Los diputados de la bancada del PAN en el Congreso del Estado presentaron ayer ante la Auditoría Superior del Estado (ASEY) una demanda contra los últimos 7 directores del ISSTEY y otros ex funcionarios de los gobiernos de Ivonne Ortega Pacheco y Rolando Zapata Bello, a quienes acusan de abuso de autoridad y del presunto desvío de más de 2 mil millones de pesos de las cuotas de los trabajadores, lo que tiene en inminente quiebra al Instituto.
Ayer por la mañana los 6 diputados de Acción Nacional acudieron a la ASEY a entregar la mencionada denuncia por los delitos de abuso de autoridad y uso indebido de recursos públicos, además de otros delitos que pudieran configurarse.
Los denunciados son los ex directores del ISSTEY, Víctor Sánchez Álvarez, Clemente Escalante Alcocer, Zacil Leonor Moguel Manzur, Ulises Carrillo Cabrera, Milagros Castro Alcocer y Gabriela Cáceres Vergara, entre otros, así como también Juan Ricalde Ramírez, ex Secretario de Hacienda; Alfredo Dájer Abimerhi, ex Secretario de Administración y Finanzas, y Fernando Fernández Vargas, ex director de Contabilidad de la Secretaría de Administración y Finanzas, además de los que resulten responsables.
La diputada Rosa Adriana Díaz Lizama dijo que la constante actuación de los anteriores servidores públicos encargados de la administración del Instituto fue propiciar el quebranto del mismo, en perjuicio de los trabajadores al servicio del Estado de Yucatán, sus familiares y dependientes económicos.
Según los legisladores panistas, las personas señaladas utilizaron las cuotas de los trabajadores y las retenciones efectuadas a los mismos para otros fines y no se pagaron al ISSTEY.
Además, se señala que mediante decreto 238/2014 publicado el 18 de septiembre del 2014, el Poder Ejecutivo acordó celebrar un fideicomiso público irrevocable traslativo de dominio, para comercializar el proyecto de Ucú y pagar el adeudo histórico que tenían diversas dependencias y entidades del ISSTEY.
(En diciembre del 2014 el pleno del Congreso del Estado aprobó la donación 2 mil 700 hectáreas de la Reserva Territorial de Ucú al Fideicomiso Público para la Administración de la misma, acción que se tomó para saldar la deuda que entonces se dijo era de 2 mil 81 millones de pesos del Ejecutivo con el ISSTEY).
—Las mismas administraciones anteriores reconocen el quebranto y el adeudo que tenía el ISSTEY, por la falta de aportaciones que el Ejecutivo, como patrón, tenía que hacer al Instituto y también por la falta de las aportaciones que se le habían retenido a los trabajadores. El quebranto del Instituto no es reciente. En un abuso de autoridad y mal manejo de los recursos públicos, las autoridades anteriores vendieron el patrimonio de los yucatecos para solventar ese adeudo que ellas mismas causaron, señaló el diputado Manuel Díaz Suárez.
Díaz Lizama expuso que el desvío de recursos de más de 2 mil millones de pesos y que con la venta de terrenos se saldó una deuda por esta cantidad, pero aun así quedó pendiente el pago 173 millones, los cuales incluyen, entre otros conceptos, intereses moratorios por estas cuotas no pagadas.
La diputada aseguró que la inminente quiebra del ISSTEY tiene que ver con este actuar de las anteriores administraciones y que también tiene que ver con la crisis que se vive hoy con los jubilados y pensionados, quienes en esos momentos llevaban a cabo una protesta en Palacio de Gobierno.
Dijo que los diputados del PAN no serán cómplices de ningún acto de corrupción y recordó que en la pasada sesión de pleno se les dijo que si tenían pruebas y nombres del quebranto del ISSTEY que denunciaran, por lo que procedieron a hacerlo.
Añadió que a la ASEY le tocará hacer las investigaciones pertinentes y, en su caso, hacer las denuncias que amerite el caso, ya sea ante al Fiscalía General del Estado o ante la Vicefiscalía Especializada Anticorrupción.
Acudieron a presentar la denuncia también los diputados Kathia Bolio Pinelo, Paulina Viana Gómez, Víctor Merari Sánchez Roca y Miguel Rodríguez Baqueiro.
(David Rico)