Por pagos en exceso en el rubro de servicios personales, el Congreso del Estado de Yucatán deberá aclarar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el gasto de 8 millones 920 mil 537 pesos.
En la revisión de la Cuenta Pública 2020, el órgano fiscalizador del Poder Legislativo federal detectó la falta de evidencia documental en la aplicación de recursos transferidos por el Gobierno del Estado al Congreso local; inobservancias en la aplicación de la Ley de Disciplina Financiera, así como incongruencia en los informes financieros.
De acuerdo con el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020, por dichas anomalías detectadas se emitió una solicitud de aclaración.
Asimismo, indicó la ASF, el Poder Legislativo local excedió en 12 millones 240 mil 400 pesos el límite establecido del porcentaje del crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado en los Criterios Generales de Política Económica para el ejercicio presupuestado.
Por lo anterior, se inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, las cuales se dieron como promovidas.
En el transcurso de la auditoría, el Congreso del Estado de Yucatán proporcionó la documentación que acreditó la comprobación de 2 millones 792 mil 900 pesos.
Asimismo, la ASF señaló que los formatos “5 Estado Analítico de Ingresos Detallados-LDF” y “6 a) del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación por objeto del Gasto)”, respectivamente emitidos por el Consejo de Armonización Contable (CONAC), no cumplieron con los criterios de elaboración y presentación homogénea de la información financiera, porque no existió congruencia en los montos de las ampliaciones registradas en la información financiera en dichos formatos, señaló.
“Y por último generó una cuantificación monetaria de las observaciones por 8 millones 920 mil 500 pesos, que corresponde a un monto por aclarar por concepto de pago en exceso a la asignación de servicios personales aprobada para el ejercicio fiscal 2020, respecto del límite máximo permitido por la ley”, observó la ASF.
Según el Informe del órgano fiscalizador federal, el Congreso de Yucatán “no proporcionó evidencia documental sobre el destino y aplicación de los recursos provenientes de subsidios y transferencias otorgadas por la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Yucatán”.
El Congreso del Estado de Yucatán incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
“Debido a que no cumplió con el principio de sostenibilidad establecido, ya que generó Balances ‘Negativos’ de forma acumulada y al final en la Cuenta Pública 2020”, se señaló en el Informe.
Cabe señalar que la Cuenta Pública 2020 fiscalizada por la ASF corresponde al ejercicio fiscal de la Legislatura anterior, cuyo periodo de gestión fue del 1 de septiembre de 2018 al 31 de agosto de 2021.
Actualmente, se encuentra en posesión la Legislatura sucesora, cuyo periodo de operación inició el 1 de septiembre de 2021 y se prevé concluya el 31 de agosto de 2024.
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JG