Pedirían investigar facturaciones de empresarios pesqueros

El coordinador estatal de programas de Conapesca, Oscar Brito Zapata, reveló ayer que se analiza la posibilidad de que la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno Federal intervenga en Yucatán para investigar las facturaciones que realizan empresarios pesqueros de productos ilegales que compran a los furtivos, pues en los hechos es lavado de dinero, aunque podría calificarse como “lavado de mariscos”.

Al intervenir ayer en la sesión del Consejo Estatal de Pesca y Acuacultura Sustentable de Yucatán, el funcionario dijo que la pesca furtiva en Yucatán es un gran negocio, porque hay empresarios que compran el producto para luego facturarlo y legalizar su traslado y comercialización.

—Si no hubiera quien compre a los furtivos el producto ilícito que tienen, no seguirían en la actividad, pero hay que ser honestos, hay empresarios que lo adquieren y luego lo facturan para legalizarlo y sacarlo del Estado, aseveró.

Matarles el negocio

Sostuvo que esta lamentable situación se generó por la corrupción en todos los niveles de gobierno y observó que, precisamente, ello ocasionó que el pueblo se cansara y optara por elegir a un nuevo gobierno que prometió y está cumpliendo acabar con la corrupción y la impunidad.

–La pesca furtiva en Yucatán es una realidad y ha rebasado a todas las autoridades, y creo que acabar con ese ilícito depende tanto de la autoridad como del pueblo, del sector pesquero, pues es una cuestión de concienciación, agregó.

Nosotros, ¿cómo podemos tratarlo? –continuó–, mediante mecanismos y solicitudes de investigación, de auditorías, pero fuera de eso creo que si se quiere terminar de la manera más rápida es mediante la voluntad de las personas que se dedican a comprar este producto.

Brito Zapata insistió en que acabar la actividad furtiva es simple, hay que matarles el negocio, si se deja de comprar producto en veda se puede resolver esta situación de manera más rápida y más eficiente.

Este gobierno fue electo por la misma razón de que ya era un grito de auxilio de la sociedad –observó–, y ahora estamos haciendo lo posible por combatir esos vicios, tenemos que cargar con la responsabilidad institucional que nos corresponde y vamos a darle solución muy pronto.

Sobre las amenazas de muerte contra quienes denuncian las ilegalidades, dijo que es algo gravísimo y casos que se tienen que atender de manera particular.

(Rafael Mis Cobá)