Pobladores de la comunidad Xul-ha denunciaron el acoso constante de autoridades de Seguridad durante los últimos dos meses. Aseguran que “levantones”, desapariciones forzadas y cateos sin órdenes judiciales han sido una constante, y no distinguen entre adultos, jóvenes o niños.
Afirman que incluso ya presentaron dos denuncias ante la Fiscalía local y una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para tratar de “frenar” los constantes acosos de los agentes de esa Corporación.
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Dos mujeres relataron en exclusiva a Por Esto!, que desde diciembre del 2022, un grupo de elementos de Seguridad acosa a los habitantes de esa localidad. Varios jóvenes fueron “levantados” y torturados para “sacarles información”, aunque se trataba de campesinos y artesanos.
Guadalupe “N” señaló que a finales del año pasado, la presencia de uniformados en dicha localidad comenzó a incrementarse, lo que en un principio les dio confianza, pues pensaron que se trataba de una estrategia para acabar con los ilícitos y brindar protección a la población.
Sin embargo, después de varios días comenzó a ocurrir, una serie de hechos que hicieron a los pobladores cuestionar la integridad de los operativos de la corporación.
“Un día me avisaron que mi sobrino, quien trabaja conmigo en un local de artesanías, había sido detenido por elementos de la Seguridad, pero al comenzar a indagar descubrí que se lo habían llevado supuestamente a Chetumal, por lo que comenzamos a dar vueltas para averiguar dónde estaba, pero nunca lo encontramos”, contó.
La mujer explicó que el joven apareció horas después, pero había sido torturado, pues le golpearon los glúteos con una tabla, además que fue sometido a una “paliza” que le dejó cicatrices, por lo que comenzaron a cuestionar al joven acerca de lo ocurrido, pero este solo atinó a decir que había sido golpeado y durante la tortura le hacían preguntas acerca de personas que no conoce, y le exigían que informara de puntos de venta de droga. “Mi sobrino se dedica junto con nosotros a un negocio de artesanías, en el que la familia trabaja desde hace más de 11 años y que es nuestra única forma de subsistir, y aunque en muchas ocasiones pedimos una explicación, nunca nos la dieron” señaló la mujer.
Karla, nombre ficticio de otra mujer, recordó que el pasado 26 de diciembre se encontraba en casa y recibió la visita de su primo, con quien platicó durante varios minutos, hasta que llegaron elementos de la Seguridad, que ingresaron a la propiedad, sin una orden de cateo y le exigieron a ella y su madre que les entregaran al hombre. “Nos dijeron que si no lo entregábamos, nosotras íbamos a ser detenidas e inmediatamente después se lo llevaron arrestado. Primero dijeron que a las instalaciones de la Policía Quintana Roo en la avenida Insurgentes, por lo que fuimos allá y nos dijeron que había sido trasladado a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Salud, pero al acudir, también nos lo negaron” explicó.
Finalmente, el joven fue dejado en libertad, pues aunque fue acusado de posesión de droga, no pudieron sostener la acusación y un juez terminó por dejarlo marchar.
Respecto a este caso se interpuso la denuncia FGE/QROO/OPB/12/6899/2022, pero a dos meses del hecho, ninguna autoridad le ha dado seguimiento a este caso.
Por su parte, José “N” contó que el pasado viernes 17, aproximadamente a las 4:00 horas, cuando se encontraba descansando, un grupo de al menos 100 elementos ingresaron a su casa, y con sus armas rompieron puertas y ventanas, a través de las cuales lo amenazaron para que saliera.
“Mi esposa les preguntó que si tenían alguna orden de cateo, y los agentes le respondieron “no la ocupamos”, por lo que temí por mi vida y la de mi familia.
Denunció que los agentes manosearon a su hija, de 23 años de edad y apuntaron sus armas contra su hijo de 11 años de edad; además les robaron 124 mil pesos, que ganó por la venta de ganado en varias comunidades del Sur del Estado.
“Después de destrozar mi casa, robarse mi dinero y ultrajar a mi hija se fueron y en ningún momento me presentaron una orden de cateo o me acusaron por algún delito, pero mi familia tiene miedo desde hace dos días” señaló.
La familia interpuso una denuncia que quedó asentada en el expediente FGE/QROO/02/1024/2023 por el delito de abuso de autoridad, y también se interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos; sin embargo, esta instancia se declaró incompetente y la remitió a la Comisión Nacional.
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NR