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El Partido del Trabajo apoyará a empresarios y organizaciones de transportistas para la organización de un foro en el que plantearán soluciones conjuntas para resolver la problemática del negocio del transporte a fin de evitar protestas en la calle.

La principal discusión en ese foro será la abrogación de diversos artículos del reglamento de tránsito que regula la Ley de Vialidad, porque dicen que los afectan en su actividad, ya que deben pagar el doble de la multa por el hecho de contar con placas federales, pero con actividades estatales.

El llamado, dijeron, es a las autoridades del Gobierno del Estado, municipales y del Congreso del Estado, pues desde que “estaba el otro gobernador, les entregamos un pliego petitorio que sólo se resolvió de palabra, pero nunca se modificó la ley”.

Gabriel Emilio Méndez Uicab, presidente de la Coalición de Transportistas de Yucatán, dijo que desde hace más de cuatro años que buscan derogar diferentes artículos del reglamento Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, entre los que se encuentra el artículo 475 que le impone el ciento por ciento extra a toda aquella multa que le sea aplicada a una unidad con placas del SPF.

Según él, cuando se trata de un particular que maneja un vehículo de iguales dimensiones del que es utilizado por unidades con placas del SPF no se mide con la misma vara, pues, incluso, si uno de sus choferes es detenido bajo el efecto de alguna droga, la unidad es confiscada y el conductor sometido a un proceso judicial, lo cual no sucede cuando el infractor es sorprendido en un camión con placas estatales.

Denunció que, desde hace varios años, no existe un centro de carga y descarga en la capital yucateca, motivo por el cual son multados de manera constante al tener que ingresar a la ciudad en horarios no permitidos por la ley, cuando camiones de otras empresas de las mismas dimensiones hacen sus entregas a cualquier hora del día.

Falta voluntad

Alejandro Osorio, integrante de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, A.C. (Amotac), afirmó que “el único objetivo no es prohibir la entrada a la ciudad de los vehículos para tener una mejor circulación, sino lo que se busca es prohibir para cobrar”.

Dijo que, desde que se dio la liberación del transporte a nivel nacional en 1994, “nosotros perdimos el derecho a manejar la carga de las empresas, porque ahora toda empresa maneja su propia carga, el Servicio Público Federal cada día va desapareciendo y no poco a poco”.

Aseguraron que no hay voluntad, principalmente por parte del Congreso del Estado, aunque argumentaron que el Ejecutivo estatal también podría apoyar al emitir un decreto que derogue el cobro planteado en tal reglamento.

Aseguraron que, por culpa de la competencia desleal que generan industrias de la Entidad al contar con sus propias unidades para movilizar sus productos, así como a una aplicación errónea a los reglamentos de tránsito vigente en el Estado, alrededor de 70 por ciento de empresas que se dedican al transporte con placas del Servicio Público Federal han desaparecido en los últimos 25 años.

Sin embargo, no dieron cifras reales de cuántas empresas u organismos eran antes y ahora, de modo que todo fue un cálculo en cuanto al número de cierres.

(Rafael Gómez Chi)

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