Fernando Worbis Alonzo
En los últimos meses hemos visto aquí claros síntomas de descomposición social, que detonaron la semana pasada una serie de disturbios callejeros, que han dado lugar a que los partidarios de una de las posiciones en pugna intenten deslegitimar las reivindicaciones justas de un grupo minoritario, clamando por su linchamiento, con toda clase de argumentos, desde el clásico de que están siendo manipuladas por gente foránea, léase huaches, hasta los más decentitos que desacreditan tales expresiones achacándoselas a un comportamiento, inexplicable e injustificable, de media docena de mujeres encapuchadas que debieron, o deben, ser sometidas por la fuerza.
Independientemente de la falsedad de los que interesadamente propalan el mito de que en la entidad nunca ha habido este tipo de movilizaciones (olvidando incluso las justas históricas y las de los partidos opositores a favor de la normalización de la vida democrática), para superar la dificultad de caer en juicios parciales, en mi perspectiva, es necesario tratar de encontrar las explicaciones acerca de lo que ha venido sucediendo que ha alimentado tal encono.
Y una muestra de que buena parte de los yucatecos se oponen a procesar sus diferencias por los canales democráticos normales puede verse en el acuerdo de los diputados locales para utilizar el voto secreto en su sesión para dilucidar sobre la autorización o no del matrimonio igualitario, argumentando el temor a las represalias por parte de determinado grupo de presión.
No sería la primera vez, ni la última, que cabilderos confesionales hayan decidido hacer sentir su poder para hacer prevalecer la postura más extremista y dogmática de su confesión; lo verdaderamente lamentable es que el Poder Legislativo, en pleno, haya abdicado temerosa y abiertamente ante sus designios.
Lo peor de todo es que esto sucede en un entorno político monocromático donde el Partido de Acción Nacional es quien detenta el Poder Ejecutivo tanto en el gobierno del Estado como en la presidencia municipal de Mérida, de manera que, desde la discusión del presupuesto ha logrado quebrar la mayoría del PRI en el Congreso y someter incluso a los diputados de Morena.
Esa parece ser la razón por la que, ante la ausencia de contrapesos institucionales, quienes detentan temporalmente la mayoría pretenden utilizarla de manera aplastante, desechando procedimientos, protocolos y prácticas, perfeccionadas a lo largo de nuestra vida democrática, para procesar y darle cauce a las demandas de los grupos minoritarios y que nos han conducido a avanzar, aunque no tan rápidamente como debiéramos hacia el respeto de sus derechos.
Porque si resulta, en estos tiempos, verdaderamente ocioso pretender aislar a nuestro país del concierto internacional, es de lo más absurdo intentar hacerlo con nuestra entidad.
Porque, gustos aparte, tanto la autorización del matrimonio igualitario como el rechazo a la maternidad involuntaria son vistos a nivel mundial como características de las sociedades progresistas, como expresaron los personajes que asistieron a la convención de los Premios Nobel de la Paz.
Con la agravante de que en nuestro país está vigente la jurisprudencia que obliga a las autoridades locales a celebrarle el matrimonio igualitario a las parejas que así lo soliciten, mediante un amparo, en tanto que la reglamentación sobre la maternidad voluntaria en Yucatán, se hizo desde la época de Carrillo Puerto, Felipe y Elvia.
Es impropio, injusto y antiético que las mayorías aprovechen su situación de por sí dominante para despreciar a las minorías y someterlas a restricciones que atenten en contra de sus garantías y sus derechos humanos, peor aun cuando se solazan en provocaciones que sólo exacerban la crispación social, como el ya habitual, por reiterado, rezo del santo rosario, con fervor cristero, en el recinto del Congreso de Estado y ante manifestantes laicos. No en balde una de las pintas que más ofendieron a los pudorosos hace una explícita mención de esa práctica.
Tampoco es aceptable que las autoridades de todos los niveles pretendan sacar raja política de la confrontación cuando su compromiso, cualquiera que sea su signo, tiene que ver con la construcción de la armonía social.
Al contrario, su obligación debe ser contribuir para procesar convenientemente las demandas de los grupos minoritarios para que puedan acceder a la protección y seguridad social que merecen. Mientras más rápido mejor, para que ya no tengamos que guardar la cara cuando se nos pregunte sobre nuestras leyes inclusivas.