[gallery jnewsslider="true" ids="201879,201877,201876"]
Dra. en Arq. Yolanda Fernández Martínez
Pensando con la Ciudad
Alianza entre IMDUT e IVEY para atender el rezago en los ámbitos rurales y semiurbanos
Estos institutos, desde el nivel federal como el INFONAVIT, pasando por el nivel estatal a través del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (IMDUT) junto con el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY), y aterrizando a escala municipal en el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), deberían por tanto tener en común una política de suelo para vivienda y equipamiento para atender el rezago en Mérida, así como en los ámbitos rurales y semiurbanos del Estado de Yucatán.
El Estado de Yucatán es un amplio territorio con grandes oportunidades para el desarrollo y crecimiento humano. Sin embargo, las políticas gubernamentales han enfocado sus intereses en fortalecer cada vez más al municipio de Mérida y su zona metropolitana, dejando a un lado las necesidades y carencias del resto de la entidad. Por lo que se requiere del diseño de una política de suelo para la vivienda y los equipamientos que el Estado necesita para garantizar la calidad de vida de sus habitantes. Ya que habría que valorar cuál es el riesgo de seguir concentrando actividades e inversiones solo en la zona metropolitana de Mérida, sin que exista de antemano una estrategia estatal.
Según el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), tenemos que su recomendación con respecto al derecho a la vivienda es la siguiente: “Reducir el rezago de vivienda que prevalece en el país con énfasis en la población de escasos recursos, comunidades indígenas, en el entorno rural y en las entidades federativas ubicadas en el sur del territorio nacional”.1 Este panorama nos enfatiza las debilidades y amenazas que tiene nuestro territorio en materia de política pública de suelo y vivienda.
Por tanto, el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (IMDUT) junto con el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY) deberían de trabajar juntos para diseñar una política de suelo que garantice disminuir la brecha que existe entre la población de menos recursos, tanto en áreas urbanas como en zonas semirrurales y rurales. Es decir, antes de programar acciones de vivienda, habría que verificar que no estén ajenas de una política integral de suelo dirigida a atender a los que más lo necesitan.
Ya el INFONAVIT a lo largo de sus casi 47 años nos ha demostrado el grave problema que se ha generado por tener una institución cuya única función ha sido colocar viviendas y créditos, sin tener un plan a largo plazo sobre los equipamientos, las infraestructuras y la movilidad. En el periodo de 2000 a 2018 la política de vivienda fomentó modelos de desarrollo urbano expansivos y lejos de las zonas laborales y de servicios.
Es decir, la vivienda se convirtió en un producto más del mercado y se olvidaron de las vidas de sus usuarios. Es así como tenemos cifras escandalosas de “5 millones de casas deshabitadas”, que según el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), además de estar localizadas lejos de los trabajos, se construyeron con tipologías arquitectónicas idénticas, sin equipamientos, ni servicios y mucho menos con espacio público. Por tanto, tenemos acciones de vivienda que no cumplieron con su objetivo.
En virtud de lo anterior, el gobierno federal presentó el “Programa de Responsabilidad Compartida”, para que la SEDATU y el INFONAVIT trabajen de manera coordinada en la implementación de estrategias para la creación o recuperación de vivienda cerca de los centros laborales, los equipamientos y espacios públicos. Como consecuencia, habría que establecer el mismo plan de trabajo en el ámbito estatal y municipal, a través de instituciones con acciones coordinadas y políticas comunes que cumplan la función por las que fueron creadas. Estos institutos, desde el nivel federal como el INFONAVIT, pasando por el nivel estatal a través del IMDUT e IVEY, y aterrizando a escala municipal en el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), deberían por tanto tener en común una política de suelo para vivienda y equipamiento para atender el rezago en Mérida, así como en los ámbitos rurales y semiurbanos del Estado de Yucatán.
2 Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social..., Coneval, p. 27.
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/.../RESUMEN_EJECUTIVO_IEPDS2018.pdf