Ejidatarios de Cinco Colonias llevaron a cabo ayer un plantón frente al Palacio de Gobierno para exigir que la Fiscalía General del Estado acelere las investigaciones por denuncias de presunta ocupación ilegal de unos terrenos ejidales en el Sur de Mérida.
Con pancartas en mano se pararon frente a la sede del Ejecutivo para exigir que un tal José Felipe Canul Pinto, presuntamente agente del Ministerio Público, sea destituido por “no hacer bien su trabajo” en las investigaciones por la denuncia presentada.
Hace unos días, el martes acudieron a la Fiscalía Investigadora 33, también conocida como Agencia del Ministerio Público, para exigir que se asegure y desaloje el predio rústico con tablaje catastral 2997, propiedad de los ejidatarios, que se encuentra invadido.
Dos días después de haber presentado la denuncia acudieron al Palacio de Gobierno para pedir celeridad el caso. Pedro Reyes Villalobos y Faustino Mena Crespo, comisario y tesorero ejidal, respectivamente, manifestaron que el terreno rústico mide 18 hectáreas, es propiedad privada y pertenece a 354 ejidatarios.
Recordaron que el martes una funcionaria de la Agencia del Ministerio Público atendió al grupo y les indicó que les avisarían cuando tuvieran una resolución, lo que generó inconformidad, se caldearon los ánimos, el grupo de ejidatarios entró a la oficina y fue atendido por el titular, José Felipe Canul Pinto, quien les explicó que en ese momento él no tenía la facultad para asegurar el predio y desalojar a los invasores.
Como informó oportunamente POR ESTO!, el terreno de marras fue ocupado por unos paracaidistas representados por Alberto Sonda Castillo, quienes desmontaron el lote y lo dividieron para sus viviendas.
Incluso han reportado a las autoridades del Instituto de la Vivienda sus intenciones de quedarse con el predio y han dialogado con los campesinos. El problema es que los ejidatarios les pidieron nueve millones de pesos, dinero que no tienen los paracaidistas y por eso es el conflicto.
Por Rafael Gómez Chi