HOMUN.– “Nos están informando que mientras estamos aquí manifestándonos de manera pacífica, haciendo una clausura simbólica de esta granja de la empresa PAPO, que ya recibió casi 10 mil cerdos para engorda desde esta semana, aunque hay 4 procesos legales abiertos, se están clausurando cenotes por parte de la Profepa, así que vamos a ver de qué se trata, porque lo que no debería estar operando es esta granja porcícola que en autoconsulta la comunidad ya rechazó, esto es represión, No a la represión”, dijeron los asesores legales de la Asociación Ka´anan Ts´onot (Guardianes de los cenotes, que agrupa a empresarios y ejidatarios cenoteros, mototaxistas y trabajadores de la actividad turística), durante la protesta a las puertas de la granja porcina.
Decenas de mototaxis se movilizaron hacia el circuito de cenotes para encontrarse con los inspectores de la Profepa Yucatán, encabezados por Shirley Llanes Chan, quienes fueron conminados por el pueblo molesto e indignado a que retiraran 3 de los 5 sellos de clausura que habían colocado.
Al grito de consignas como “Todos vivimos del turismo”, “Vendidos”, “Por qué clausuran”, “Vendidos”, “Míralo bien señorita, porque este piso por el que caminas, nosotros lo limpiamos y embutimos, no recibimos nada del Gobierno, nada, por qué vienes a clausurar y quitarnos nuestro trabajo”.
Durante 2 horas los 5 inspectores de la Profepa tuvieron que regresar a pie a retirar los sellos de clausura y entregaron las notificaciones para, finalmente, escribir la denuncia dictada por los asesores legales para que se inspeccione la operación irregular de la granja PAPO.
“Inspecciones extraordinarias”
De acuerdo con los hojas de inspección de la Profepa, firmadas por el delegado estatal, José Lafontaine Hamui, se trataba de más de 5 “inspecciones extraordinarias” a los cenotes, pero sólo alcanzaron a clausurar 5, que coincidentemente eran los de los líderes de la Asociación, que son Cenote Bal-Mil, Canunchén, Santa Rosa, San Pedro y Santa Cruz.
“Por qué no van al cenote de Dafne López, el director de Cultur del Gobierno del Estado, es el cenote Kampepen, o el de Santa Bárbara, que es hermano del ex alcalde, porque nos quieren joder, nos quieren provocar”, se escuchan los cuestionamientos a los inspectores, pero no hubo respuesta a ninguno de ellos.
“La encargada es ella (Shirley Llanes), ella es la que sabe”, respondían los inspectores a los cuestionamientos de la prensa.
“No habrá declaraciones. Mi nombre es Shirley Llanes, soy de la Profepa en Yucatán”.
La protesta
Ayer, desde las 11:30 de la mañana, decenas de mototaxis y autos se dieron cita en las 5 calles de esta cabecera municipal para enfilarse a la granja porcícola de la empresa PAPO, propiedad de los empresarios García, para protestar porque desde esta semana comenzó a recibir lechones para engorda, a pesar que la población ha manifestado su rechazo a la operación de la misma.
Hacia el mediodía los asesores legales de la Asociación y sus miembros comenzaron la clausura simbólica de la granja, ubicada a 8 kilómetros de la cabecera municipal, la cual tiene en el camino a la entrada, grandes letreros de “prohibido el paso, propiedad privada”.
El olor a excremento de cerdo fue evidente y comentado por varios asistentes y miembros de la Asociación, así como los asesores legales, quienes enfatizaron que con información de trabajadores de la planta, de fotos y videos de camiones cargados de lechones que ingresan a la granja, es que se tiene la evidencia del arranque de operaciones de la mega granja, que albergaría 49 mil cerdos al año y que ha sido rechazada por el pueblo indígena maya.
Por lo menos, dijeron hay casi 10 mil cerdos al interior.
Además de la clausura simbólica se leían pancartas en alusión a la falta de acuerdos con los empresarios como: “Sra. Alicia García Gamboa deje de ser una farsante, dándose golpes de pecho en la iglesia y aquí en Homún usted está acabando con el trabajo de cientos de familias”.
Faltaron a su palabra
Las asesoras legales de la Asociación recordaron públicamente que, en mayo de este 2018, se hicieron mesas de diálogo con representantes de Kekén y de la empresa PAPO; donde Kekén se comprometió a no dar un solo cerdo para engorda hasta que los procesos legales estuvieran cerrados y concluidos, y de acuerdo con Lourdes Medina Carrillo y Jorge Fernández Mendiburu, asesores legales, aún están abiertos y en curso.
Sin embargo, los lechones empezaron a entrar a la granja desde esta semana.
Aún se encuentran abiertos los procesos de la consulta, el del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), el del Tribunal Administrativo y el de la autoconsulta.
Explicaron que la negociación con los de Kekén y PAPO concluyó con la frase de los García “Si nosotros queremos cerramos todos los cenotes”.
“Fue una amenaza clara y la están cumpliendo, esto es una provocación”, dijeron los asesores legales.
A la protesta arribaron 6 patrullas estatales, que sólo observaban el movimiento.
“Iremos a la ONU”
Ante la puesta en marcha de la granja porcícola de la empresa PAPO, a pesar de los instrumentos legales en curso, el siguiente paso de la Asociación será acudir a la ONU.
“Queremos denunciar la complicidad del gobierno, porque todo esto no sucede sin la corrupción del gobierno y del Poder Judicial, porque han privilegiado e impulsado la operación de esta granja; esto es un ejemplo de cómo funciona la justicia, hay 4 procesos legales abiertos, en curso”, dijo Mendiburu.
Explicaron que las instancias internacionales se pueden seguir por los términos judiciales, que es cuando se agotan los recursos en México, lo cual no ha ocurrido.
Y a través de la ONU, con los relatores especiales, con quienes se tendrá comunicación en materia del derecho al agua, al medio ambiente y al indígena.
La caminata
El circuito de cenotes de Homún, que se encuentra a la salida de la cabecera y que han sido habilitados con recursos de la población, es donde se encontraban casi a la 1 de la tarde los 5 inspectores de la Profepa, a bordo de 2 camionetas.
El pueblo, a bordo de mototaxis, impidió el paso de los funcionarios y, al calor de los reclamos y con la promesa de que respetarían su integridad, se bajaron de las camionetas para ir a pie a retirar los 2 sellos de clausura de 2 cenotes, el de Bal-Mil y el de Canunchén.
La caminata desde las camionetas hasta los 2 cenotes clausurados, bajo el sol del mediodía y el calor del enojo y la impotencia, el pueblo les cuestionaba a gritos las razones de la clausura, de impedirles trabajar, de quitarles la oportunidad, de no respetarlos.
El sello PFPA/yuc/ia/061/2018 del cenote Bal-Mil fue retirado por uno de los inspectores que, tras la caminata y al llegar con los policías estatales antimotines, pidió el servicio médico por ser diabético y sentirse mal.
Nuevamente se inició la caminata para llegar a Canunchén y la funcionaria Shirley Llanes retiró el sello PFPA/yuc/06/ia/2018.
Y de ahí de regreso a las camionetas, sin embargo, la población impidió que los inspectores se trasladaran en auto a los otros 3 cenotes clausurados que aún quedaban y que se ubican a la entrada y en medio de la cabecera municipal.
“Que caminen, a pie, a pie, nada de camionetas, vamos a pie”, gritaba la gente y así fue como los funcionarios salieron a pie del camino blanco del circuito de cenotes, escoltados por decenas de mototaxis, autos y motos.
Al llegar a la carretera, entre 15 y 20 patrullas antimotines esperaba a los funcionarios, quienes fueron entregados “sanos y sin ningún acto violento”, y abordaron una mototaxi para ir al cenote San Pedro y Santa Rosa para quitar los sellos.
“Qué chinga les metió su delegado”
Fue hasta ese momento que la inspectora Shirley Llanes tomó su celular y se comunicó.
-“Maare, qué chinga les metió su delegado, los mandó al matadero, ¿ya sabían a qué venían?”, se escuchó que le decían a uno de los inspectores.
-“¡Chinga, no! Se la bañó”.
El convoy de antimotines escoltó a las mototaxis a los 3 cenotes para retirar los sellos de clausura y fue en el cenote Santa Rosa donde la abogada Lourdes Medina Carrillo le dictó a la inspectora de la Profepa la denuncia pública para que se inspeccione la granja de PAPO por iniciar operaciones aún con procesos legales en curso y sin contar con la planta de tratamiento de agua que se les obligó a hacer.
La firma de la denuncia fue por el presidente de la Asociación, Doroteo Hau.
(Verónica Martínez)