Debido a la falta de presupuesto y a la pandemia por COVID-19, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Yucatán no será una realidad sino hasta el 2022 pues se aplazó 16 meses la instalación del Consejo Estatal Ciudadano. De igual forma, en agosto del año pasado se aplazó un año, por los mismos motivos, el nombramiento del director de dicho organismo.
A nivel nacional, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, dio a conocer que del 2006 al 2020 se denunció la desaparición de 80 mil 888 personas en México y se mantiene un incremento en el número de denuncias.
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Según datos de la Fiscalía General del Estado, hasta noviembre pasado, en Yucatán en promedio cada 80 horas se denuncia el extravío de una persona, de acuerdo con los encargados de las investigaciones de las desapariciones en la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro (UECS).
Hasta la fecha han sido 95 las denuncias por la desaparición de una persona, de éstas, 60 corresponden a menores de edad, cuyas edades oscilan entre los 12 a los 16 años de edad. De este número 89 personas habían sido localizadas o se ubicó el lugar donde se encontraban y se corroboró que no fueron víctima de la comisión de algún delito. Las otras seis personas, sus casos aún se encontraban en proceso de investigación.
En la entidad, en este contexto, tendrá que esperar la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Yucatán pues no tendrá, en breve, ni director ni se instalará el Consejo Ciudadano.
El 5 de febrero se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el Decreto 177/2020 por el que se regula la citada Comisión. Posteriormente, el 4 de agosto se modificó el decreto anteriormente señalado en lo que respecta al plazo para realizar el nombramiento del director de la comisión y se aplazó 360 días naturales, en tanto se cumple el término para realizar su designación oficial, se nombró a un encargado de la dirección.
El pasado 30 de enero se emitió un nuevo decreto modificatorio, estableciendo que “el gobernador deberá nombrar a los integrantes del Consejo Estatal Ciudadano, conforme al procedimiento previsto en este decreto, en un plazo no mayor a 460 días naturales, contado a partir de su entrada en vigor”, señala el documento.
Además, el Consejo Estatal Ciudadano se instalará en un plazo no mayor a 480 días naturales, contado a partir de la entrada en vigor del decreto.
Se menciona que la medida antes mencionada es a fin de que este organismo empiece a trabajar cuando haya pasado la pandemia y se tenga presupuesto para su operación.
“Derivado de la imprevista necesidad de atender y prevenir la propagación del virus SARS-CoV-2, así como de mitigar sus efectos en la economía yucateca, es menester incrementar el plazo originalmente previsto para llevar a cabo el proceso de designación de los integrantes e instalación del Consejo Estatal Ciudadano, homóloga mente a lo planteado para el director de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Yucatán, a fin de que pueda instalarse y operar cuando los efectos de la pandemia se hayan aminorado, se cuente con suficiencia presupuestal e inicie la operación integral de la referida comisión”, señala el texto.
Entre las atribuciones de la citada comisión, se establece que deberá coordinarse y mantener comunicación continua y permanente con la comisión nacional y con sus homólogas de otras entidades federativas; recibir las solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas y asesorar y canalizar a los familiares de las víctimas ante la Fiscalía General del Estado para que, de ser el caso, realicen la denuncia correspondiente.
Recibir la información que aporten los particulares u organizaciones en los casos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares y, en su caso, remitir a la Fiscalía General del Estado y demás autoridades que corresponda.
Mantener comunicación con la Fiscalía General del Estado y demás autoridades estatales y municipales para la coordinación de acciones de búsqueda y localización, a partir de la información obtenida en la investigación de los delitos a que se refiere la ley general, entre otras.
SY