El cobro por el Derecho por la Infraestructura Tecnológica en Materia de Seguridad Pública a través del recibo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) está en veremos todavía, pues la dependencia no ha contestado al Gobierno del Estado si finalmente se podrá hacer y esta recaudación no se puede concretar sin que se firme el convenio respectivo.
La CFE no ha respondido de manera formal, ni en sentido positivo ni en negativo, a la realización de este cobro; además, a pesar de la polémica y de la ilegalidad que alegan algunos, el Gobierno del Estado tampoco ha dado marcha atrás en el cobro de este derecho, tanto así que ya entró en vigor.
Trascendió en este sentido que el Gobierno del Estado sigue a la espera de que la CFE conteste sobre la solicitud para poder firmar el convenio respectivo, aunque no hay certeza de que esto se concrete y se estarían llevando a cabo las negociaciones respectivas.
Duro golpe
Sin embargo, si la respuesta de la CFE fuera negativa, implicaría un duro golpe para el Ejecutivo, pues todo lo relativo a este derecho, tanto las cuotas como las exenciones, la eficacia recaudatoria y demás aspectos que se plasmaron en la Ley de Hacienda, se hicieron con una proyección de cobro a través del recibo de energía eléctrica.
Informamos que con la publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado del decreto con las modificaciones a la Ley de Hacienda, el mencionado derecho entró en vigor el primer día del 2020, pero a pesar de que todo lo relativo al cobro plasmado en el documento está calculado con un cobro a través de recibo de la CFE, este polémico asunto no se ha resuelto.
La propuesta enviada al Congreso del Estado y las posteriores adecuaciones que se hicieron se llevaron a cabo con base en las proyecciones de un cobro del derecho a través del recibo de la CFE.
La cuota mensual por el derecho previsto será de 290.64 pesos (3.44 UMA), lo que da un equivalente de poco más de 581 pesos bimestrales y se estableció que lo que se pague, sin embargo, no podrá ser mayor al 8 por ciento del total de lo que se pague en el recibo. Esto se hizo pensando que se pagará por medio del recibo de la CFE, así como en este supuesto también se asentó que quedarán exentos del pago los que consumen al mes menos de 99.69 pesos (1.18 UMA) por este concepto y con lo que no pagarían alrededor de 224 mil predios.
Considerando lo anterior, el Gobierno del Estado proyectó recaudar, tomando como parámetro el cobro a través del recibo de la CFE, la cantidad de 238 millones 811 mil pesos por este derecho, lo que se vería seriamente impactado si la paraestatal decidiera no hacer el cobro.
La Japay
El Gobierno del Estado consideró la recaudación a través de recibo de la CFE tanto por el monto que resulta y también por la eficacia recaudatoria, pues si se llevara a cabo a través del recibo de otro servicio básico la cantidad sería mucho menor. Como ejemplo, si se hiciera en base al recibo de la Japay apenas se lograrían unos 20 millones de pesos y la eficacia para el cobro sería mucho menor.
La situación en la que se encuentra hoy este tema nació a raíz, primero, de la oposición de diferentes sectores de la sociedad, como el senador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI), quien a través de las redes sociales dio a conocer que, en una reunión con la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle García, ésta le señaló que este cobro a través de recibo de la CFE no era viable.
Entonces el senador escribió en Twitter: “Después de una conversación con la Secretaria de Energía @rocionahle puedo afirmar que @CFEmx no aplicará ningún cobro de impuesto estatal en Yucatán. Ambos decidieron, no existe fundamento legal para tal medida”.
En este tenor, Rocío Nahle García escribió en la red social: “Efectivamente, el recibo de consumo de electricidad que expide la @CFEmx es un documento oficial federal y se administra con total responsabilidad para los usuarios en México. Y no está a disposición para manejos externos”.
El oficio
Pero el Gobierno del Estado dio a conocer un oficio que envió a la CFE desde 5 de noviembre y que le fue enviado por José Antonio Aguirre Leyva, responsable del área denominada Suministrador de Servicios Básicos en la División Comercial Peninsular, en el que considera viable que la CFE pueda realizar el cobro del nuevo derecho del 8% por el uso de la infraestructura de seguridad en los recibos que emite por la facturación de consumo de energía eléctrica, contrario a lo que declaró la Secretaria de Energía, Rocío Nahle García.
A través de un comunicado el Gobierno del Estado reiteró que el cobro sí es viable, en el tenor de que “En oficio SSB/DW 01/0335/2019, con fecha 5 de noviembre del 2019, José Antonio Aguirre Leyva, responsable de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Suministrador de Servicios Básicos en la División Comercial Peninsular, responde que “la CFE […] considera que es viable y está facultada para realizar el cobro de servicios distintos al suministro eléctrico a través de contratos de colaboración con entidades estatales”.
Más tarde, la senadora Verónica Camino Farjat (PVEM), presentó un punto de acuerdo en el Senado de la República para que no se haga el mencionado cobro a través de los recibos de la CFE.
Recientemente, unos días antes de terminar el año, Ramírez Marín reiteró que “el derecho del 8% por seguridad que el Gobierno del Estado pretende cobrar a través de los recibos de la CFE es ilegal y por lo tanto no lo veo posible, pero si se llegara a proceder se puede recurrir al amparo”.
Con todo lo anterior y a pesar de que en la Ley de Hacienda se contempla todo para que este derecho se cobre mediante los recibos de la CFE, sin que se mencione literalmente a la paraestatal, hasta ahora el asunto está en “stand by”.
Aunque la CFE en su momento dio la viabilidad para el cobro de derecho a través de su recibo, la paraestatal no ha respondido afirmativamente acerca de la necesaria firma de convenio que se tiene que hacer, pero según mencionaron fuentes del Gobierno del Estado, tampoco ha contestado en forma negativa.
Polémica
La polémica generada sobre el tema y el período vacacional que se atravesó han generado que el tema, a pesar de estar ya probado y plasmado en la Ley de Hacienda, todavía no está claro e incluso la CFE podría negar el cobro, lo que desde luego metería en problemas al Gobierno del Estado e incluso se tendría que hacer la modificación respectiva a través del Legislativo en la mencionada ley para hacer los ajustes necesarios.
Si la respuesta fuera afirmativa y se firmara el convenio, se deberían establecer los detalles a partir de cuándo se empezaría a cobrar o si se aplicaría de forma retroactiva, toda vez que la Ley de Hacienda ya está vigente.
(David Rico)