Los ejidatarios de Molas se mantienen en pie de lucha para defender su patrimonio y los terrenos que forman parte de la Reserva Cuxtal, luego de un juicio que parece interminable en el Tribunal Unitario Agrario de Mérida, pues ya lleva trece años.
Ayer tuvo lugar una nueva audiencia que se difirió para el 3 de mayo próximo, pero los ejidatarios esperan que, por fin, la nueva magistrada Lilia Isabel Ochoa Muñoz falle a su favor.
Isauro Ku Sosa, uno de los ejidatarios, dijo que la novedad luego de tantos años es la presencia de una magistrada que ha dado muestras de querer componer las cosas y de acabar con la corrupción, por lo que hay esperanzas de que su demanda pueda llegar a buen puerto.
Recordó que este juicio data desde 2007 y tiene como fin que se anule la compra-venta de 925 hectáreas de este ejido que se concretó en 2006 y que forman parte de la Reserva Ecológica de Cuxtal, en la que se benefició por medio de una asamblea amañada a delincuentes de cuello blanco, como Antonino Almazán Arteaga y Florentino Tuyub.
Dijo que en 2006 se llevó a cabo una asamblea irregular en la que participó el Registro Agrario Nacional (RAN), la Procuraduría Agraria y un notario público, en la que violaron las leyes agrarias; los especuladores no pudieron obtener su título porque esa superficie figura en el Registro Público de la Propiedad como reserva ecológica.
–Nosotros reclamamos como legítimos dueños y los acaparadores no pudieron sacar sus títulos y por eso ahora están usando a unos compañeros del mismo ejido para lograr ese fin, dijo.
Señaló que el artífice de este intento de robo es Antonio Almazán Arteaga, quien usa a unas 20 personas del ejido.
El decreto
Recordó que hay un decreto del 28 de junio del 1993 cuando el Ayuntamiento de Mérida decretó la zona en cuestión como una zona protegida y que forma parte de uno de los pulmones principales del municipio, por lo que demandan a la autoridad agraria que se respete dicho decreto y se anule la compra-venta.
Además, expuso que estas tierras que vendió el ex comisario Alejandro Mota Chan tienen un valor de más de 80 millones de pesos pero quienes las compraron pagaron por ellas unos 4 millones, a razón de 50 centavos por metro cuadrado, es decir, 5 mil pesos por hectárea.
La venta se realizó por medio de una asamblea irregular el 22 de agosto del 2006, en la que se convenció a los ejidatarios que las tierras no servían, además de que fue una total simulación que avaló la visitadora agraria de aquel entonces, Diana Alcázar. Como dueña de las tierras aparece una hermana de Almazán Arteaga.
Son en total 91 ejidatarios afectados y destaca también la responsabilidad de los ex alcaldes Manuel Fuentes Alcocer y César Bojórquez Zapata, quienes no quisieron mover ni un dedo para recuperar las 925 hectáreas.
(David Rico)