el servicio proporcionado por la concesionaria, señalando que, aunque la empresa cobra tarifas elevadas, no cumple con el derecho humano al agua potable. “En Cancún es un abuso lo que ha hecho esta empresa; ni cumplen con el derecho humano al agua y cobran las tarifas que quieren; estamos de acuerdo con el pueblo y con la Gobernadora de Quintana Roo para que Aguakan entregue la concesión”, completó Claudia Sheinbaum.

Explicó que particularizar el agua viene de la peor práctica neo liberal donde todo se privatizaba para hacer negocios y privatizar el agua para generar ganancias no ha funcionado; “que siga el litigio y lo mejor es que la empresa entregue la concesión”, remató.

Litiga en medios nacionales

Este mismo 26 de febrero, la empresa Aguakan arreció su campaña mediática en el diario Reforma y en la revista Proceso, donde denuncia “hostigamiento jurídico” y amenazas para quitarles la concesión y entregársela a la empresa española Acciona. De acuerdo con representantes de la concesionaria, sin dar nombres, revela que el Gobierno del estado de Quintana Roo, a través de Cuitláhuac Bardán, les planteó “venderle la concesión en 4 mil 500 millones de pesos, cuando vale 17 mil millones en la Bolsa de Valores”.

Futuro en el aire

De acuerdo con Proceso, un juez federal decidirá el lunes la situación legal de socios y directivos de Aguakan, empresa que controla el suministro de agua potable en Cancún y la Riviera Maya, quienes, tras ser denunciados penalmente por lavado de dinero, señalan al Gobierno de Quintana Roo de orquestar un hostigamiento jurídico.

Voces ciudadanas y sector empresarial en Cancún apoyaron la declaración de la presidenta Sheinbaum de quitar la concesión a la empresa que empezó a operar en 1993 y, que el Congreso, prorrogó hasta 2053. “Son de lo peor (los de Aguakan) en mi calle destrozaron la banqueta para supuestamente hacer reparaciones. Son un dolor de cabeza”, afirmó la señora Eva Martínez, habitante de la Región 98

En tanto, la señora María Vázquez, habitante de la Región 95, apoyó que retiren finalmente la concesión, aunque cuestionó quien daría el servicio de agua potable y alcantarillado “Porque si entra otra empresa que resulte lo mismo, será cuestión de nunca acabar”. “Aguakan ha cometido muchos pecados… y abusos con tarifas. Ojalá el nuevo concesionario sea profesional, pero ojalá no se les ocurra que CAPA lo haga… sería peor”, consideró el presidente del Grupo Cancún.

Al respecto, otro empresario hotelero, al advertir que el asunto lleva un proceso legal por las demandas y amparos de por medio, por lo que será tardada la decisión, dijo “ojalá y esto derive en que los consumidores lo veamos en la reducción del costo del agua”.

Denuncia de la concesionaria

A través del desapoderamiento de la concesión, con vigencia de 30 años y por la que se brinda el servicio a los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Isla Mujeres y Puerto Morelos, presuntamente se busca transferir el negocio a la em presa española Acciona, que actual mente gestiona el agua en Boca del Río, Veracruz.

De acuerdo con representantes de la compañía, en diciembre pasa do, el abogado Cuitláhuac Bardán, quien dijo ser representante de Lezama, se reunió con ellos y les planteó que, para evitar el tema “federal”, vendieran en 4 mil 500 millones de pesos al Gobierno del Estado la concesión y toda la infraestructura e inversión desarrollada a lo largo de 30 años.

Por el tema “federal” se refería a una denuncia que el Gobierno esta tal, por conducto del consejero jurídico, Carlos Felipe Fuentes del Río, había interpuesto en la Fiscalía Ge neral de la República, instancia que para esas fechas ya había obtenido dos órdenes de aprehensión contra Paul Andrew Rangel Merkley y Die go José Ramos de Castilla, apodera dos legales de la empresa. Aguakan es una empresa pública que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) valuada, de acuerdo con Kroll, en 17 mil millones de pesos.

El 50.1 por ciento de las acciones están en manos de Grupo Mexicano de Desarrollo, que también cotiza en la Bolsa, y el 49.9 por ciento restante es administrado por un fondo en el que están invertidos recursos de cuatro afores: Banamex, Sura, Principal y Pensionissste.

El pasado 18 de febrero, Aguakan informó en la BMV como hecho re levante la existencia de la denuncia penal en contra de sus directivos.

“DHC confía que el Estado de derecho prevalecerá y que los jueces conocerán y resolverán que no hay delito alguno que perseguir. DHC considera que la Gobernadora del estado de Quintana Roo, licenciada María Elena Lezama Espinosa, ha sido mal informada en relación con los hechos objeto de la denuncia penal y manifiesta y reitera su total apertura para dialogar con la mandataria estatal y su Gobierno para encontrar soluciones, en el marco del derecho y en beneficio de la población y de los inversionistas de DHC”, señala el reporte.

No bajan la guardia

El Gobierno de Quintana Roo reafirmó su postura sobre la concesión de Aguakan, señalando que esta fue prorrogada de manera ilegal en 2014 hasta el año 2053 y ampliada a Solidaridad sin facultades para ello.

Como resultado, dijo la secretaria general de Gobierno, Cristina Torres Gómez, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República, lo que llevó a que un juez federal emitiera órdenes de aprehensión contra directivos de la empresa por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y promoción de conductas ilícitas de servidores públicos.

El Gobierno estatal negó haber realizado acuerdos con Aguakan y rechazó cualquier compra de la em presa, enfatizando que la concesión debe concluir. Reiteró que el agua es un derecho humano y que su administración defenderá el interés público sobre el privado.

En un posicionamiento leído ante medios de comunicación, sin aceptar preguntas y luego de un retraso de una hora, la funcionaria aseguró que hay hartazgo social acumulado por muchos años, sustentado en la falta de abastecimiento de agua durante largos periodos de tiempo, el tandeo, la falta de atención a fugas, cobros indebidos, mala administración en el drenaje sanitario, así como el cobro de pipas de agua cuando no se suministra el líquido de manera adecuada, entre otras irregularidades, fueron causas del rechazo e irritación social.

En el documento se señala que se detectó en el agua potable la presencia de contaminantes en parámetros fuera de los límites permisibles por las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, lo que representa un riesgo inminente a la salud de la población, siendo tóxicos para los seres humanos.

Y también, por lo que hace a las aguas residuales se detectaron elementos que superan los límites permisibles por las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, al contener E-coli y coliformes fecales muy por arriba de los niveles permitidos, los que, en esas condiciones, una vez devueltas al ecosistema y al ser inyectados al manto freático, generan un daño irreversible al medio ambiente.

Recordó que, incluso, hubo una consulta popular en la que la mayoría de los ciudadanos se expresaron por terminar con la concesión.

Aseguró que el Gobierno del Estado ha realizado diversas auditorías técnicas, financieras, contables y fiscales, así como revisiones a la operación de la concesión, análisis de muestras de agua y visitas a las plantas de tratamiento de aguas residuales, lo que permitió detectar diversas irregularidades. Como consecuencia, se han presentado las denuncias correspondientes.

Agradecen apoyo, en Isla Mujeres

La alcaldesa Atenea Gómez Ricalde de Isla Mujeres agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al respaldar al pueblo quintanarroense por defender el derecho al agua y que con su liderazgo y trabajo en unidad se recuperará el servicio básico en manos de Aguakan para el pueblo.

“Mi reconocimiento a nuestra Gobernadora Mara Lezama y a la Primera Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por respaldar al pueblo quintanarroense y defender su derecho al agua. Gracias por priorizar la justicia social y el bienestar de las familias quintanarroenses, segura estoy de que, con su liderazgo y trabajo en unidad, vamos a recuperar este servicio básico para el pueblo”, comunicó la funcionaria en su breve mensaje.

En tanto, su equipo jurídico sigue el proceso legal que autorizó el Cabildo hace dos años cuando Aguakan incumplió invertir 30 millones de pesos, como parte de numerosos inconvenientes de contrato del consorcio, comunicó la Comuna en respuesta a la insistencia de la presidenta Claudia Sheinbaum a que se debe quitar la concesión al consorcio.

El síndico municipal José Aguilar dijo desconocer a detalle ese recurso que interpuso su antecesor, José López el 22 de febrero de 2023 cuando los regidores aprobaron iniciar el proceso legal por incumplir el contrato de concesión para el abasto de agua potable y servicio de drenaje en el municipio por Aguakan.

Ofreció Aguilar documentarse para hablar del tema en los siguientes días, en circunstancia después que la Mañanera, Sheinbaum pide a esa empresa entregar la concesión al incumplir el contrato; “no se puede hacer negocio con el agua”, afirmó la Presidenta al calificar de abuso el servicio deficiente de la empresa a lo largo de 32 años.

En último momento del 2023 el Poder Legislativo de Quintana Roo echó atrás la renovación de otros 30 años de servicio; sin embargo, bajo argucias la empresa continúa en el servicio, en circunstancias parecidas en años anteriores cuando la isla tiene problemas de abasto de agua y la planta de tratamiento de agua residual opera a su máxima capacidad de 30 litros por segundos.

Debió duplicarse la capacidad del inmueble hace 10 años, empero, destinó recurso por 17 millones de pesos en 2022 para ese propósito, pero lo canceló abruptamente luego de conocer el resultado de la consulta ciudadana, que fue adverso al deseo de esa compañía de continuar hasta el 2053.

Sin embargo, se pudo ver obras en la planta residual, trabajadores dijeron que se trata de la citada ampliación del inmueble. Debe terminar los trabajos antes que finalice el año. En la zona continental apenas 300 familias tienen servicio de agua y la red sanitaria anda sin infraestructura aún.

Niegan tratos con empresa española

La alcaldesa de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta, celebró el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a las acciones legales que se están llevando a cabo para retirarle la concesión del servicio de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales a la empresa Aguakan.

En entrevista, luego de concluir la XI Primera Sesión Ordinaria de Cabildo, negó que el Gobierno del estado y el Ayuntamiento a su cargo tengan la intención de transferir la concesión a la empresa española Acciona, como acusan directivos de Aguakan. “Ni conozco a dicha empresa española ni hay nada de lo que señalan los directivos de Aguakan”, insistió la presidenta municipal.

A pregunta expresa, Peralta contestó que, por secrecía del proceso judicial, no podía manifestarse respecto a cómo avanza la revocación del contrato de concesión, ya que la empresa solicitó amparos que están en vías de resolverse. “Es una concesión (la de Aguakan) que nos ha fallado al pueblo benitojuarense; necesitamos un servicio digno, como se merece la gente”, apuntó.

Peralta dijo coincidir con la presidenta Sheinbaum y la gobernadora Mara Lezama en su rechazo a la privatización del agua. “Estamos de acuerdo con nuestra presidenta Sheinbaum en que la privatización nunca puede ser una opción para el acceso al agua, porque el agua es un derecho humano, no un negocio”, señaló.

Los directivos de Aguakan acusaron al Gobierno estatal de pretender otorgarle la concesión del servicio a la española Acciona, S.A., empresa que se anuncia como promotora y gestora de infraestructuras y energías renovables, con presencia en 65 países de los cinco continentes.

En 2014, cuando el entonces Gobernador Roberto Borge autorizó la ampliación de la concesión del servicio de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales a Aguakan hasta el año 2053, Ana Patricia Peralta era regidora del Partido Verde en el Ayuntamiento.

También en 2014, la Legislatura local aprobó dicha ampliación por 39 años a cambio de mil 55 millones de pesos a favor del Gobierno estatal, dinero que, según auditorías, “desapareció” de las arcas estatales. En su portal, Acciona indica que atiende las necesidades de suministro de agua de más de 100 millones de personas en más de 30 países.

Se suman al clamor

En Playa del Carmen se suman al clamor popular en cuanto a que el agua es un derecho humano, no un privilegio, afirmó Estefanía Mercado, presidenta municipal. Aseguró que se suman y respaldan la lucha de la gobernadora de Quintana Roo quien “ha alzado la voz con firmeza para defender lo que nos pertenece”.

Explicó que, al ser ratificado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el acceso al agua debe ser libre, justo y sin abusos. “Se acabaron los tiempos en que los recursos del pueblo servían para enriquecer a unos pocos. El agua es del pueblo y su acceso debe estar garantizado para todas y todos”, sentenció.

 En Puerto Morelos, después del fuerte pronunciamiento de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para que la empresa Aguakán deje la concesión por incumplimiento en el servicio, la presidenta, Blanca Merari, agradeció su respaldo y las acciones que lleva a cabo el Gobierno del Estado para defender los derechos de los quintanarroenses.

“Gracias Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por su respaldo a los quintanarroenses en la lucha por el derecho humano al agua. Con su invaluable apoyo lograremos que la justicia social llegue a Puerto Morelos y a todo Quintana Roo”, expresó.

Quejas

En Puerto Morelos, son múltiples las quejas contra esta empresa, principalmente por cobros excesivos e injustificados, argumentando supuestas fugas de agua, así como cortes al suministro y desbordamiento de aguas residuales.

“Respaldamos y agradecemos profundamente a nuestra gobernadora Mara Lezama, quien siempre ha sido firme defendiendo a los quintanarroenses y denunciando el abuso e incumplimiento de Aguakan”, mencionó la alcaldesa.

Y es que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, declaró en la conferencia mañanera que no estaba de acuerdo con la privatización del agua y reconoció los abusos que está cometiendo esta empresa, con cobros excesivos sin cumplir con proporcionar el derecho al agua, por lo cual deben continuar los litigios, pero que lo mejor es que la empresa entregue la concesión.

“¡En Quintana Roo merecemos el acceso al agua potable! Es un derecho humano universal e irrenunciable que todas y todos tenemos de acuerdo a la Constitución. ¡Desde Puerto Morelos nos unimos a esta exigencia! ¡Sí al agua potable como un derecho! ¡Gracias por su respaldo presidenta Claudia Sheinbaum Pardo!”, enfatizó Blanca Merari.

Pide indemnización justa  

Aguakan está dispuesta a aceptar una conclusión anticipada de su concesión, siempre y cuando el proceso se realice dentro del marco legal y con una indemnización justa. La empresa sostiene que ha operado con apego a la ley y transparencia, por lo que cualquier decisión sobre la concesión debe considerar las inversiones realizadas y el