Hay que ser realistas en cuanto a lo que se refiere a los derechos de los sesenta y dos pueblos indígenas que existen en México. Es de suma importancia el documento implementado y denominado “Informe sobre la implementación del Derecho a la Consulta y al Consentimiento Previo, Libre e Informado en México” presentado en el Centro Peninsular de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, basado en nuestra Constitución, que es un reflejo de la preocupación sobre la realidad y atropello que viven los pueblos indígenas que son ignorados y marginados en la toma de decisiones sobre proyectos que pueden impactar significativamente a sus comunidades. Desgraciadamente, a pesar de contar con los elementos necesarios para probar estas violaciones, pareciera ser un grito en el desierto que nadie escucha.
No es hasta cuando ven el inicio de los proyectos que comienzan a construirse en sus comunidades, cuando surgen las protestas, las cuales llegan tarde porque los mismos han iniciado, y es muy poco probable que se dé marcha atrás por todos los intereses que conllevan, y que muy probablemente ya hayan sido aprobados ante el Congreso, o ya se han emitido los permisos necesarios para llevarlos a cabo.
Es del conocimiento de todos la marginación en la que viven los pueblos indígenas, sobre todo, el estigma que se les ha impuesto de no tener la capacidad de poder decidir y opinar sobre temas complejos, o simples, que son expuestos con términos técnicos que ninguna persona común entiende, si no es experta en la materia, o bien, las consultas realizadas son un mero trámite ya que la decisión está tomada, y lo que se ha planeado va a llevarse a cabo con su consentimiento o no.
Gracias a las organizaciones civiles que luchan por sus derechos, han podido pararse algunos proyectos de los tantos que se llevan a cabo en México, se ha hablado sobre la educación y su importancia para que el país prospere. Esa educación incluye la alfabetización de niños y adultos, pero esto no es suficiente, si se pretende que ante el incumplimiento de este derecho, hay que llevarlo a los tribunales a fin de hacerlo valer. La pregunta es ¿reciben alguna asesoría para poder interponer una demanda? ¿Esas demandas son tomadas en serio? O tienen como destino como muchas, a quedar archivadas en cajones y ser desestimadas, violando una vez más sus derechos.
Se expone hasta el cansancio este tema, pero el anterior gobierno hizo caso omiso ante las observaciones presentadas, ya que las consultas realizadas sobre 31 proyectos, no se dieron en un ámbito que proveyera las condiciones de un diálogo en el que ambas partes pudieran entenderse y dialogar para poder lograr sacar conclusiones significativas al respecto.
¿Qué se puede hacer al respecto? Primero que nada, otorgarles el respeto que como ciudadanos y dueños de las tierras tienen. Antes de autorizar cualquier proyecto que vaya a tener un impacto sobre estas comunidades, deberá pasar por una consulta real, en la cual ambas partes lleguen a un acuerdo, de no darse el mismo, respetar los derechos de las comunidades y ofrecer otras posibilidades para que se pueda contar con la autorización del mismo, y como mexicanos, merecen el mismo respeto que todos.
Es por esto que con justicia, esta nueva administración ha subrayado con grandes letras que se dará prioridad a los más pobres, que son generalmente aquellos marginados que viven muchas veces en la ignorancia de los derechos que tienen, y que no son ciudadanos de segunda, a los que finalmente se les tomará en cuenta y se les dará voz.