Italia Rejón, quien es trabajadora social escolar con base desde el 2017, denuncia que, aunque su puesto lo obtuvo cumpliendo todos los requisitos necesarios (incluyendo documentación y haber transitado por una escuela de forma temporal), tras ser asignada a un lugar definitivo en Kinchil desde el 2018, luego de tres ciclos escolares ofreciendo sus servicios, su plaza fue subasta en noviembre del año pasado; esto derivó que fuera despedida injustificadamente y le solicitaran que se trasladara a Seyé como personal excedente. Ella se niega a esta situación, ya que ha sido responsable al cubrir todos aspectos que marca la regulación.
“Están actuando arbitrariamente y ya interpuse una denuncia en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) porque están pisoteando mis derechos; soy madre soltera, tengo un hijo de seis años que depende de mí y de mi salario”, subrayó.
Aclara que, desde el 2013 trabaja en la Secretaría; cuatro años fueron como contrato y luego participó en convocatoria para ‘basificación’, en la que obtuvo su base.
Luego del logro, la mandaron de forma temporal a la secundaria Técnica 15 de Cansahcab; sin embargo, debido a que ella se encontraba en el nivel de Educación Especial, le dieron una comisión temporal en la Unidad de Apoyo a la Educación Regular (USAER) por seis meses, mientras esperaba su lugar definitivo. Cuando se liberaron las plazas que fueron dejadas por los administrativos en el 2018, logró conseguir su base definitiva para la secundaria Técnica No. 18 “Felipa Poot” de Kinchil.
“El maestro Jorge Encalada, director en ese momento, me entrega mi documento donde se evidencia que tomo posesión del lugar”, manifestó. A prácticamente tres ciclos escolares de haber ganado su sitio, cuenta que la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey), ha comenzado a indicarle que sus documentos son inválidos debido a que la administración pasada regaló bases y la consideran personal excedente.
“No es así, yo tengo mi hoja del 2018 cuando tomé posesión en la secundaria y no había otra trabajadora social, era la única”, puntualizó. No obstante, expuso que ahora han subastado el lugar que le pertenecía. “Antes de eso empecé a moverme para ser atendida por las autoridades, pero dijeron que darían una minuta y no lo hicieron”.
Declaró que, luego de acudir en diversas ocasiones a la Segey y no recibir respuesta, se dirigió al Palacio de Gobierno, lugar en el que le dieron una cita para el 10 de diciembre del 2020, dado que era una problemática que le correspondía a la instancia educativa.
“En la cita le hago entrega de mis documentos a Olivia Durán y se sorprende preguntando por qué subastaron mi lugar si no estaba excedente. Dijo que me lo guardó la administración pasada y me lo dio”, narró. Italia Rejón asegura que no ha sido beneficiada por nadie, sino que ha conseguido su lugar como fruto de su trabajo.
“¿Por qué después de tres ciclos escolares? Eso es contra la ley”, manifestó. Sin embargo, le dijeron que checarían el caso y le responderían antes de que acabara diciembre. Comentó que al ver que no recibía respuesta y en enero se retornarían las actividades escolares, estuvo yendo una semana a visitar a Olivia Durán, pero no le atendieron.
Luego de la insistencia, le dieron respuesta señalando que se iría a Seyé y además, le están cambiando su clave a bibliotecaria como una comisión temporal, indicando también que es personal excedente.
“Ese documento me llega el 8 de enero y no les firmé nada porque están contra la ley, porque todos los documentos que yo tengo están en regla y no hay manera de invalidarlos. Incluso tengo mi Formato Único de Personal (FUP) firmado por la administración actual”, dijo.
Por lo cual, decidió continuar ejerciendo sus labores en la escuela que asegura le corresponde. “Hasta hace tres días mi directora me dijo que no me iba a dar trabajo porque el titular es el nuevo trabajador social que llegó y yo me tengo que ir a mi nuevo centro de labores”.
Afirmó que la directora la estuvo intimidando diciéndole que le pueden quitar su plaza; asimismo, le solicitó entregar las llaves de su departamento, mismas que dio luego de haber solicitado un documento firmado que hiciera evidente que le pidieron realizar la acción.
Señaló que, luego de eso, la directora la sacó de los grupos en donde trabajaba con el alumnado, por lo que sentencia que eso fue “un despido injustificado”, ya que nunca le mostraron documentos donde se demostrara que la Secretaría pidió que se le sacara.
Aseguró que esta situación se trata de un abuso total de poder, ya que cuenta con todos los documentos que avalan todo su proceso, así como las demandas que ha interpuesto. La CNDH le ha planteado que el próximo 10 de febrero, le asignará un abogado porque están “cometiendo una falta a sus derechos humanos”.
SY