VALLADOLID, Yucatán, 22 de diciembre.- Habitantes de la comunidad de Santa María Yaxcabá, presuntamente defraudados, acudieron a interponer su denuncia correspondiente en la Fiscalía General con sede en esta ciudad, acompañados de su abogado particular José María Wildo Batún Baeza, quedando asentada la denuncia con el número UNATD13/3239/2019.
La denuncia corresponde a un presunto fraude cometido por los representantes de la Confederación de Organizaciones Campesinas y Grupos Agropecuarios del Sureste de México A.C., cuya sede se encuentra en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y sus cabecillas se aliaron con yucatecos para afectar a decenas de personas.
En la denuncia aparecen como probables responsables el chiapaneco Juan Carlos Márquez Sol y su esposa Marta Rovelo Flores, representantes de la organización campesina en cuestión.
Entre ellos se aliaron en Yucatán con David y Jesús Mena Cauich y Karina del Rosario Pat Koyoc, y representantes de la CROC 95, además de César Neguib Cárdenas Crespo, representante de la Unión de Campesinos Agropecuarios con sede en Temax.
Además de ellos, están involucrados el constructor de la empresa “Akimo S.A. de C.V.”, cuyo representante es el ingeniero Guillermo Can Nic y Lenin Genaro Dzul Rodríguez, de quien sólo se sabe que es maestro en una escuela en el Sur del Estado; y contra quienes resulten responsables.
La denuncia quedó asentada en la carpeta de investigación número UNATD13/3239/2019, con la que se iniciaron las investigaciones correspondientes al presunto fraude que varias personas han depositado en todo Yucatán en contra de la pareja de chiapanecos.
Según el abogado Batún Baeza, el modus operandi de los chiapanecos y sus aliados en Yucatán es hablar de un programa de viviendas para gente humilde, el cual iba a ser puesto en una asociación internacional denominada “Pro Housing Latinoamérica”, y el beneficiario aportaría 30 mil pesos para iniciar la obra.
Sin embargo, al realizar las investigaciones pertinentes, resulta que la fundación “Pro Housing Latinoamérica” no existe, sino que es una forma para defraudar a las personas a lo largo y ancho de la República Mexicana.
El abogado habló de unos 300 millones de pesos en obras sin cumplir, así como de alrededor de 24 a 26 millones de pesos defraudados a alrededor de 1600 y 1700 personas en todo Yucatán, de los cuales 550 son los que él asesora legalmente.
Para hacer más creíble, los defraudadores entregan una hoja de la asociación a los supuestos beneficiarios que habla de una fecha de inicio y de conclusión de la obra, con la entrega adelantada de la parte que le corresponde al beneficiario, obra que nunca se realiza al fin.
(POR ESTO! / Corresponsalías)