Una reducción al presupuesto del Poder Judicial detendría la necesidad de su crecimiento y, con ello, poner en riesgo la atención de la creciente demanda natural de la población en materia de justicia, e incluso impediría consolidar lo mucho que se ha logrado en la aplicación del nuevo sistema de impartición de justicia, advirtió ayer el magistrado presidente de la Sala Unitaria en Justicia para Adolescentes, Santiago Altamirano Escalante.
—Hay que recordar que, de los Tres Poderes del Estado, el Judicial no es un ente ocupado en la ejecución de recursos, porque no hacemos obra púbica, sino que el Poder Judicial está enfocado a la administración de justicia, acotó.
Expuso que, precisamente por ello, se encuentra en la Constitución del Estado la garantía para su autonomía financiera a través del Artículo 64, en el que se establece un porcentaje mínimo del 2% respecto del presupuesto programable del Estado.
Amplias necesidades
Remarcó que el presupuesto del Poder Judicial tiene que considerar sobre todo el proceso que ha estado evolucionando por la nueva forma de administrar la justicia, que ha permitido avanzar en materia penal, así como en los temas mercantil, familiar y de adolescentes.
Altamirano Escalante sostuvo que las necesidades son amplias y en diversos renglones, como por ejemplo, actualizar la infraestructura para el uso eficiente de las videograbaciones y darle celeridad y claridad a los procesos, la capacitación del personal, la necesidad de nuevos jueces para descargar la cantidad de expedientes que a diario se suman, entre otras que representan una exigencia judicial.
El magistrado hizo notar que el Poder Judicial está ajustado a los tiempos de austeridad y no sólo por los tiempos actuales, sino que es una práctica que implementó desde años atrás para hacer a un lado gastos innecesarios y destinar los recursos exclusivamente a lo prioritario.
Agregó que en acuerdos tomados por el pleno se siguen políticas para ahorrar energía eléctrica, equipos, material de oficina y en otros renglones en general para lograr precisamente ahorros de recursos.
No hay alta burocracia
Recordó que el Poder Judicial tiene alrededor de mil 400 empleados, que son los que realizan sus esfuerzos para atender a una población de dos millones de habitantes, cuyos salarios requieren mejorías que no se han podido realizar precisamente porque no se han autorizado presupuestos amplios.
—El Poder Judicial no tiene alta burocracia ni tampoco gastos innecesarios y, por lo tanto, un eventual recorte de su presupuesto pondría en riesgo su operatividad y la necesidad de su crecimiento, agregó.
(En nuestra edición de ayer dimos a conocer que el Ejecutivo del Estado planteó ante el Congreso del Estado un recorte presupuestal al Poder Judicial por 540 millones de pesos, cantidad menor a la que se ejerce este año, lo que fue considerado como ilegal por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Marcos Celis Quintal y por la consejera de la Judicatura, Melba Méndez Fernández).
(Rafael Mis Cobá)