En un escenario en el que en menos de 2 días se pasó de 1,100 a 2,305 contagios de COVID-19 y 197 muertes en centros penitenciarios del país, de acuerdo con la agrupación Asilegal, en Yucatán suman 30 casos positivos y 1 defunción, mientras que solo 27 personas han obtenido su libertad de forma anticipada en el marco de la pandemia.
En el caso de Yucatán, la bancada de MORENA en el Congreso estatal presentó una iniciativa para crear la Ley de Amnistía y que, en el marco de la pandemia, se pudiera dejar en libertad a las personas que purgan condena por delitos no graves.
Esta propuesta plantea otorgar amnistía a favor de las personas que purguen condenas por los delitos de aborto, en cualquiera de sus modalidades, robo simple, sedición y delitos políticos, así como a las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas y en diferentes supuestos.
Sin embargo, la citada iniciativa se encuentra en la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, y no se prevé que sea analizada hasta que se reinicie el próximo período de sesiones, en el mes de septiembre.
De acuerdo con el documento Observaciones sobre Violaciones a Derechos Humanos cometidas durante la Contingencia Sanitaria por COVID-19, emitido por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación y con corte al 31 de mayo, en Yucatán han sido preliberadas por la pandemia 27 personas y tres más estaban en revisión.
Sin embargo, esa cifra constituye sólo el 2 por ciento del total de personas privadas de su libertad en la entidad, las cuales suman 1,354.
La organización Asistencia Legal (Asilegal) informa en su plataforma (https://asilegal.org.mx/) también de estas preliberaciones, pero califica de “inaceptable la opacidad del sistema penitenciario” y demandó a las autoridades penitenciarias, al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, a la Secretaría de Salud y de Gobierno a frenar la opacidad y, de verdad, cooperar para hacer frente a la crisis con la sociedad civil.
Repunte
Menciona que el repunte drástico que se dio “no quiere decir que existió un repunte catastrófico, sino que desde un inicio se blindó la posibilidad para medios de comunicación y la sociedad civil de conocer cabalmente la verdadera amenaza que enfrenta la población privada de libertad”.
Situación que claramente inhibe la posibilidad de generar estrategias concretas que contribuyan a la creación de programas o acciones que mitiguen el impacto de la pandemia. De esta manera, el monitoreo penitenciario que hemos llevado a cabo desde Asilegal siempre se ha acercado de manera más realista al desarrollo de la pandemia en centros penitenciarios. Sin embargo, ante la falta de una verdadera intención de cooperación de las autoridades con la sociedad civil, todos los días tendremos la posibilidad de que se multiplique por dos el resultado final del conteo de contagios y muertes.
Señala que “la pandemia en los centros penitenciarios, así como en el exterior, está lejos de terminar”.
“Dada la grave realidad de esta situación hacemos un llamado a las autoridades competentes de la OADPRS, a las autoridades penitenciarias de todos los niveles, a la Secretaría de Gobernación local y federal, a la CNDH en conjunto con sus homólogos en los Estados, a la Secretaría de Salud, al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y a toda persona que ha mantenido su silencio durante el desarrollo de la presente crisis penitenciaria, a detener esta absurda opacidad con la que se empeña en operar el sistema penitenciario y a empezar a reconocer el valor de las vidas humanas que dependen de ellas”.
Por David Rico