'Heredarían” polémico asunto a próxima Legislatura

Castigarán hasta con cinco años de cárcel a quien organice, induzca, provoque o promueva peleas de perros, de acuerdo con el dictamen de modificaciones al Código Penal que fue aprobado ayer por los diputados del Congreso del Estado.

En el primer periodo extraordinario y a 10 días de que concluya sus funciones, los legisladores aprobaron un paquete de pendientes. Sin embargo, todo parece indicar que el matrimonio igualitario se “heredará” al próximo Congreso, pues los actuales diputados y diputadas le sacaron al tema.

Ayer se aprobó por unanimidad adiciones al Artículo 410 del Código Penal para sancionar a quien organice peleas de perros. Sobre el particular, el diputado Jesús Quintal Ic (PRI) dijo que el dictamen tiene la firme convicción de no dejar lugar a dudas y evitar vacíos legales que sirvan de pretexto para realizar actividades a costa de la integridad de los animales, como son los perros.

Redes delincuenciales

Añadió que ese espectáculo puede relacionarse con redes delincuenciales, ya que puede prestarse a apuestas con posible flujo incontable de dinero ilícito.

“La importancia de disuadir y terminar con tal conducta, por demás denigrante, repercutirá en generaciones garantes y preocupadas por el cuidado del medio ambiente, de los animales, pero también en la consolidación de una sociedad que respete a sus iguales”, expresó.

Fueron en total 11 asuntos que se aprobaron en una larga sesión, entre los que destacan modificaciones a la Ley del Notariado, la Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial y el Código Penal del Estado, con el objetivo de proteger el patrimonio de los yucatecos y acabar con los fraudes inmobiliarios, con nuevas condiciones para los notarios y sus suplentes.

La diputada Celia Rivas Rodríguez (PRI) dijo que la reforma tiene por objeto atender una problemática social relacionada con el intento de despojo de propiedad y fraude en la compraventa de bienes inmuebles.

Claro y preciso

“El nuevo producto legislativo que nos ocupa está estrechamente relacionado con la actividad notarial, ya que propone inhibir la comisión de ilícitos por medio de los fedatarios públicos y sancionar a toda persona que intervenga en ellos”.

“El objetivo es claro y preciso: eliminar esta conducta antisocial que está afectando gravemente el patrimonio que con tanto esfuerzo han construido los yucatecos”, manifestó.

Dijo que es por ello que se crea una nueva hipótesis delictiva consistente en alterar o modificar el estado civil en un acta de matrimonio con el fin de aparentar tener un régimen conyugal diferente, considerándose también como agravante a esta conducta utilizar dicho documento falsificado ante una autoridad o fedatario público.

También se plantea una nueva modalidad de fraude consistente en comparecer ante un fedatario público para celebrar cualquier tipo de acto o hecho jurídico, con documentos apócrifos o alterados, pretendiendo acreditar u ostentar una personalidad distinta. Ello, independientemente de si se obtiene o no parte o todo del precio del bien que fuese vendido o sea motivo de la operación. Igualmente se considera como agravante a esta conducta el utilizar a testigos para acreditar una identidad falsa. Esta conducta contiene una pena prevista de cuatro a ocho años de prisión.

Asimismo, se incrementa la pena privativa de libertad prevista en la Ley del Notariado para quienes rindan declaraciones falsas ante un fedatario, o siendo fedatario haga constar hechos falsos. Esta sanción pasa de 3 meses a 3 años a 6 meses a 6 años de prisión.

Se cumple a ciudadanos

Beatriz Zavala Peniche (PAN) indicó que con los dictámenes aprobados se cumple a los ciudadanos, porque brinda respuesta a sus demandas para que tengan seguridad jurídica en sus bienes patrimoniales, pero en especial para que no existan fraudes.

“Son importantes también para el trabajo de los notarios, para su análisis escuchamos a la sociedad, escuchamos al Consejo de Notarios, al Colegio de Abogados, a todos los representantes que ejercen esta labor y a los ciudadanos que han sido afectados, que todavía siguen luchando para resarcir y recuperar sus bienes patrimoniales”, agregó.

Los diputados aprobaron, además, el Reglamento interno de la Unidad de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado; también designaron a Jonathan Antonio García Ramírez como titular de dicha Unidad de la ASEY, por un lapso de cuatro años.

Consejeros del Inaip

De la misma forma eligieron a María Yvonne Doris Candila Echeverría y a Germán Rivas Coral como consejeros consultivos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip), por un periodo de dos años.

Además, la LXI Legislatura aprobó por unanimidad incorporar a Jazmín Villanueva Moo como vocal de la Comisión Instaladora de Entrega-Recepción, toda vez que ese espacio estaba ocupado por su suplente, José Montalvo Lara.

(David Rico)