El Congreso del Estado aprobó ayer por unanimidad el aumento de la pena de feminicidio hasta por 60 años de cárcel, así como penas más severas para delitos sexuales.
En larga sesión del pleno, los 24 diputados asistentes aprobaron los dictámenes para reformar el Código Penal estatal, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Igualdad de Mujeres y Hombres y la que extingue al Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, al igual que las modificaciones a la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado.
El presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, Luis Borjas Romero (PRI), detalló que la reforma contempla aumentar las penas de los delitos sexuales como el hostigamiento sexual, el acoso sexual, el abuso sexual y el estupro; los delitos contra la vida e integridad corporal como son la esterilidad provocada, así como el feminicidio, cuya pena será hasta un máximo de 60 años para castigar severamente a quien incurra en tal conducta.
Violencia laboral y obstétrica
De la misma manera, el obstaculizar o condicionar el acceso a un empleo por medio de requisitos vinculados con su sexo, edad, físico, estado civil o condición de madre queda tipificado como delito de violencia laboral; al igual que diversas conductas atribuidas al personal de las instituciones de salud públicas o privadas durante el embarazo, el parto, el puerperio o en alguna emergencia obstétrica de las niñas, adolescentes o mujeres se tipifica como violencia obstétrica.
Se establece que el delito de feminicidio recibirá una pena mínima de 40 años y una máxima de 60 años, siempre y cuando exista una relación de parentesco hasta cuarto grado o bien el victimario esté en su ámbito laboral, docente o sentimental.
Otro aspecto es que el abuso sexual se perseguirá de oficio y no por querella y con penas de 6 a 10 años de prisión.
Además, se estableció el delito de violencia obstétrica que tendrá una pena de 2 a 5 años de prisión, los cuales podrían aumentar hasta 10 como pena máxima si la madre o el producto llegan a morir, además de la inhabilitación.
Se estableció también el delito de violencia laboral contra las mujeres y con una sanción de 1 a 3 años de prisión a quien la ejerza, en razón de quien obstaculice o condicione el acceso de una persona del sexo femenino a un empleo a través del establecimiento de requisitos relacionados con su género, edad, apariencia física, estado civil, condición de gravidez o maternidad.
Garantizar justicia
Kathia Bolio Pinelo (PAN) recordó que 6 de cada 10 mujeres en México y una de cada tres en el mundo han experimentado un acto de violencia y es por ello que no se debe permitir ni justificar una acción contra una mujer, por lo que es importante fortalecer y actualizar el marco jurídico “para garantizar justicia a las víctimas y mayores sanciones para quien cometa este tipo de delitos”.
Con respecto a los derechos a las personas con discapacidad y como promovente de la iniciativa, Bolio Pinelo señaló que actualmente existen 10 millones de personas con discapacidad en el país que sufren y luchan a diario contra la adversidad y la discriminación, por lo que era necesario tener un producto legislativo “con políticas públicas y con visión inclusiva y no asistencialista”.
Agregó que se establecen estímulos en las mismas cantidades que cualquier deportista a las personas con discapacidad y se garantiza las funciones al nuevo Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado.
En su turno, María Moisés Escalante (PRI) indicó que se procuró la eficacia del derecho al deporte en congruencia con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como la implicación intrínseca de su derecho a la movilidad cuando exista un requerimiento de asistencia de algún aparato ortopédico, silla de ruedas, perro guía o animal de servicio.
Va la revocación de mandato
En la sesión se realizó la declaratoria oficial de ser aprobada, en todos sus términos, las reformas a la Constitución Política de Yucatán en materia de Revocación de Mandato, toda vez que se recibieron 56 constancias de sesiones de Cabildos: 36 en negativo y 20 en positivo, así como 50 sin responder en el plazo de 90 días naturales, por lo que se consideran como afirmativa ficta, con lo que quedaron 76 a favor.
Además, se aprobó modificar 44 leyes en materia de administración pública estatal, para lo cual Karla Franco Blanco (PRI) manifestó que tienen el propósito de que el titular del Ejecutivo estatal cuente con la organización administrativa, que le permita cumplir con sus tareas y objetivos, y que esto le permita impulsar políticas públicas que sean eficaces y que sean de beneficio social.
De esta manera, continuó, se actualizó la estructura orgánica y atribuciones de las diversas dependencias y entidades cuyas funciones o denominaciones cambiaron, así como se distribuyen las facultades de las instituciones ya existentes, de acuerdo a las competencias.
Aprueban informe de cuentas
Asimismo, los diputados aprobaron por unanimidad la primera entrega de la Auditoría Superior del Estado (ASEY) del Informe individual correspondiente a la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2018, de 9 municipios y 18 organismos públicos.
Alejandro Cuevas Mena (PRD) aclaró que estos informes fueron revisados conforme a las disposiciones del nuevo marco normativo en materia de fiscalización de la cuenta pública, en la cual se procuró atender y aclarar las dudas que fueron oportunamente planteadas por los legisladores.
Por segunda vez le dan palo
En la sesión le dieron palo por segunda vez a la iniciativa del diputado Víctor Merari Sánchez Roca (PAN) para prohibir que, en los vehículos como bicimotos, motocicletas y cuatrimotos, se transporte a niños menores de 5 años de edad o que, aun habiendo cumplido esa edad, éstos no puedan sujetarse por sus propios medios o apoyar sus pies en el pedal del pasajero.
Los diputados aprobaron, con 16 votos a favor (PRI, PRD y MC) y 8 en contra (PAN, Panal y PVEM), una moción suspensiva presentada por la diputada Milagros Romero Bastarrachea, quien señaló que el tema debería regresar al análisis en la comisión respectiva, toda vez que primero está garantizar el derecho humano a la movilidad de todos, además de ser una iniciativa incompleta.
En consecuencia, se aprobó que la mencionada iniciativa regrese a la Comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda e Infraestructura para un análisis más profundo.
El diputado del PAN insistió en que su iniciativa se debería aprobar y aludió, en tono dramático, el interés superior de la niñez e incluso responsabilizó a los diputados de cualquier otro accidente que le pudiera ocurrir a un menor; su compañera Rosa Adriana Díaz Lizama pidió a los diputados que se aprobara.
Pero la mayoría de los legisladores no se tragaron el cuento de telenovela de los panistas. La diputada Romero Bastarrachea expuso que, si bien es importante el bien superior del menor, también lo es el derecho humano a la movilidad y hoy no hay las condiciones para que la gente pueda ejercerlo. En este sentido, dijo que muchas veces la moto es el único medio de transporte de la gente y lo ideal es que no sólo los menores de 5 años la dejaran de usar, sino toda la gente, por el riesgo que representa este vehículo. Sin embargo, dijo que no hay las condiciones y por ello solicitó que se regresara a la comisión.
Ley de Movilidad
Además, dijo a los panistas que no intentaran responsabilizar a los diputados de algo que le compete a todos los días al Gobierno del Estado y que es la seguridad de todas las personas.
Dijo que sería más eficiente trabajar en una Ley de Movilidad porque la seguridad se debe buscar para todos los yucatecos.
Alejandro Cuevas Mena (PRD) señaló que al regresar a la comisión se permite trabajar desde cero en la iniciativa y aseguró que no corre prisa y se debe sacar un mejor producto legislativo.
(David Rico)