Las autoridades municipales, estatales y de la Fiscalía se siguen 'tirando la bolita' sobre los hechos de la fiesta de Halloween celebrada en el club de playa Vagalume, en la zona costera el pasado 1 de noviembre, donde dos individuos murieron y tres personas más resultaron heridas (dos mujeres y un hombre).
En virtud de lo anterior, se entrevistó a Enrique Rodríguez Luna, secretario general del Ayuntamiento de Tulum, quien recordó el pronunciamiento del gobierno municipal entorno a este tema y sostuvo que el negocio ubicado en el kilómetro 7.5 cumplía con las normas, mientras que el hecho sangriento fue un evento aislado.
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Al preguntarle sobre la conferencia de prensa que Alberto Capella dio el 2 de noviembre específicamente sobre este caso, en la que aseguró que parte de estos problemas se deben a que las autoridades municipales son muy permisivas y no le consultan a Seguridad Pública sobre los permisos que otorgan para ese tipo de eventos, respondió que el Ayuntamiento cuenta con un convenio firmado con el Mando Único de Seguridad Pública del Estado por el cual ellos son los que se encargan de llevar a cabo la protección y la labor preventiva de seguridad en todo el municipio.
De igual manera comentó que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) también colabora en la inspección de los establecimientos de este municipio, más cuándo se trata de venta de alcohol.
Expresó que no fue un evento masivo, como dicen algunos medios, no es un lugar grande ni abierto, pero evidentemente van a tomar mayores medidas y recordó que se publicó un nuevo reglamento de eventos y espectáculos.
“Siempre hemos sido estrictos y más en estas fechas, que estamos a dos pasos de regresar al semáforo color naranja, lo cual implicaría el cierre de algunos establecimientos no esenciales, vamos a mantener la misma postura de vigilancia y rigidez”, remarcó.
Por su lado, la Fiscalía General del Estado ya emitió su boletín debido a la participación de dos elementos de la Policía de Investigación, uno de los cuales resultó lesionado, quienes estaban dando un servicio de escolta a un empresario.
Asimismo, el fiscal general del Estado, Óscar Montes de Oca Rosales, señaló que se trató de una reunión clandestina e irregular a la que acudieron aproximadamente mil personas, entre ellas un supuesto empresario, que era escoltado por dos elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, quienes de manera ilegal portaban las armas de fuego, propiedad de la institución y fueron utilizadas durante el desarrollo del conflicto.
CI