Los diputados de la Comisión de Presupuesto aprobaron ayer por mayoría el dictamen que deroga el Derecho por Infraestructura Tecnológica en materia de Seguridad Pública, por lo que ya es un hecho que este gravamen no se cobrará a los ciudadanos y sólo falta que hoy pase al pleno.
El proyecto de dictamen que envió el mismo Ejecutivo luego de un rotundo rechazo de la sociedad fue aprobado por mayoría en comisiones porque la diputada de MORENA Leticia Euan Mis, votó en contra de la derogación.
Lo que se votó y aprobó fue el proyecto de dictamen para modificar la Ley de Ingresos y la Ley de Hacienda del Estado del ejercicio 2020. Con lo anterior, se elimina de la Ley de Hacienda el capítulo XVII relativo al derecho en cuestión y, con ello, queda también sin efecto el artículo transitorio que le daba una vigencia de cinco años, hasta el 31 de diciembre de 2024.
Hoy, al pleno y se acabó
Sin mayores discusiones los legisladores aprobaron este dictamen, con lo que prácticamente quedó derogado el derecho y sólo falta que el pleno de diputados lo apruebe hoy en la sesión ordinaria.
La diputada de MORENA sorprendió al votar en contra de la derogación de este derecho. En asuntos generales, dijo que su postura responde a que siempre fue clara, desde que se discutió el Paquete Fiscal, de que estaba en contra de cualquier impuesto que afectara a los yucatecos.
Además, aseguró que “se correrá el riesgo de que este cobro entre en vigencia en cualquier momento”.
El presidente de la Comisión, Víctor Merari Sánchez Roca, calificó de imprecisas las declaraciones de la legisladora, pues aseguró que al derogar el derecho en cuestión queda sin efecto y, para poder aplicarse de nuevo, tendría que haber una iniciativa en el Paquete Fiscal que se discutirá en diciembre y para el ejercicio 2021.
“Es absolutamente falso que se pueda reactivar un cobro que está totalmente derogado”, dijo.
Explicó que, al derogar el artículo que hace referencia al impuesto y al cobro, desaparece el transitorio y queda sin efecto, porque hace referencia a un artículo que no existe ya.
Derecho
Este derecho derogado en comisiones establecía que la cuota mensual por el derecho previsto sería de 290.64 pesos (3.44 UMA), lo que da un equivalente de poco más de 581 pesos bimestrales; se estableció que lo que se pagara, sin embargo, no podría ser mayor al 8 por ciento del total de lo que se pagara en el recibo.
Establecía la exención del pago a los que consumieran al mes menos de 99.69 pesos (1.18 UMA) por este concepto y con lo que no pagarían alrededor de 224 mil predios.
El Gobierno del Estado había proyectado recaudar, tomando como parámetro el cobro a través del recibo de la CFE, la cantidad de 238 millones 811 mil pesos por este derecho, lo que finalmente no ocurrirá.
Otros temas
En la comisión fue avalado por mayoría, también con el voto en contra de MORENA, las modificaciones a la Ley de Ingresos 2020 de Chicxulub Pueblo para establecer cuáles serán los valores catastrales para definir el pago del impuesto predial, así como la similar del puerto de Progreso, para establecer que cada año se renueve la licencia de uso de suelo, cuando antes no se tenía periodicidad.
En el caso de Chicxulub Pueblo, la secretaria de la comisión Rosa Adriana Díaz Lizama (PAN) señaló que el valor catastral ya no se definirá si el predio es bueno, regular o malo, sino por medio de una tabla con fórmulas específicas.
En el mismo sentido, la también secretaria del cuerpo colegiado Lila Frías Castillo (PRI) añadió que los nuevos valores catastrales están apegados a la normativa nacional en la materia, porque antes los ayuntamientos tenían tablas que no tenían una precisión clara.
Con respecto a Progreso, la vocal de la comisión Milagros Romero Bastarrachea (MC) indicó que la LXII Legislatura tiene el compromiso de proteger las finanzas públicas de los municipios, que dependen de la recaudación para sustentarse y brindar servicios de calidad, ante una posible recesión económica.
Por último, el presidente de la comisión, Víctor Sánchez Roca (PAN), dio lectura a un oficio del Ayuntamiento de Telchac Puerto que solicitaba un ajuste a su presupuesto para contar con una partida extraordinaria para el pago de laudos; sin embargo, aclaró, se le responderá que el Congreso del Estado no atiende asuntos administrativos.
(David Rico)