La bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado presentó ayer una iniciativa para la conformación de una comisión especial para el seguimiento de los trabajos realizados por las y los alcaldes municipales del Estado de Yucatán ante la contingencia del Covid-19, para evitar que los ediles incurran en ocurrencias que más que ayudar afecten a la población.
La diputada Silvia López Escoffié explicó que, de acuerdo con notas periodísticas y versiones de los propios ciudadanos que les llegan a ellas, hay acciones en esta contingencia que están llevando a cabo alcaldes y que no son del todo buenas, como algún alcalde que condicionó la venta de gel antibacterial a quienes hubieran pagado el predial, u otros que han cerrado los accesos, pero que también están impidiendo que la gente salga a trabajar, entre otros.
Expuso en este sentido que el único facultado para vigilar el actuar de los alcaldes es el Congreso del Estado, que tiene incluso la facultad de citarlos a comparecer e incluso llevarlos a juicio político.
Iniciativas
En este tenor –dijo– es que se propone la iniciativa para dar seguimiento a la actuación de los alcaldes en esta contingencia y que las decisiones que se tomen sean las mejores para los ciudadanos.
Acerca de la comisión, en el documento que se entregó ayer a la Oficialía de Partes, se expone que se encargará de vigilar el cumplimiento de las atribuciones de los presidentes y presidentas municipales del Estado, para que realicen sus funciones de manera correcta, vigilando y previniendo que no se den actos de corrupción y violaciones a la ley durante la contingencia de Covid-19.
Dijo que en caso de incurrir en laguna falta o extralimitarse en sus funciones, los alcaldes podrían ser llevados hasta juicio político.
Se establece que la intención es vigilar que los alcaldes y alcaldesas cumplan a cabalidad con las disposiciones emitidas por los preceptos jurídicos federales y estatales, para el buen desempeño de sus funciones y recursos.
Obligatoriedad
Además, conocer, atender y analizar las problemáticas que formulen los ciudadanos en las que se encuentren involucradas las y los alcaldes municipales, toda vez que sean en sentido contradictorio a la Constitución Política del Estado de Yucatán y a la Constitución del país.
Además, se plantea la obligatoriedad de llevar a cabo las acciones necesarias para que las y los alcaldes que incurran en el incumplimiento u omisión de la ley o las disposiciones emitidas a nivel nacional o estatal para la contingencia del Covid-19, o que se extralimiten en el uso de sus funciones o recursos, puedan ser desde reconvenidos hasta sometidos a un juicio político y reciban la sanción correspondiente.
(David Rico)