Pilar Faller Menéndez
Con la insistencia y la constante de pedir que se haga justicia en México ante la indignación de la ciudadanía, los medios de comunicación presentan pruebas contundentes y publican hasta el cansancio, sobre funcionarios y líderes sindicales corruptos que están algunos gozando de la impunidad que les otorga el sistema judicial, porque poco se ha hecho para actualizar lo que por años se ha venido dando, y que al procesarlos serán un ejemplo para los funcionarios actuales, sobre un valor que deben llevar como bandera y que se llama honestidad.
La impunidad parece ser una constante en nuestro país, como lo son también la pobreza y la violencia. Esta última no solamente se presenta en la violencia física, sino en la violencia moral que tenemos que tragarnos todos los días de constatar que estamos en un país que se encuentra a años luz de impartir un sistema de justicia pronto y expedito.
Si por casualidad y como ya es costumbre se acusa a nuestro actual Presidente de la falta de recursos, éste tiene que coser para unir todos los hilvanes o asuntos prendidos con alfileres que han minado nuestro país. Vuelvo a repetir que López Obrador, o quien hubiera resultado presidente electo, también se hubiera encontrado con esas cloacas que por todos lados están rebosando y que constituyen un gran reto, sobre todo una conciencia de los funcionarios que en estos momentos están realizando sus funciones bandeándose con un presupuesto raquítico tal vez, porque nos encontramos en un período de austeridad.
El presente no es un tema nuevo del que haya escrito, pero sí un recordatorio para todos de que la mirada la debemos tener fija en un sistema en que se imparta una justicia equitativa para todos, de no tener que ver pasar por nuestras narices a delincuentes que, sin recato alguno, se pasean por países europeos, gozando de lujos a costa del dinero de los mexicanos. Esto indigna a cualquiera y destruye la imagen de muchos partidos políticos que han pugnado siempre por luchar por un país mejor.
La política no es un arca en la que todos pueden meter mano, sino un arca que debe llenarse con recursos que hoy en día nos están faltando, y que los mismos empresarios mexicanos están conscientes de ello y han demostrado su solidaridad al respecto. Me llena de orgullo leer la creación de programas asistenciales que probablemente podrán llegar a más personas cuando el país salga del bache en que lo metieron.
Es justa la demanda de quienes no han podido llevar a cabo programas que recibían fondos federales, porque hasta eso hay que poner en orden. La paciencia y el tesón son necesarios para trabajar con lo que hay, y no es excusa para no explotar la creatividad que todos llevamos adentro, porque es precisamente durante las crisis cuando la gente demuestra de qué está hecha, y que al final de su gestión puedan sentirse satisfechos de haber puesto su mejor empeño en coadyuvar a que vivamos en un mejor entorno.
La lista de casos pendientes que a continuación presento es larga y seguramente incompleta porque con seguridad que surgirán más. Los involucrados son muchos, y que me perdone Derechos Humanos, pero estas personas son las que deberían estar enjauladas y estar viviendo el infierno que hoy viven los migrantes en el país del norte.
El tiempo no debe borrarnos de la memoria: casos como el de la CFE, en el cual fueron contratadas empresas que exigían el pago de un subsidio de 21 millones de dólares por siete ductos que en la actualidad se encuentran inactivos, pero que hay que seguir pagando aunque no haya abasto de gas, contratos que se firmaron a 25 años, cuando se está hablando de un compromiso que están heredando a los próximos 4 presidentes para pagar 70 mil millones de pesos durante un cuarto de siglo.
El caso OHL no queda atrás, y aunque hay audios que fueron divulgados anónimamente, se escuchaba cómo los ejecutivos de la compañía acordaban aumentos de peaje en las autopistas del Estado de México, a cambio de sobornos en los términos considerados “usuales” a magistrados y el pago de unas vacaciones de un funcionario estatal.
Los escándalos continúan, y debe subrayarse que tratan de los que han sido detectados, y si no hay recursos para los estados, es menester tener presente cómo fluyó el erario público en beneficio de parásitos sin escrúpulos. ¡Quién pudiera tener una casa como La Casa Blanca, no la que se encuentra en Washington, Estados Unidos, sino la que se descubrió a través de una investigación periodística al saberse que el entonces presidente Peña Nieto poseía una casa valuada en 86 millones de pesos en la exclusiva colonia Lomas de Chapultepec, la cual fue construida por la empresa Higa, que casualmente fue una de las empresas que ganaron la licitación del tren México-Querétaro, y que realizó obras cuando fue gobernador del Estado de México, pero para justificar tal posesión, se declaró que había sido la entonces esposa del mandatario, quien con el “fruto” de su trabajo pudo adquirirla.
Las irregularidades o, más bien, desvío de fondos en nuestro país traspasaron fronteras y fue el periódico norteamericano Wall Street Journal quien, a través de una investigación periodística, descubrió que Luis Videgaray, el entonces secretario de Hacienda, contaba con una propiedad que adquirió de Juan Armando Hinojosa, representante legal del Grupo Higa. En el caso de las propiedades mencionadas, una vez calmada las aguas, la Secretaría de la Función Pública tuvo el tupé de determinar que no se había hallado conflicto de intereses en la compra de dichas propiedades. ¿No es, acaso, un motivo para violentarse al tildarnos de ingenuos y saber que en nuestras propias narices a manos llenas se llenaban los bolsillos con dinero del erario? ¿Alguna marcha para exigir justicia en alguno de los casos mencionados? Salta el pensamiento egoísta de “mientras a mí no me roben, no es mi problema”.
Continúa el rosario de enriquecimientos ilícitos cuando el gobierno de Sonora que encabezaba Claudia Pavlovich, del PRI, acusó a la administración predecesora de la de ella, que durante la administración del panista Guillermo Padrés, se cometieron grandes ilícitos, como llevar a la quiebra al sector salud, la existencia de dobles nóminas, falta de infraestructura educativa y de bienes como camiones, daños en la infraestructura carretera, a pesar de que hubo dinero para mantenimiento e irregularidades fiscales, condonar impuestos a empresas en las que participaron socios, amigos y familiares de colaboradores de Padrés.
¿Otra más? El manejo económico del estado de Chihuahua que encabezaba César Duarte, cuya administración en sus comienzos adeudaba 12 mil 547 millones de pesos, que luego se convirtieron en 41 mil millones de pesos, la deuda más grande de todos los estados del país. Hay una demanda en su contra…
En 2014 Banamex denunció a Oceanografía por el fraude de 585 millones de dólares, empresa que utilizó como garantía documentos falsos de Pemex. El único detenido fue el dueño de la empresa, Amado Yánez, por haber presentado facturas apócrifas (otro tema pendiente en cuestión fiscal que debe combatirse en el país).
En el estado de Tamaulipas se descubrieron delitos y lavado de dinero, así como nexos con el crimen organizado al ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, quien fuera detenido en Texas, Estados Unidos, en 2013. El mismo jefe del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, afirmó haberle entregado millones de dólares a cambio de dejarlo operar en las rutas del narcotráfico en su Estado.
Otro “angelito” fue el ex gobernador del Estado de México, el priísta Arturo Montiel, quien fuera acusado por el secuestro de sus hijos por su ex esposa, teniendo ella la custodia. Sus aspiraciones para contender por la Presidencia de la República se vinieron abajo en 2005, por el rosario de denuncias a las que se enfrentaba por la posesión de mansiones millonarias, así como transacciones bancarias en México y Francia. En la actualidad no presenta ninguna denuncia en su contra.
Por si todo lo anterior no es suficiente, Humberto Moreira, del PRI, y ex gobernador de Coahuila, dejó a su Estado con una deuda superior a los 36 millones de pesos, motivo por el cual dimitió, sin embargo siguiendo el mismo camino, el gobernador interino Jorge Torres López, fue acusado de haber conspirado para lavar dinero, así como otros delitos en Texas. Su nombre apareció en la lista de “Los diez mexicanos más corruptos” que publicó la revista estadounidense Forbes. Pasados 3 años, en el 2016, el gobierno de España lo detuvo por sospecha de lavado de dinero pero… quedó libre por falta de pruebas.
El último de los muchos casos por resolver es el de Panamá Papers, en el cual estuvieron involucrados políticos de alto nivel, así como empresarios mexicanos como Ricardo Salinas Pliego, el narcotraficante Rafael Caro Quintero, el mencionado Juan Armando Hinojosa Cantú propietario de Grupo Higa, los cuales fueron expuestos a través de 11 millones de documentos filtrados al diario alemán Süddesutche Zeitung, ya que todos eran clientes de Mossack Fonseca, empresa con base en Panamá, que se dedica a la gestión de patrimonios. También aparece el nombre de Armando Yáñez Osuna, de la empresa Oceanografía, actualmente preso por fraude.
Algunos de los casos mencionados son recientes, y otros llevan aproximadamente 9 años en proceso, pero quien me diga que lo anterior no le causa indignación y quisiera que los culpables merecen un castigo ejemplar, o no le preocupa tanta corrupción, o de plano no es un mexicano informado de que una de las razones de la austeridad que estamos viviendo son estos casos que conocemos (y los que faltan todavía conocer), sin que por esto no se estén rompiendo esquemas del flujo de recursos que están repercutiendo tanto en Estados como en Municipios.
La consigna sería pedir a los funcionarios que no claudiquen en sus ganas e ímpetu de mejorar sus dependencias con los escasos recursos que tengan. A todos los mexicanos, no perder la memoria del abuso del que hemos sido víctimas, y al Gobierno Federal, no dejar que queden impunes estos personajes.
Otra sugerencia: ya que la historia se escribe cada día, enseñar a los niños lo que es la corrupción y que ésta, lamentablemente, forma parte de nuestra historia. La corrupción debe combatirse y explicarse desde temprana edad, es un derecho que tienen los niños de saber lo que ocurre en su país.