Reducirle el presupuesto al Poder Judicial de Yucatán sería una abierta violación a la Constitución local y, en caso de que llegara a suceder, se podría recurrir a una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseveró ayer la ex secretaria ejecutiva de la Comisión para la Implementación de la Reforma Penal en Materia de Seguridad y Justicia, Ana Gabriela Aguilar Ruiz.
La también ex directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Modelo sostuvo que un presupuesto adecuado es necesario para que el Poder Judicial pueda mantener su operatividad y continuar con la actualización permanente de su personal y, asimismo, dotarle de la infraestructura que requiere.
Resaltó asimismo que el Poder Judicial necesita de manera urgente ampliar el número de jueces para poder atender la cantidad de expedientes que actualmente genera una sobrecarga en los juzgados y para ello se requiere de recursos.
Aguilar Ruiz, quien de igual forma ha sido Defensora Legal del Estado, puntualizó que los justiciables exigen que el personal del Poder Judicial esté siempre preparado para poder atender y resolver los asuntos que los ciudadanos plantean ante ellos como última instancia.
—Hay que darles el presupuesto que corresponde para que pueda juzgar con la autonomía, imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad y seguridad jurídica que mandata la Constitución, apuntó.
De todas maneras –reiteró–, en caso de que no se les dé el recurso que le corresponde, el Poder Judicial puede acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para una controversia constitucional de acuerdo al 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, inciso h, que señala que “conocerá la SCJN de las controversias constitucionales entre dos poderes de un mismo Estado sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales”.
La regidora en el Ayuntamiento de Mérida aseveró que, de igual forma, el artículo 64, párrafo 15 de la Constitución Política de Yucatán, precisa que el presupuesto asignado al Poder Judicial del Estado no podrá ser inferior al dos por ciento del total del gasto programable, el cual no será disminuido respecto al del año anterior y se fijará anualmente en la forma y términos que establezca ley.
Finalmente dijo que tiene confianza en que los diputados del Poder Legislativo, como contrapeso, como balanza entre los otros poderes, harán las correcciones necesarias para evitar un daño al Poder Judicial que pueda poner en riesgo los servicios que presta a la comunidad.
(Rafael Mis Cobá)