Hoy, a las 12:00 a.m., se vence el plazo del alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, para pagar los 100 millones de pesos que debe al Isstey, por la falta de prestación de servicios a los trabajadores.
El licenciado Lincoln Palma, apoderado legal del Sindicato de Empleados y Obreros al Servicio del Municipio de Progreso, aseguró que el Alcalde ya no puede extender más la situación y tiene que proceder. Asimismo, señaló que Zacarías desea la reelección, por lo que debería evitar que esto desencadene en una demanda penal, por tanto, recomendó que debería concretar un convenio con el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey).
“Lo que tendría que hacer es convocar a una sesión de Cabildo y pedir autorización de acudir al Isstey para celebrar un convenio”, señaló el abogado.
Explicó que el convenio podría darle un plazo de tiempo para pagar la deuda, así como algunas otras facilidades; sin embargo, cualquier acuerdo que se tome, tendría que ser dentro del tiempo que dure el período de Zacarías Curi.
“Hay un laudo o sentencia que ordena al ayuntamiento que inscriba a los trabajadores del sindicato al Isstey”, dijo.
Abundó que ante la demanda de los trabajadores se dio un juicio, que, al terminar, abrió la etapa de la ejecución del laudo, es decir el cumplimiento del mismo.
En este sentido, apuntó que se ordenó al actuario notificar a la comuna de Progreso sobre la situación y su obligación de cumplir con dicho laudo. “El Ayuntamiento tiene que cumplir, no tiene otros recursos legales”, indicó.
Asimismo, señaló el abogado que, si no se demuestra que ya han cumplido con el registro de los trabajadores, caerá en incumplimiento o desacato.
“El Tribunal de Trabajadores le tendría que aplicar las medidas de apremio, que pueden ser sanciones, arresto administrativo, multas u otras”, expuso.
Además, esto podría afectar los deseos que tiene el edil de reelección, puesto que, si cae en demanda penal, y los otros candidatos podrían solicitarle al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Yucatán (Iepac) que no forme parte en las próximas elecciones.
“Lo que llama la atención es que el alcalde aduce desconocimiento”, apuntó. Considerando que, como se mencionó antes, se tuvo que haber notificado al ayuntamiento.
“Él ha podido alargar esto, pero ya no se podrá y tendrá que dar la cara”, aseguró.
Amplió que Julián Zacarías podría pedir el auxilio de las autoridades para cumplir el laudo, puesto que en caso de incumplimiento incluso se podría ordenar la destitución de todo el Cabildo, como ha ocurrido en otros lugares, entre los que mencionó, Tabasco.
“Tiene que dar de alta a todos sus trabajadores y el tribunal le pide que compruebe que ya lo hizo y pagó la deuda”, sentenció.
Aseveró que la inscripción de los empleados tiene que ser desde el día en que comenzaron a prestar sus servicios, por lo que incluso algunos ya son acreedores de pensión.
De igual forma, señaló que el cálculo de la deuda lo realiza un despacho de actuarios, sin embargo, “es una cantidad fuerte” y, dado que los demandantes son un sindicato de 130 trabajadores, se tiene el aproximado de 100 millones.
En este sentido, señaló que, aunque el proceso de este sindicato comenzó desde hace varios años, no es el único que tiene la misma problemática, sino que hay como cinco más porque todos tienen derecho a acceder a la seguridad social.
“Si los trabajadores no demandan, permanecerán sin las prestaciones… En todos los sindicatos existe inconformidad”, puntualizó.
Y destacó que este caso no es único, sino que, al contrario, es una situación muy común en el país; pero el proceso para quienes decidan demandar, al igual que éste, se tomará algunos años.
“Es un asunto con mucha importancia porque a nivel nacional son muy pocos los ayuntamientos que tienen inscritos a sus trabajadores en algún instituto de seguridad social”, declaró.
Por Cecilia Abreu