Maritoña Flores Rosado, comisaria de Chocholá, denunció ayer la intromisión de Alfredo Ramírez Gómez, ex delegado de la Procuraduría Agraria, en asuntos ejidales de esa comunidad, con lo que ocasiona el aumento de la tensión.
Lamentó que esa persona haya impugnado la asamblea efectuada hace siete años en esa población, con lo que evidencia sus intereses personales, pues sabe que hace años venció el plazo para efectuar cualquier acción legal contra esa asamblea.
Reveló que, a principios de año, esa persona solicitó documentos oficiales ante el Registro Agrario Nacional (RAN) para luego entregarlos a ejidatarios disidentes, quienes interpusieron un recurso legal para boicotear el evento efectuado en el 2012.
Flores Rosado, quien lleva menos de un mes en el cargo, informó que el próximo lunes 28 acudirá al Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 034, ya que fue citada en torno a la denuncia interpuesta en contra del ejido sobre los hechos ocurridos hace siete años por la venta de terrenos.
“Acudiré al Tribunal para saber el avance que tiene la denuncia promovida para luego actuar conforme a derecho contra la irregularidad cometida”, acotó.
Insistió en que Ramírez Gómez busca como único fin perjudicar a los ejidos para su beneficio personal.
Sospechosa rapidez
Explicó que el pasado 13 de febrero esa persona solicitó a la Delegación del Registro Agrario Nacional (RAN) copias certificadas de las actas de las asambleas generales de ejidatarios de Chocholá efectuadas el 16 y 24 de diciembre del 2012, ambas con sus planos, así como los anexos correspondientes.
Al día siguiente, con rapidez inusitada, el RAN le entregó esa documentación a Héctor Sánchez Aguilar en representación de la PA, cuando por el mismo trámite los ejidatarios tienen que esperar hasta seis meses.
“Hay siete años de diferencia y ahora viene a remover todo”, aseveró la entrevistada, quien dijo que Ramírez Gómez “no debe confundir las cosas, los ejidatarios tienen la parte que les corresponde y no lo que él quiera”, puesto que en las asambleas la mayoría es la que decide.
En la primera asamblea se aprobó el cambio de destino de tierras y, en la segunda, se otorgó el usufructo, pero “Ramírez Gómez quiere que todos los ejidos se conviertan en comunales”.
Consideró que esa persona “viola la autonomía del ejido y actúa de manera ilegal, pues el documento lo solicitó en su calidad de delegado de la PA, en el cual está su nombre y su firma”.
Ilógica estrategia
Calificó de ilógica su estrategia, dado que para la impugnación de una asamblea se tiene un plazo de 90 días naturales de acuerdo con la ley, pero lo realiza siete años después.
El ejidatario José Arturo Gómez Romero también reprobó la actitud de Ramírez Gómez, de quien dijo “se involucra en el ejido, ha invitado a hacer remociones de comisarios ejidales, así como para que coordine las elecciones de los comisarios, para lo cual utiliza su cargo como funcionario federal”.
Hasta antes de junio del 2019 era delegado y ahora es enlace, pero aún así es quien dirige la delegación, a pesar que ya se cuenta con un encargado de despacho.
“En febrero del año en curso solicitó expedientes ante el RAN y los entregó a la disidencia (del ejido) para que demanden al ejido, y cuyo proceso sigue en curso”, acotó.
Aseveró que “siempre lo hace de esta manera, con tal de perjudicar al ejido; por ello le exijo respeto a la asamblea y a las actas”.
Finalmente, Flores Rosado recordó que el pasado 8 de septiembre se efectuaron las elecciones, las cuales se adelantaron ante los conflictos que prevalecen, y tomó posesión del cargo el domingo 6 del mes en curso.
(Víctor Lara Martínez)