Por Jorge A. Franco Cáceres
La sostenibilidad financiera de los sistemas estatales de apoyos sociales: becas, pensiones, seguros, jubilaciones asistencias, etc., es el problema más delicado que enfrenta el gobierno de Mauricio Vila Dosal en los actuales tiempos de austeridad republicana. A decir verdad, sus salidas no son complejas en sí mismas pero requieren algo que va mucho más allá del diálogo, la negociación y el acuerdo entre las fuerzas políticas y sociales del Estado yucateco. Nos referimos a que urgen gestiones efectivas ante el poder federal.
Las propuestas para atender la sostenibilidad financiera a partir de rescates emergentes del gobierno federal o por una nueva contratación de deudas públicas, no se debaten en el Congreso del Estado porque son improbables en el marco de la austeridad republicana. Sin embargo, ahí tampoco se intenta nada más. No cabe duda que así como no se lograrán las ayudas federales emergentes al margen de los programas nacionales y los proyectos prioritarios, menos probables son las adquisiciones de adeudos con tantos asuntos pendientes con la rendición de cuentas y la transparencia administrativa.
Los ciudadanos yucatecos observan con inquietud la incertidumbre creciente de los recursos financieros de los sistemas estatales. No es un asunto que pueda ignorarse o minimizarse. La intranquilidad es tanto mayor porque el debilitamiento financiero del gobierno yucateco coexiste con una evolución desfavorable del empleo y el aumento del número de solicitudes de apoyos sociales de parte de los grupos más vulnerables. Definitivamente, no es ninguna solución inmediata la búsqueda de inversiones externas y tampoco lo son los aumentos de las cargas fiscales.
Sucede así porque el empleo que sigue creándose en Yucatán es de bajísima calidad en Mérida exclusivamente, dependiente de la temporalidad dominante en los contratos de trabajo y el reducido salario medio de los empleados informales. A ello hay que añadir la situación concerniente a la evolución demográfica regional, que evidencia una discapacidad creciente de la población mayor que en modo alguno favorece la relación entre solicitantes de apoyos sociales y compromisos adquiridos por el gobierno yucateco.
No cabe duda que las decisiones a adoptar sobre la sostenibilidad financiera deben operar sobre distintos ámbitos, desde las destinadas a mejorar las finanzas estatales con recursos adicionales del gobierno federal desde los programas nacionales y los proyectos prioritarios hasta la eliminación definitiva de fraudes institucionales en los apoyos sociales, sin olvidar eventuales descartes de compromisos de las autoridades estatales con las fuerzas partidistas y las elites empresariales. Sin embargo, ¿será esto suficiente para la sostenibilidad financiera de los sistemas estatales de apoyos sociales?
Sin menoscabo de las acciones de combate a la corrupción y la impunidad, es necesario que el gobierno yucateco asuma que cualquier desequilibrio entre ingresos estatales y compromisos sociales debe ser resuelto desde los presupuestos públicos, lo que significa hacer que la pobre recaudación de impuestos más los fuertes subsidios federales sean suficientes para satisfacer las prioridades inexcusables. No puede ser de otro modo.
Para concluir, resta decir que las fuerzas políticas y sociales deben ser conscientes de lo que sucede con la sostenibilidad financiera para los apoyos sociales en Yucatán. La seriedad sobre el asunto tiene que empezar por reafirmar la responsabilidad estatal de atención a los compromisos actuales y futuros sobre las becas, pensiones, seguros, jubilaciones, asistencias, etc., a partir de los recursos realmente existentes y los efectivamente viables. Ese debe ser el punto de partida y no las proclamas demagógicas de tintes partidistas que terminan debilitando el objetivo de justicia social perseguido por el gobierno federal y erosionando la credibilidad política del Estado yucateco.