Los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación aprobaron ayer la obligatoriedad de que haya personal mayahablante debidamente capacitado en las áreas de primer contacto de las dependencias de gobierno y organismos autónomos.
El propósito es que estos proporcionen información, orientación y atención, además de explicar y proporcionar datos de todos los programas y acciones en la lengua de los ciudadanos interesados.
Esta iniciativa que se aprobó en comisiones y que pasará el pleno hoy modifica el Artículo 7 del Código de la Administración Pública de Yucatán (CAPY), el cual establece además que este papel lo pueda ejecutar el mismo personal que en las distintas dependencias tenga dominio de la lengua maya.
Previamente se hizo un análisis por parte del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso estatal, y se pudo conocer que la mayoría de las instancias del gobierno y órganos autónomos ya cuentan con personal capacitado en lengua maya, pero con la reforma aprobada quedó debidamente estipulado en el CAPY.
Adultos mayores
Se aprobaron también en la comisión reformas a la Constitución Política del Estado para dar personalidad jurídica al adulto mayor y se establece que el Estado deberá llevar a cabo todas las acciones necesarias orientadas a lograr el derecho a una vida digna de las personas adultas mayores, que tengan acceso a los servicios de salud, alimentación, cultura, protección de su patrimonio, igualdad de condiciones para desempeñar un trabajo, asistencia y seguridad social e igualdad de oportunidades.
Imagen institucional
De la misma manera, continuó el análisis de la iniciativa para expedir la Ley de Imagen Institucional, presentada por el diputado Luis Borjas Romero (PRI), las cual busca evitar el derroche de recursos que ocurre cada cambio de administración; para ello se establecerá que cada municipio o poder use su escudo de armas y se establezca el blanco, negro y escala de grises como los colores para los bienes muebles e inmuebles.
Miguel Rodríguez Baqueiro (PAN) presentó unas propuestas en materia de los colores a utilizar y que existan distintivos para los diferentes órganos de gobierno. La propuesta plantea que “en relación con los bienes muebles e inmuebles de carácter público de las dependencias y entes del Estado, órganos constitucionales y ayuntamientos que debieran utilizar únicamente los colores institucionales y portar su escudo de armas oficial, se deberá tomar en cuenta las propuestas de las organizaciones sociales que consideren al respecto.
“En el caso de los Ayuntamientos, si fuere el caso, para realizar posibles cambios en la imagen institucional de las fachadas, espacios, monumentos y obras públicas, se aprobarán con el voto de las dos terceras partes del Cabildo, para ser sometido a consideración del Congreso del Estado y sea aprobado con mayoría simple de votos”.
Justicia
En la Comisión de Justicia y Seguridad Pública se distribuyó entre sus integrantes la ficha técnica y cuadro comparativo de la iniciativa para modificar el artículo 115 del Código Penal del Estado, que busca que no se otorgue el perdón a quienes cometan violencia familiar.
Kathia Bolio Pinelo (PAN) presentó una propuesta para que se le otorgue el perdón una vez al inculpado, y en caso de reincidir, no se le podrá conceder en delitos de violencia familiar y de lesiones.
El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso Felipe Cervera Hernández (PRI) sugirió que se solicite la opinión, o mejor aún, se realice una reunión de trabajo con representantes del Poder Judicial de Yucatán, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría del Menor y la Familia para abundar en el caso de posibles daños a las niñas y los niños.
Agregó, que en caso de que el acto violento sea de una madre soltera hacia un menor de edad y la mujer sea detenida, cuál sería el procedimiento para atender al infante y a qué dependencia sería trasladado, para no causar un daño mayor; en tanto, Silvia López Escoffié (MC) mencionó que se añada a la Secretaría de la Mujer.
La iniciativa en análisis plantea que no pueda otorgarse el perdón al ofensor cuando, entre otras cosas, sean varios los agraviados y cada uno pueda ejercer separadamente la facultad de perdonar al responsable del delito y al encubridor.
Durante los trabajos de análisis se planteó que el perdón al agresor por parte de las víctimas de violencia familiar se ha convertido en el obstáculo principal para disminuir este tipo de casos.
Borjas Romero señaló que, dada la complejidad del tema, se convocará a una reunión de trabajo próxima a dependencias e instancias impartidoras de justicia como el Poder Judicial, Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, el Instituto de Atención a Víctimas, la Fiscalía General del Estado y al Instituto de la Mujer, entre otras, para que colaboren en la construcción de la iniciativa y de esta forma hacerla compatible con el Código Penal del Estado por medio de la solución de dudas a los planteamientos que hagan los diputados que integran la Comisión de Justicia y Seguridad Pública.
“A través de esa reunión de trabajo con las dependencias referidas, podríamos aprovechar a que se toquen todos los temas en materia familiar que tengamos pendientes en esta comisión”, afirmó.
(David Rico)