Por el lío de las luminarias, asegura el Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Mérida aseguró ayer que, en el caso del adeudo por 630 millones de pesos por el lío de las luminarias, ha tomado las previsiones necesarias para el pago al Banco Santander, de modo que el presupuesto con que se haría frente a ello no representa un riesgo financiero para la Comuna.
“No se trata de recursos disponibles para ejercer en obras y otras acciones municipales”, respondió la Comuna, y aseguró que “el proceso está detenido por la suspensión de labores en los juzgados debido a la contingencia sanitaria”.
Al responder a la solicitud del reportero sobre el tema, recordó que el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México solicitó al Ayuntamiento el pago inmediato de esa cantidad; sin embargo, las autoridades propusieron liquidar el adeudo sin afectar las finanzas de la ciudad, a través de un plan de pago a largo plazo, a razón de tres millones de pesos mensuales durante 20 años.
En ese sentido, reiteró que cuando se tengan que hacer los pagos no se afectará el presupuesto que se usa para cuestiones relacionadas con la operatividad del Ayuntamiento ni los programas en beneficio de los ciudadanos.
Amparo
Como se recordará, el Ayuntamiento obtuvo un amparo que impide el embargo de cuentas bancarias y bienes municipales de dominio público, como pretendía la institución financiera.
La Comuna tiene la posibilidad legal de diferir el pago de las luminarias por varios años, por lo que se solicitó un plan de pago a 20 años, con base en diversos ordenamientos.
Por ejemplo, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su artículo 47, establece que las entidades públicas “ejecutoras del gasto”, en este caso el Ayuntamiento de Mérida, “deberán cubrir las contribuciones federales, estatales y municipales correspondientes, así como las obligaciones de cualquier índole que se deriven de resoluciones definitivas emitidas por autoridad competente”.
Esta ley precisa que las adecuaciones presupuestarias necesarias para el pago de estas obligaciones, “no podrán afectar el cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas prioritarios aprobados en el Presupuesto de Egresos”.
(Rafael Gómez Chi)