Penalizarán difusión de cadáveres o restos humanos

Los diputados del Congreso del Estado aprobaron ayer reformas al Código Penal con las que se establecen penas de 3 días a 3 años de cárcel y multa de 2 a 20 días de salario a quien de forma maliciosa revele, exhiba, publique, comparta o difunda en redes sociales, páginas web, medios impresos, electrónicos o cualquier otro medio de difusión, fotografías o videos que revelen el cuerpo de los cadáveres o restos humanos.

Además, cuando esta difusión sea por parte de un servidor público o funcionario, la sanción aumentará hasta en una mitad más.

Los diputados también aprobaron el dictamen de reformas al Código Penal para tipificar como delito grave el abuso sexual y también se estableció en la reforma que, “a quien le conste la comisión del delito de abuso sexual, violación, violación equiparada, acoso sexual y estupro, y no acuda a la autoridad competente para denunciar el hecho, se le impondrá una pena de uno a cinco años de prisión y de 100 a 200 días-multa”.

Al pleno

Luego de la aprobación en el seno de la Comisión de Justicia, que preside el diputado Luis Borjas Romero (PRI), ambos dictámenes pasarán al pleno en la próxima sesión para ser discutidos y, en su caso, aprobados. Sin embargo, los dictámenes también podrían ser rechazados por el pleno y entonces regresarían al seno de la comisión.

La reforma del artículo 231 del Código Penal de Yucatán establece sanciones a quien de forma maliciosa revele, exhiba, publique, comparta o difunda en redes sociales, páginas web, medios impresos, electrónicos o cualquier otro medio de difusión, fotografías o videos que revelen el cuerpo de los cadáveres o restos humanos.

La “Ley Ingrid”

Además, derivado de la llamada “Ley Ingrid”, que se promueve a nivel nacional, se estableció también que cuando la conducta a que se refiere el párrafo anterior la lleve a cabo un servidor público, la sanción aumentará hasta en una mitad más.

Se consigna que no se considerará malicioso el hecho de utilizar, con autorización, fotografías o videos de un cadáver o restos humanos en investigaciones científicas o académicas. No se requerirá dicha autorización en actuaciones periciales o judiciales.

La diputada Kathia Bolio Pinelo (PAN), promovente de las iniciativas, dijo que el espíritu de la reforma es evitar el morbo y que se lucre o que se “revictimice” una tragedia y que la última imagen que una familia vea de un ser querido no sea divulgada de manera maliciosa. Además, dijo que se garantiza el derecho de la familia a la intimidad y a la no divulgación del cuerpo del familiar.

Refirió que algunos medios locales y nacionales han tenido la tendencia de exhibir cuerpos en condiciones trágicas, lo que ha generado la revictimización a las familias que pasan por un momento muy doloroso.

No coarta la libre expresión

Sostuvo que dicha reforma no coarta la libertad de expresión ni el derecho a la información.

“No limitamos los títulos ni estamos prohibiendo bajo ninguna circunstancia que la información sobre algún hecho pueda o deba ser difundida; lo único que se busca es la imagen de alguien que ha perdido la vida y que, según el estudio que hemos hecho, tiene todas las garantías legales para no ser objeto de morbo, de burla, de dolor o de revictimización a una familia”, expuso.

Agregó que se solicitó en fechas recientes agregar una pena mayor a funcionarios que filtren fotografías de cadáveres, luego del caso de Ingrid Escamilla a nivel nacional, cuando se difundieron fotografías que salieron del expediente de la investigación o por parte de algún funcionario. Dijo que, desde luego, muchas veces este tipo de fotografías a los cadáveres se deben hacer como parte del proceso de investigación, pero no tienen porqué difundirse.

“Mucho menos los investigadores y peritos, y quienes sirven y reciben un sueldo para hacer un trabajo; es una burla que sea quien filtra, difunda o exhiba, es el espíritu de la modificación”, dijo.

Finalmente expuso que, para proceder conforme a lo que marca la reforma, se debe hacer por querella, es decir, por parte de los familiares que sean afectados por la difusión de fotografías.

Regidores

Los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación aprobaron por unanimidad el número de regidores de mayoría relativa y representación proporcional de los Ayuntamientos para el próximo proceso electoral que iniciará en el 2021, la cual no tuvo cambios con respecto a los comicios anteriores.

La presidenta de la comisión, Karla Franco Blanco (PRI), aclaró que la Ley de Gobierno de los Municipios establece que el Congreso estatal deberá establecer el número de ediles el año previo a que inicie el proceso electoral.

De la misma manera, continuó el análisis de la iniciativa para adicionar el artículo 7 al Código de la Administración Pública de Yucatán, suscrita por Alejandro Cuevas, que busca establecer como obligación que el gobierno estatal y los municipales cuenten con una persona mayahablante en áreas de primer contacto para brindar asesoría a la comunidad indígena.

Incompletos

Para ello, se distribuyó entre los integrantes de la comisión la información solicitada por la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama al Instituto de Investigaciones Legislativas; para lo cual, Miguel Candila Noh (MORENA) calificó los datos como incompletos porque no se sustentó de manera oficial por parte de los Ayuntamientos, por lo que pidió que los alcaldes sustenten lo requerido mediante oficio.

En este sentido, Franco Blanco aclaró que se entregó esta información para que fuera analizada en los siguientes días, al igual que se consideró un convenio de colaboración con el Indemaya para capacitar al personal que se tenga en cada dependencia y municipio con el fin de no erogar recursos.

Asimismo, Rosa Adriana Díaz Lizama (PAN) señaló que se debe revisar el marco legal de la iniciativa para ver si es viable, porque ya lo contempla, de manera general, la Constitución Política del Estado y una ley secundaria, aunque también se puede complementar, porque en la propuesta específica que haya personal en el área de Atención Ciudadana.

Relevante

Aunado a esto, Silvia López Escoffié (MC) indicó que el objetivo de la iniciativa es relevante para que en los centros de contacto directo haya orientación a los mayahablantes, porque Yucatán es el Estado con más personas que hablan lengua indígena.

Por último, el diputado Felipe Cervera Hernández sugirió que también se le pida a las dependencias estatales y Ayuntamientos contesten mediante los correos electrónicos oficiales, al igual que en la propuesta que le hicieron al Instituto de Investigaciones se incluyan los 106 municipios, porque antes no fue requerido.

Por otro lado, se entregó a los legisladores el oficio de respuesta de los datos solicitados al Instituto de Investigaciones con respecto a la iniciativa para expedir la Ley de Imagen Institucional del Estado, signada por Luis Borjas Romero (PRI).

(David Rico)