“Espero que no lleguemos a lo que sucede cuando ya no tienes para combustible, no podremos dar el servicio; obvio, si no tienes para cargar combustible, pagar un operador y cargar combustible ya no puedes operar”.
Eso dijo ayer en rueda de prensa David Esteban Quintal Medina, presidente del consejo de administración de Micro expreso urbano.
El declarante se negó a informar sobre el monto del aumento que pretenden, pero sí dijo que el negocio “está agonizando”.
A la rueda de prensa también asistieron Daniel Aguiar Saidén, presidente de Rápidos de Mérida; Rafael Canto Rosado, director corporativo de Minis-2000; Raymundo Vargas Cruz, presidente de la Unión de Camioneros, y Arturo Rodríguez Berzunza, presidente de Alianza de Camioneros de Yucatán.
Quintal Medina, a quien Arturo Rodríguez le indicaba qué debía decir, aseguró que aún no se han reunido con el gobernador electo Mauricio Vila Dosal para tratar el asunto del aumento de tarifas en las mil 500 unidades con que cuentan.
“Todavía no, no hemos tenido ningún acercamiento formal; sin embargo, hemos hecho reuniones con la cúpula empresarial, con Coparmex, y esto es del conocimiento de ellos y de alguna forma debe de haber una comunicación de cuál es la gravedad de la situación del transporte en la capital del estado; con ese empuje que trae, estamos muy extrañados de que no haya interés de parte del Gobierno del Estado; lo único que queremos es informarles lo que acordamos como sector de lo que está sucediendo y puede suceder”, señaló.
A continuación Sergio Pino Polanco, tesorero de la Unión de Camioneros de Yucatán, leyó el siguiente comunicado:
“Los representantes del transporte organizado de la ciudad de Mérida manifestamos a la ciudadanía en general, que desde el inicio de esta administración gubernamental, se le pidió a las empresas del transporte mejorar la calidad del servicio, la implementación del proyecto Situr, así como apoyar con subsidio al combustible para las unidades del transporte.
Hemos hecho un gran esfuerzo al resistir la falta de un ajuste en la tarifa del servicio del transporte público, aun cuando ya existe un dictamen y estudio que lo avala.
El Gobierno del Estado se comprometió y no ha trabajado en un problema que nos afecta a todos y nos generó una grave situación económica, misma que nos impide mejorar las condiciones de las unidades en que prestamos el servicio, las cuales siguen deteriorándose y generando altísimos costos de mantenimiento.
Agradecemos su comprensión por los inconvenientes que la total desatención del gobierno al problema de nuestra grave situación económica pudiera generar; los transportistas también somos ciudadanos, somos familias y tenemos el derecho a la gestión empresarial.
No somos culpables de las políticas públicas económicas federales, como han sido los incrementos desmedidos a los precios de los combustibles y que el gobierno estatal no cumpla con la responsabilidad de otorgar los medios y las condiciones según lo marca la ley para que esta actividad no se colapse.
Por lo que responsabilizamos de esta situación al Gobierno del Estado por su omisión y, desde luego, de las consecuencias legales, económicas y sociales que esto implique”.
Sin embargo, en el comunicado que leyeron nunca mencionaron que el Gobierno del Estado les entrega un subsidio para “amortiguar” hasta en un 20 % la compra de unidades nuevas. De hecho, durante esta administración los camioneros, con este apoyo, adquirieron 240 unidades nuevas, como informó el titular de la Dirección de Transporte.
De la misma manera, se negaron a precisar el porcentaje del alza que pretenden y la fecha en que pararían el servicio.
Finalmente, en las calles de Mérida transitan numerosos camiones viejos que contaminan al por mayor.
(Texto y foto José Luis Díaz Pérez)