Funcionarios de la Dirección General Jurídica de la Procuraduría Agraria llegaron ayer a Mérida y de inmediato se dieron a la tarea de atender a los integrantes de varios ejidos, quienes llevaron a la mesa diferentes problemas sobre despojo de tierras, falta de asignación de parcelas y solicitud de nulidad de asambleas, entre otros casos.
Como informamos, luego de los diferentes conflictos que se han registrado en Yucatán en las últimas fechas, se decidió que un equipo de las oficinas centrales de la Procuraduría Agraria viajara a Mérida para conocer y recabar de los propios ejidatarios diferentes quejas en torno a sus ejidos, que son asediados por especuladores de tierras y acaudalados empresarios.
Aunque ayer más de una decena de grupos de ejidatarios llegaron al lugar para ser atendidos, la afluencia de gente fue discreta, pero se espera que hoy haya más movimiento por la presencia de ejidos que enfrentan conflictos serios en fechas recientes, como es el caso de Ixil.
En el salón de un hotel
La atención de los ejidatarios no fue en la sede de la Procuraduría Agraria, sino en un hotel cercano, donde se instalaron un par de mesas en un salón para recibir documentos, quejas e inconformidades.
Los funcionarios son Lucila López, Enrique Alfonso Ortiz Alarcón y Víctor López González, de la Dirección General Jurídica de las oficinas centrales de la Procuraduría Agraria.
Señalaron que la intención es levantar de forma directa las quejas e inquietudes de los ejidatarios, para poder resolver los problemas que se presentan.
Se les hizo notar que muchos de estos ejidatarios ya han interpuesto quejas ante el Tribunal Agrario, a lo que respondieron que en estos casos hay que esperar resoluciones, pero en lo que toca a la PA, en el ámbito de su competencia, se hará lo necesario para que los problemas se resuelvan.
“Estamos aquí para brindar la mejor atención y poder escuchar de viva voz los problemas que se han presentado en los ejidos y, con la información que tengamos, trataremos de empezar a canalizar a las diferentes áreas para que se atiendan estos casos”, expresó Lucila López.
Es la primera vez
Según mencionaron, es la primera vez que se hace este ejercicio en todo el país y, entre los asuntos que ayer pusieron sobre la mesa los ejidatarios, figuran problemas en la asignación de tierras, irregularidades en asambleas, falta de pagos de tierras vendidas y solicitudes de nulidad de contratos de usufructo, entre otros.
Entre los asistentes estuvo, por ejemplo, el ejidatario Eurelio Chay Tuyim, de la comunidad de San Ignacio, en Progreso, quien denunció la falta de pago por unas tierras.
Según narró, ellos vendieron unas 160 hectáreas que les pagaron, pero cuando se conoció el acta de la asamblea resulta que estaba asentado que la venta fue por 223 hectáreas, así como otras 60 hectáreas que no se han pagado.
Dijo que esta acta se inscribió el 30 de abril del 2017, pero nunca recibieron dinero por esas más de 60 hectáreas ya que ni estaban enterados, por lo que se presume que de manera ilegal se entregaron más hectáreas de las que se habían acordado.
Incluso en el acta de asamblea no figura la firma de los integrantes del Consejo de Vigilancia, sino únicamente de los miembros del Comisariado Ejidal, encabezados por René Francisco Chan Canché, quien habría sido cómplice de la irregularidad. Dijo que otro de los que fueron parte de este “negocio” fue Gabino Guzmán Millet.
Los casos de Tetiz y Kanasín
Otro caso que se presentó ayer es el de los ejidatarios de Tetiz, quienes señalaron que el 4 de octubre del 2015 se celebró un contrato de usufructo con las personas Rodrigo José Vega Espinosa y José Armando de Jesús Ceballos Chávez, por una superficie de mil 962 hectáreas que se iban a usar para sembrar sorgo y maíz, pero a la fecha no han hecho nada y tampoco han realizado el pago acordado.
En la asamblea, comentó, se hizo el contrato de usufructo que era por 30 años y Francisco Javier Chim Uicab era el comisario ejidal en ese entonces, pero a la fecha no les han pagado nada, por lo que solicitan que dicho convenio se cancele y que las tierras regresen a los ejidatarios.
Lo anterior fue expuesto por los ejidatarios Manuel Jesús Aké Puc y Wilberth Javier Borges.
Otro más fue el del ejido de Kanasín, donde el actual comisario ejidal Martín Javier Gómez se ha negado a regularizar y asignar las parcelas que les corresponden a un grupo de ejidatarios.
Los afectados narraron que, entre el 2012 y el 2013, se vendió una buena cantidad de tierras del ejido y a un grupo se le dijo que sus tierras se habían vendido y que ya no las tenían, pero luego de una investigación se descubrió que no era cierto.
Las tierras se metieron todas en el Catastro Municipal, pero a pesar de ello siguen siendo tierras ejidales y un grupo de alrededor de 7 ejidatarios esperan poder regularizarlas y que se les asignen sus parcelas, pero el comisario se ha negado, a tal grado que los ha amenazado con que le tienen que pagar para que se haga el proceso y que, si no tienen para pagar, les quitará la mitad de sus tierras.
Los ejidatarios de Kanasín, que ayer acudieron a exponer su problema, son Feliciano y Catalino Canul Ek, así como Mariano Canul Mena.
(David Rico)