Jorge A. Franco Cáceres
A pesar de la relevancia social que ha adquirido la cuestión en función de los intereses del capitalismo inmobiliario en la periferia urbana y la zona metropolitana de Mérida, no se encuentra a disposición ciudadana ninguna información sistematizada sobre los totales de operaciones expropiatorias y/o privatizadoras, detallando sus preferencias mercantiles, sus extensiones urbanas, sus localizaciones periféricas y, mucho menos, especificando lo que los campesinos o los vecinos reciben como pagos de parte de los empresarios inmobiliarios y como servicios de las autoridades municipales. Veamos en este artículo algo de lo que ya sabemos al respecto.
Expropiaciones ejidales, privatizaciones urbanas y abusos inmobiliarios
A decir verdad, sin informaciones confiables de parte de la Sedatu, el Imdut, el IVEY o el Implan, ¿acaso algunos de los tribunales locales nos dejan ver que algo sucede al respecto en los pleitos patrimoniales? Sin embargo, casi nada realmente reportan los poderes estatales sobre las expropiaciones y las privatizaciones que no se convierten en conflictos intensos.
No hay investigaciones de la Universidad Autónoma de Yucatán, las universidades privadas, los centros de investigación, las cámaras empresariales o los colegios profesionales sobre las expropiaciones y las privatizaciones en la capital yucateca y las zonas conurbadas, sea que estas provengan de los requerimientos de áreas urbanas o de zonas metropolitanas para las inversiones y los negocios de las empresas inmobiliarias regionales, nacionales o extranjeras.
Aunque el Ayuntamiento pretende ignorar el problema y guarda también silencio al respecto, no cabe duda que las expropiaciones y las privatizaciones están realizándose con facilidades estatales y privilegios municipales en la Zona de Más Alto valor Inmobiliario (ZMAVI): Dzityá, Santa Gertrudis Copó, Temozón, Chablekal, Cholul y Conkal, y avanzan hacia otros rumbos del Norte y Oriente, donde de manera arbitraria se construyen actualmente más residenciales exclusivas, más edificios multifuncionales y más plazas comerciales.
Lo que sucede en la ZMAVI y avanza hacia otras partes del Norte y Oriente de Mérida, necesariamente conduce a la idea de que la expropiación ejidal y la privatización urbana/metropolitana están siendo recursos estratégicos para los intereses del capitalismo inmobiliario en nuestra ciudad. Sin lugar a dudas, con tantas evidencias sobre lo que ahí sucede, pretender otra cosa no es más que ser investigadores miopes o embusteros profesionales.
Los inversionistas y los empresarios aprovechan que la capital yucateca sea una urbe con una cada vez más alta tasa de crecimiento poblacional y un muy débil Estado de Derecho, para hacerse de usos extensivos/intensivos del suelo a partir de las operaciones de expropiación/privatización con complicidades de poderes públicos y servicios privados, para luego dar paso a proyectos elitistas de residenciales, infraestructura y servicios, con altos volúmenes de retorno.
Los casos más obvios en nuestra ciudad corresponden a las comisarías de la ZMAVI, donde las ventas forzadas y las transacciones funestas se han impuesto a los ejidatarios debido a los abandonos municipales en programas asistenciales y servicios públicos y con ridículas indemnizaciones por sus propiedades.
Mérida es una ciudad con autoridades municipales y bajo poderes estatales que no dan muestra de querer que la expropiación/privatización de interés para el capitalismo inmobiliario, se reduzca debido a sus términos arbitrarios y que adopte cauces más sociales y democráticos.
Inclusive las reformas estatales, los programas municipales y los mercadeos urbanos, lejos de la vigencia de la austeridad republicana y la reducción de la inversión pública, no están impulsando ningún tipo de restricciones al uso ventajista de la expropiación/privatización en las áreas urbanas y zonas metropolitanas.
Lejos de las situaciones que prevalecen en los países industrializados, donde hay fuertes movimientos de opinión que cuestionan el poder expropiatorio/privatizador de los mercados inmobiliarios, la expropiación/privatización continúa utilizándose de manera antisocial en la capital yucateca.
No se ajustan leyes estatales ni prácticas municipales por resoluciones del Congreso de la Unión o por convergencia con la Presidencia de la República. Y sólo se intenta calmar los reclamos de los afectados cuando el escándalo se encausa en los ámbitos jurídicos y se cuenta con el respaldo público de los medios impresos.
Conclusiones
Hay suficientes indicios en la ciudad de Mérida para afirmar que, a pesar de que las operaciones de los negocios y las empresas inmobiliarias no están generalizadas ni son homogéneos, no hay una tendencia hacia el desuso empresarial de la expropiación/privatización ventajista en las áreas urbanas y zonas periféricas.
Si lo que buscamos son políticas sociales para dar otro rumbo al asunto bajo las nuevas condiciones nacionales, además de sobreponernos a la ausencia sistemática de información pública, tenemos problemas sustantivos debidos a la expropiación/privatización, que tenemos que plantear para conocerlos y evaluarlos en dos sentidos: 1) las expropiaciones/privatizaciones que afectan a grupos vulnerables en sus derechos humanos, y 2) las que los privan de satisfactores patrimoniales como la vivienda familiar y los servicios públicos.