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El gerente divisional de la Comisión Federal de Electricidad, Humberto Saldaña Rodríguez, se negó a recibir a los alcaldes de Tizimín, Ticul, Abalá, Kanasín y Yaxkukul, así como a los miembros de la empresa Sistemas y Servicios de Alumbrado Público, S.A. de C.V., a fin de aclarar las presuntas irregularidades que se han detectado en el cobro por el alumbrado público y la facturación.
En vez de eso, el jefe de la Oficina Divisional, Fernando Díaz Mejía, salió a hablar con los ediles y sus asesores en el vestíbulo de las oficinas divisionales para decirles que ya se había citado a los alcaldes para que acudan el día de hoy a las oficinas de sus zonas para aclarar sus dudas.
Sin embargo, Roger Roche Ampudia, asesor de la empresa SISER, le contestó a dicho funcionario que las citas se otorgaron fuera de los 10 días establecidos en los reglamentos de la CFE.
Díaz Mejía insistió en que siempre ha habido disposición para atenderlos y aseguró que la Comisión está en la disposición de aclarar las dudas de las presidencias municipales.
Luego de un intercambio de palabras y de dimes y diretes, Roche Ampudia entregó a los funcionarios de la comisión los estudios de SISER, e insistió en que se permitiera a los ediles entrar a hablar con Saldaña Rodríguez, pero el sujeto de la CFE se mantuvo en su postura de que las aclaraciones eran en cada zona, no allá.
Sólo permitió que pasara el alcalde de Yaxkukul, Javier Ek García, con dos asesores.
El representante de la empresa SISER, Esteban Costa Frías, dijo que “la CFE quiere retrasar las aclaraciones hasta el cambio de administración”, pero la transición no significará que “el problema no persista”, ya que los estudios se pueden retomar y, de acuerdo al Código de Comercio, pueden solicitar el reembolso de los cobros de la Comisión de los últimos 10 años.
A la Profeco
Si la CFE no da respuesta a las solicitudes los alcaldes acudirán a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que determine si los estudios son correctos y, posteriormente, se establecería una denuncia.
No obstante, dijo que esperan no acudir a otras instancias, pues “en los 480 casos que hemos atendido en diversos Estados del país hemos logrado conciliar sin llegar a un proceso legal”.
Costa Frías dijo que es la primera vez que en Yucatán se da un reclamo como éste. El más reciente en el país fue en Tuxtla Gutiérrez, en el 2014.
Además aclaró que la empresa SISER cobró alrededor de 100 mil pesos a cada presidente municipal por la realización de los estudios del servicio de alumbrado público.
Los presidentes municipales buscan que la paraestatal devuelva alrededor de 62 millones de pesos por diferencias de facturación, pero alegan que la Comisión les ha dado largas en vez de conciliar.
POR ESTO! publicó la semana pasada que los presidentes municipales de Kanasín, Ticul, Tizimín, Yaxkukul, Telchac Pueblo, Abalá, Mocochá y Acanceh contrataron desde el pasado mes de febrero a la compañía SISER para que llevara a cabo un estudio de las luminarias en esas demarcaciones.
El estudio que hizo SISER arrojó que hay lámparas apagadas o rotas, además de que hay medidores dobles, pero en la facturación de la CFE se cuentan luminarias que no existen y que algunos censos de la Comisión no están actualizados.
¿Y la lana del DAP?
Además, la CFE tampoco ha devuelto a las presidencias municipales el porcentaje que les corresponde del cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), pues todos los ciudadanos lo pagan, lo recauda la CFE y deberían entregárselo al municipio, para eso hay un convenio, “pero ha habido casos que en un mes no les devuelven ni un solo peso”, dijo.
Recordó que, desde junio pasado, los alcaldes solicitaron audiencia al gerente divisional de la CFE, pero no los recibieron, sino hasta finales de julio y por un subordinado, pero no han querido dar a conocer los estudios que ellos tienen para resolver el problema.
Ayer acudieron Jorge Vales Traconis, Javier Antonio Ek García, Camilo Salomón López, Azael Ayala Sosa y Carlos Moreno Magaña, alcaldes de Tizimín, Yaxkukul, Ticul, Abalá y de Kanasín, respectivamente, junto con Costa Frías y asesores de SISER, así como el notario público No. 76, Raúl Pino Navarrete, quien dio fe de los hechos.
(Rafael Gómez Chi)