La abogada Amelia Ojeda Sosa, coordinadora jurídica de UNASSE, dijo ayer que no hubo ninguna sorpresa en la resolución del Tribunal Superior de Justicia, instancia que desechó el recurso de omisión legislativa que un grupo de ciudadanos presentó en contra del Congreso por no legislar sobre el matrimonio igualitario.
Dijo que este órgano emitió una resolución igual ante un recurso de la misma naturaleza que en 2014 presentaron tres organizaciones, como UNASEE, Oasis San Juan de Dios e Indignación; el resultado fue exactamente el mismo: 7 votos en contra y 4 a favor.
“Hoy no nos causa sorpresa porque ahora resuelven igual que en 2014. En todo este tiempo nunca se han pronunciado sobre estos temas y aunque presentaron una iniciativa para modificar al Código de Familia al Congreso del Estado, no tocaron la parte medular que es la necesaria modificación constitucional al artículo 94”.
“No vemos en este sentido que el Tribunal Superior de Justicia haya entendido lo que le toca hacer a cada poder y en particular a ellos en cuanto a la que deben hacer frente al Poder Legislativo y tampoco están usando todas las herramientas legislativas que tienen a su alcance para intervenir en este tema”, expuso.
Coincidió en este tema con las declaraciones del magistrado Marcos Celis Quintal, quien opinó que, de acuerdo con el artículo segundo de la Constitución, sí hay un mandato expreso para no discriminar y de eliminar cualquier causal de discriminación que se pueda dar en la legislación y que debe ser acatado por todas las autoridades, incluido el Congreso del Estado.
Ojeda Sosa dijo que, tanto en la Constitución federal como en la local, está expresamente establecida la prohibición de la discriminación y ello obliga al Legislativo a eliminar cualquier obstáculo de la legislación local.
Comentó que cuando se hizo la adecuación de la Constitución local con la federal en materia de derechos humanos, se debió de hacer un análisis completo del marco normativo para ver qué partes eran discriminatorias y eliminarlas.
“Porque desde el 2009 tenemos en la Constitución local la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo, lo cual es discriminatorio, pero en el 2013 se hacen las adecuaciones de la Constitución federal en materia de derechos humanos, por lo que hoy tenemos una contradicción que los diputados del Congreso del Estado se han negado a subsanar”, expuso.
Señaló que hoy persiste en la Constitución de Yucatán el artículo 94 que establece que el matrimonio puede ser únicamente entre un hombre y una mujer.
“Hoy se tiene que quitar esa prohibición y no solamente en relación al matrimonio igualitario, sino a otros temas como la filiación, la herencia, adopción y otros. Se trata no de inventar nuevas formas sino de reconocer a las familias que ya existen”, concluyó.
(David Rico)