Yucatán

Violentan derechos de adolescentes transgresores

Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), dijo ayer que uno de los grandes desafíos que tiene México es cómo podemos reconocer que los adolescentes en conflicto con la ley son resultado de nuestras acciones. Es decir, un adolescente que violenta la ley en realidad ha tenido trayectorias de vida en donde han sido violentados sus derechos.

Entrevistado en el marco del pre-congreso para los participantes mexicanos de la Reunión Regional Preparatoria para el Congreso Mundial sobre la Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, que tiene lugar en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia, el experto señaló algo de lo que no se habla cuando se da la noticia de jóvenes y adolescentes asesinados en la llamada guerra del narco: que muchos de esos muchachos que participan en las acciones de los cárteles antes de caer en los enfrentamientos fueron secuestrados y desaparecidos y obligados a participar en el crimen organizado, y que contra su voluntad, bajo amenaza de muerte, fueron puestos en la línea de fuego, esa línea de fuego alentada a través de la Iniciativa Mérida, en la que, señala Pérez García: “Los Estados Unidos nos financian para que nosotros pongamos los muertos. Y también están las levas, que los levantan en sus escuelas por montón y se los llevan a las cosechas del narco”.

–¿Qué sucedería si lográramos evitar que se violenten los derechos de los niños, niñas y adolescentes?

–Si logramos reducir el número de niños, niñas y adolescentes que son víctimas de violencia, que están fuera de las escuelas, que tienen contextos o escenarios vinculados al crimen, con altísima probabilidad vamos a lograr también reducir el número de adolescentes que se vinculan a hechos criminales.

Becarios sí, sicarios no

–Es una visión humanista que no se había tenido en cuenta en México, pero yo veo que ahora la política de López Obrador hacia los jóvenes sí va en ese sentido, ¿no?

–Claro, de hecho desde la campaña Andrés Manuel habló de este tema en forma resumida con su lema de “Becarios sí, sicarios no”, y creo que en esta administración tenemos el desafío de reconocer que está el crimen organizado como un actor peligroso que se come a nuestros adolescentes y que necesitamos sí, becas, pero es mucho más que las becas, necesitamos que estén en la escuela, necesitamos que tengan actividad económica, necesitamos que participen como ciudadanos en todos los temas que les afectan, y en esa proporción esta visión social sin duda va a ayudar a reducir el impacto del crimen organizado en ellos.

Otro elemento en el que no se está todavía avanzado mucho, ya reconocido afortunadamente, pero que necesitamos que se concrete, es el reclutamiento forzado por parte de grupos criminales, que está pasando en todo el país, y entonces muchos de estos adolescentes y personas jóvenes, después son detenidos y asesinados, y criminalizados como delincuentes, cuando en realidad eran víctimas de desaparición y secuestro. Y creo que eso es algo que tenemos que reconocer.

400 mil reclutados o empujados

–¿Cuántos adolescentes sufren actualmente esta situación de desaparición por secuestro y reclutamiento forzoso?

–No hay un dato exacto que conozcamos. Solamente tengo dos referencias: una que nosotros generamos desde el 2011 para el informe que dimos al Comité del Niño de Naciones Unidas, en la que más o menos calculamos que de 30 a 40 mil adolescentes, sobre todo de 15 a 17 años, estarían siendo víctimas de reclutamiento forzado. Otro dato que puede reforzar esta idea, es que en la Consulta infantil y juvenil que hizo el Instituto Nacional Electoral en 2015, 45 mil de los niños, niñas y adolescentes entrevistados, refirieron que eran presionados por grupos criminales para sumarse a sus filas. Y en el proceso de transición, el que ahora es Secretario de Seguridad Pública, Durazo, mencionó que estaban ubicando a cerca de 400 mil adolescentes y jóvenes vinculados o reclutados por el crimen.

Entonces ese dato no tengo certeza de dónde lo sacó, pero sería interesante dar seguimiento a lo que el Secretario de Seguridad Pública ya veía, y que necesitamos atender.

Varias formas de reclutamiento

–Él tiene mucha información puntual, pero entonces de acuerdo a lo que usted señala, de estos 400 mil, si bien muchos fueron reclutados en forma forzada, otros fueron empujados a eso por la forma, por las carencias de todo tipo en que viven, por la pobreza, la falta de oportunidades de educación y de empleo, ¿no?

–Sí. Hay que tener en cuenta que cuanto hablamos de reclutamiento, hay varias modalidades: está el reclutamiento forzado, está el reclutamiento a partir de los escenarios que ofrece el crimen organizado, o incluso vamos a llamar el vínculo criminal, porque hay alguien de su familia, o alguien cercano, entonces hay estas vías, esta posibilidad de que alguien ya te enlace o te presione, para que si quieres sobrevivir, tienes que sumarte, o aquellos que no estén forzados, a veces fueron víctimas de las llamadas levas, que se los llevan en grupos y desaparecen.

Triángulo Dorado

De hecho ya recordarás que tenemos varios Estados, Veracruz, Guerrero, que en varios momentos han cerrado las escuelas porque se llevan a los adolescentes afuera de las escuelas secundarias. También se han hecho denuncias en el Triángulo Dorado, particularmente en la sierra de Sinaloa, y en Guerrero también, para el tema del cultivo de la amapola.

Incluso hay un caso paradigmático que me parece que ilustra: la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el estudio que hizo sobre la masacre, la ejecución extrajudicial de 22 jóvenes en Tlatlaya, Estado de México, a manos del Ejército, encontró que de los 22, cuatro eran adolescentes y, en el caso de 6 de esos 22, su familia había denunciado desaparición y secuestro meses antes o semanas antes en Guerrero, y no fueron localizados, pero después aparecen asesinados. Es decir, otra evidencia de que el reclutamiento hace mucho tiempo que está sucediendo, y de que los grupos criminales los ponen en la línea de fuego y son asesinados o víctimas de detención, y criminalizados, y no reconocidos como víctimas de reclutamiento.

Cumplir con la ley

–¿Qué podemos hacer ante todo esto?

–Bueno, tenemos muchas oportunidades: México es un país enorme, con mucha capacidad institucional, pero creo que lo central es cumplir con la Ley de Justicia para Adolescentes que permite que les demos un trato digno, porque más de la mitad de los detenidos adolescentes refiere tortura o malos tratos en su detención. Eso es algo que no podemos permitir.

De hecho, tenemos 3 grandes desafíos, y el primero es que se cumpla con la ley. Parece una cosa básica, pero aunque logramos una ley interesante en 2016, esta no ha tenido aplicación efectiva hasta el momento, no tiene relevancia política y carece de presupuesto. Esto lleva a que la oportunidad que tenemos como país de actualizarnos en la agenda y lograr realmente un estándar muy bueno para la atención de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley, pues está en pausa literalmente hasta que no se cumpla con este tema de voluntad política, mayor inversión y, por supuesto, que se cumpla con la ley.

Datos y decisiones

En este punto, el entrevistado precisó:

–Tenemos que usar los datos para tomar decisiones, y le pongo un ejemplo: en la Ciudad de México se sabe que el 80% de los adolescentes en conflicto con la ley vienen de 20 colonias específicas. Es decir, el sentido común y los datos nos tendrían que decir que tenemos que intervenir en esas 20 colonias para reducir el número, pero lo que se hace es que se manda policía, son los lugares más excluidos, más abandonados, cuando lo que necesitamos es intervenir. Un poco lo que la mirada de Andrés Manuel, que ojalá se aplique, desde una lógica social. O sea, eso funciona si va acompañado del cumplimiento de la ley, y de alternativas reales de incorporación escolar y económica.

Plan de guerra

–Veía hoy en las noticias nacionales de POR ESTO! que AMLO rechaza la Iniciativa Mérida porque no nos sirve. Dice que lo que necesitamos es inversión en desarrollo social, en empleos. ¿Qué piensa usted al respecto?

–La Iniciativa Mérida es una cosa solamente para guerra, es un plan de guerra de los norteamericanos, que nos financian para que nosotros pongamos los muertos, y eso es lo que hay que cambiar. Obviamente eso no significa no combatir al crimen, sino significa que lo hagamos de manera estratégica e inteligente, como ya se ha hecho en Italia, como se está haciendo en Colombia, y eso significa atacar el lavado de dinero, la corrupción de autoridades de todo tipo, la impunidad.

Por ejemplo, en el caso mexicano, tristemente, por cada 100 carpetas de investigación de los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de algún hecho delictivo, sólo una alcanza algún tipo de sentencia condenatoria. O sea, hay garantía de impunidad. Entonces mientras no resolvamos el tema de la impunidad, los elementos de carácter preventivo, de alternativas de vida, y no acotemos al crimen en donde más le duele, que es el dinero y el control de armas, pues vamos a seguir teniendo un baño de sangre, fosas clandestinas y todas estas barbaridades que pasan en México.

Barbarie total

–Veo que cada vez son más brutales los criminales, pues ahora todos los días atacan a niños y mujeres embarazadas. ¿Será que están recibiendo órdenes de sus protectores políticos para elevar los índices de violencia criminal a fin de exhibir al gobierno de la 4ª Transformación?

–La particularidad que tenemos ahora es que no hay marcos de referencia, ya desde 2011, con mucha evidencia los grupos criminarles han violentado a las mujeres embarazadas, a los niños, no hay ningún marco de referencia, es la barbarie total. O sea, mutilaciones, torturas extremas, cosas terribles.

Los grupos criminales no tienen una agenda política en contra de alguien. Están generando terror, porque es su negocio de la cobra de derecho de piso, que es mediante el terror; entonces mientras más terror generen, más barbarie en los hechos criminales, también garantizan que la gente les pague.

–Pero hay evidencias de que han tenido y tienen protectores políticos del más alto nivel, que son los que sostienen a los mandos policíacos corruptos que en vez de combatir protegen al crimen organizado.

–Bueno, la verdad es que la clase política mexicana tiene un pacto de impunidad y están metidos todos y todas hasta el fondo. Todos los partidos. Si vemos la conformación de Morena, es un partido que tiene un 60 por ciento de gente del PRI y un 20 por ciento de gente del PRD.

–Creo que fueron a Morena los que se comprometieron con el cambio, ¿no?

–Pero lo que tenemos que hacer es trabajar y abatir la corrupción y la impunidad. De hecho uno de los temas claves que hicieron en Italia, fue llegar a altísimos niveles de la clase política y meterlos a la cárcel. Lo hicieron igual en Colombia, hasta el Presidente Uribe está en investigación. Lo están haciendo en Perú, es decir, se puede, se requiere que los contrapesos, en este caso el poder judicial, y algunos elementos como las fiscalías autónomas, puedan realmente hacer avanzar en estos temas.

–¿López Obrador lo logrará?

–Yo creo que tiene buen ánimo, pero necesita un mejor equipo.

Trayectoria

–Hábleme de usted.

–Soy director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), que ya hace 18 años, en 2001 surge con un grupo inicial de organizaciones, y durante estos años hemos logrado convertirnos en protagonistas de todos los cambios a favor de los derechos de niñas y niños en México.

La red es una entidad que durante estos años ha realizado investigación, hacemos uso de dato público, realizamos propuestas de diseño de política pública y evaluamos también las acciones de los distintos gobiernos.

–¿Qué estudió?

–Soy de formación psicólogo por la UNAM, con 30 años trabajando en derechos humanos. Hace 25 años fundé una organización llamada El Caracol, para niños y poblaciones callejeras; hace 9 años estoy al frente de la Red por la Infancia en México, y hace 5 estoy articulando redes de infancia en América Latina y el Caribe. Soy también consultor y experto internacional, y estoy tratando de colocar la idea de que los derechos de niños y niñas son una prioridad, y es uno de los mejores beneficios que puede tener un país.

(Roberto López Méndez)