Presunto daño patrimonial por $129.6 millones

La Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) interpuso este año un total de 13 denuncias contra 12 ex alcaldes por un presunto daño patrimonial por 129.6 millones de pesos, derivado del proceso de revisión de la cuenta pública 2018.

El titular de la ASEY, Mario Can Marín, entregó ayer al Congreso del Estado el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Estatal 2018, así como los Informes individuales correspondientes a la tercera entrega, que contienen 88 entes públicos.

Los documentos fueron recibidos por el diputado Alejandro Cuevas Mena (PRD), presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública y Anticorrupción, en compañía de la presidenta de la Mesa Directiva, Janice Escobedo Salazar (PRI); del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Felipe Cervera Hernández (PRI), así como de la coordinadora de la fracción del PAN, Rosa Adriana Díaz Lizama.

Estudio macroeconómico

El auditor estatal detalló que el documento contiene un resumen de las actividades que ha realizado el órgano fiscalizador, que incluyen propuestas legislativas para mejorar la gestión administrativa y financiera de los entes fiscalizados.

El auditor dijo que el informe cuenta con un análisis de la deuda pública y un estudio macroeconómico, que busca mejorar la inversión de los municipios; asimismo comentó que los tiempos de fiscalización son más rápidos ahora, luego de actualizar la ley, y por ello se han presentado denuncias, observaciones y áreas de oportunidad.

De las propuestas de reformas y modificaciones entregadas al Congreso del Estado, Can Marín destacó la iniciativa para que los ayuntamientos establezcan sus órganos de control, pues dijo que esto se tiene que aplicar porque es una obligación que viene en la Ley de Responsabilidades Administrativas.

Además, manifestó que se propone una nueva Ley de Adquisiciones y una nueva Ley de Obras Públicas, pues las que están en vigor son muy antiguas y hay que ponerles nuevos capítulos que permitan una mejor fiscalización.

También se propone mejorar la nueva Ley de Ingresos Municipal “porque la gestión que vamos a hacer en la auditoría ya no será solo en el gasto sino también en los ingresos y nuestros equipos de trabajo verifiquen que la Ley de Ingresos se está cumpliendo y que todos los ingresos que puedan tener el municipio se estén ingresando a las cuentas públicas”.

De los órganos de control que los municipios no han instalado, dijo que tal vez no es por falta de voluntad, sino que tiene que ver con el hecho de que salió en la nueva Ley de Fiscalización, además del cambio de gestión que es algo en lo que se tiene que trabajar, porque en cada cambio de administración se empieza de nuevo, se enseña a unas personas, entran otros, se van todos”.

Jalar a los alcaldes y su Cabildo

“Al final, lo que se hace es jalar a los alcaldes y su Cabildo para empezar a preparar gente del municipio que trascienda, que tenga un servicio profesional de carrera, que pueda trascender a través de las gestiones administrativas y que sean encargados de manejar estas áreas, como de las solicitudes de información, gente que conteste de la contabilidad gubernamental de transparencia y rendición de cuentas”, dijo.

Sobre las denuncias que se han interpuesto, derivadas de la revisión de la cuenta pública del 2018, dijo que este 2020 se presentaron 13 denuncias por un posible daño patrimonial de 129 millones 6223 mil 423 pesos y 186 multas correspondientes al 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, las cuales ascienden a 2 millones 421 mil 996 pesos.

(Entre los municipios que fueron denunciados, con mayores montos, destacan Ticul, con un posible daño de 38.6 millones; Peto con 26.4 millones; Uayma con 12 .7 millones, y Tixcacalcupul con 11.5 millones de pesos).

Además, como parte de las acciones derivadas de la revisión de la cuenta pública del 2017, en año pasado se interpusieron 59 denuncias por un posible daño de 56 millones 523 mil 733 pesos.

Revisión más a fondo

Expresó que ya se ha arrancado con la planeación que se llevará a cabo como revisión de la Cuenta Pública 2019.

“Ya empezamos con la solicitud de información hace 15 días a todos los entes fiscalizables que tenemos en nuestro plan de auditorías y están ahorita pidiendo prórroga, porque fuimos más extensos con nuestras solicitudes de información, porque estamos pidiendo todos los CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) que han tenido, todos los timbrados de sus nóminas”, señaló.

Resaltó que lo anterior obedece a que la ASEY creó unos programas que establecen el cruce de información en nómina y la validación de manera muy rápida de todos los CFDI, para tener un análisis y un criterio “y vamos a buscar que esas empresas a qué otro municipio le vendieron, qué le vendieron, para detectar a aquellas empresa que facturan varias cosas o que puedan estar dentro del supuesto del 69-B”, mencionó.

Reiteró que ahora se han enviado las solicitudes de información y en junio se estaría presentado el primer bloque de 25 ó 30 dependencias; calculó que en 15 días o 3 semanas ya se estarán llevando a cabo las visitas de auditoría.

Expuso que se tienen contempladas 228 auditorías en municipios y en las dependencias del Ejecutivo, pero en cualquier momento se pueden abrir más auditorías.

El diputado Cuevas Mena adelantó que se estudiarán las propuestas de reformas a las leyes en la materia, por parte de la ASEY, porque “quien hace la labor de fiscalizar tiene de primera mano la información y las necesidades, así como los hallazgos que permitan hacer mejor el trabajo”.

(David Rico)