El Congreso del Estado aprobó ayer por unanimidad reformas a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, que pone un tope de 12 meses de pago de salarios caídos cuando la dependencia que realiza el despido del trabajador no compruebe la causa del cese.
La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Karla Franco Blanco (PRI), dijo que hoy en día la norma establece que se debe pagar hasta el total cumplimiento del laudo correspondiente, lo que genera a través de los años graves problemas a las finanzas públicas, ya que por el tiempo que tardan actualmente los juicios, estos salarios llegan a sumar grandes cantidades económicas, muchas veces impagables.
En este sentido, dijo que desde hace varios años se han incrementado considerablemente los procedimientos contenciosos burocráticos en la Entidad, fenómeno que ha impactado económica y socialmente a los entes públicos demandados, ya que al seguir el proceso, es frecuente observar en los representantes legales de los trabajadores el ejercicio de “prácticas dilatorias” para obtener laudos condenatorios que signifiquen un mayor beneficio económico posible; y, en consecuencia, dijo, la parte demandada se vea obligada a tener que pagar por el laudo cuantiosas cantidades, mediante la “disposición del recurso del erario público” y con la consecuente disminución de recursos para el ejercicio del servicio público.
Equilibrio
Por lo anterior, dijo, se consideró importante reformar la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de Yucatán, con la finalidad de establecer en la ley “un equilibrio para conservar “los derechos de los trabajadores al servicio del Estado y municipios”, pero al mismo tiempo que permita el ejercicio del servicio público de las entidades públicas estatales y municipales.” Finalmente con ello, también se buscó armonizar dicha reforma a la Ley Federal del Trabajo, rompiendo con paradigmas y principios en materia laboral.
La reforma aprobada establece que, si en el juicio correspondiente no comprueba la dependencia la causa del cese, el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de 12 meses.
Además, indica que si al término del plazo señalado en el párrafo anterior no ha concluido el procedimiento o no se ha dado cumplimiento al laudo, se pagarán también al trabajador los intereses que se generen sobre el importe de 15 meses de salario, a razón del 2 por ciento mensual, capitalizable al momento del pago, a excepción para el pago de otro tipo de indemnizaciones o prestaciones.
Y con el objeto de erradicar las malas prácticas de algunos abogados, litigantes o representantes que promuevan acciones, excepciones, incidentes, diligencias, ofrecimiento de pruebas, recursos y, en general, toda actuación en forma notoriamente improcedente, con la finalidad de prolongar, dilatar y obstaculizar la sustanciación o resolución de un juicio laboral, se le impondrá una multa de 100 a mil Unidades de Medida y Actualización.
El caso Hunucmá
La diputada Milagros Romero Bastarrachea (MC) dijo que hasta hoy más de 80 municipios deben pagar más de 450 millones de pesos en laudos, por más de 2 mil ex trabajadores que ganaron sus demandas laborales por despidos injustificados de Ayuntamientos anteriores, como el caso de Hunucmá, que tiene acumuladas 27 demandas que comenzaron en el periodo 1998-2001, generados por seis gobiernos municipales, con una suma de casi 26 millones de pesos.
Por ello, dijo que con la aprobación de las reformas se sientan las bases para resolver un problema que no sólo afecta las finanzas públicas municipales, sino también la economía de las personas que en su momento sean despedidas y se vean obligadas a entablar juicios laborales.
“Se acabarán los adeudos millonarios generados por juicios eternos en contra de los municipios. Nuestros Ayuntamientos no volverán a sufrir deudas por laudos laborales que pongan en riesgo las acciones en favor de los ciudadanos. Con las reformas que discutimos, los adeudos de los Ayuntamientos por salarios caídos en cada juicio sólo abarcarán hasta 12 meses, contados a partir de la fecha del despido del trabajador, y ya no por todo el tiempo que tarde el procedimiento, como sucede hasta hoy”.
“También se legisla para que, en caso de que al término de los 12 meses no se haya concluido el juicio laboral, los trabajadores tengan derecho a que se les paguen intereses sobre el importe de 15 meses de salario, a razón del dos por ciento mensual”, expuso.
Ley de Gobierno
Los diputados aprobaron también el dictamen de reformas a la Ley de Gobierno del Poder Legislativo, su reglamento, la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública y el Reglamento Interior de la Unidad de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, y para regresar atribuciones a la Comisión Permanente de Vigilancia de la Cuenta Pública para fortalecer sus facultades a favor de una mejor transparencia de los recursos públicos.
Otros temas
En la sesión, los diputados también aprobaron por unanimidad el punto de acuerdo presentado por Lila Frías Castillo (PRI) para que el Congreso del Estado exhorte a la Secretaría de Innovación, Investigación y Educación Superior, a través de sus instituciones de educación superior, centros de investigación y demás organismos que dependan de esta secretaría, a generar e implementar políticas educativas, programas y estrategias que favorezcan y coadyuven en el ingreso, permanencia y egreso de las mujeres en carreras científicas y tecnológicas.
Alejandro Cuevas Mena (PRD) presentó otro proyecto de acuerdo, admitido por mayoría, para que el Congreso del Estado exhorte a la Cámara de Diputados a revisar de inmediato las partidas presupuestales del rubro de Fortalecimiento del Ramo 33, se reorienten los recursos necesarios a fin de que los municipios puedan cubrir su consumo de energía eléctrica y sus costos de seguridad: asimismo, que conmine a la Comisión Federal de Electricidad a no cortar la energía eléctrica a los Ayuntamientos del Estado, en virtud de la falta de dispositivos de medición y la falta de recursos suficientes para su pago; instalar los respectivos equipos de medición de energía en todos y cada uno de los municipios del Estado, así como crear una mesa de diálogo y solución a los adeudos de electricidad de administraciones municipales.
Por otro lado, Leticia Euán Mis (MORENA) presentó una iniciativa para expedir la Ley de Movilidad Sustentable que consta de 60 artículos, dos títulos y nueve capítulos.
Estancias Infantiles
En asuntos generales, Romero Bastarrachea presentó un proyecto de acuerdo, admitido por mayoría, para que el Congreso del Estado exhorte respetuosamente a la Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal a definir mecanismos que permitan garantizar el pleno y equitativo ejercicio de los derechos de los niños bajo los cuidados del Programa de Estancias Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras.
En el mismo sentido, Rosa Díaz Lizama (PAN) presentó otro proyecto de acuerdo, también admitido por mayoría, para que el Congreso de Yucatán exhorte al Congreso de la Unión para que dentro de sus facultades revise las reglas de operación de los programas sociales, específicamente del Programa de Estancias Infantiles, así como la correcta aplicación de los mismos.
En respuesta, Miguel Candila Noh (MORENA) indicó que no se les está cortando recursos a las estancias infantiles, sino que se le está otorgando a las familias para que ellas puedan pagar el lugar que consideren que pueda ser más seguro para sus hijos, para más control, porque se encontraron irregularidades en el manejo de estos planteles.
Luis Loeza Pacheco (MORENA) aseveró que es falso que haya una afectación en las guarderías, porque se sostiene por dos vías: para gastos operativos y la aportación de 950 pesos por niños, por lo que es el segundo caso lo que se recorta por corrupción.
(David Rico)