Desde la tribuna del Congreso diputadas presentaron una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado, con el fin de que aumenten las penas de 2 a 8 años de prisión y de 200 a 600 días-multa a quienes cometan el delito de comercio ilícito de bebidas alcohólicas.
La diputada Milagros Romero Bastarrachea expuso que el consumo excesivo de bebidas embriagantes es uno de los principales factores de riesgo a la salud en todo el país y, particularmente, en Yucatán, que se ha mantenido en el primer lugar a nivel nacional en casos de intoxicación aguda por alcohol.
La propuesta presentada por las diputadas registradas por Movimiento Ciudadano, partido al cual renunciaron y hoy pertenecen a Fuerza por México, propone aumentar la penalidad a quien comercie bebidas alcohólicas de manera ilícita, con la intención de que se haga justicia pues hoy día es prácticamente imposible que quien cometa el ilícito pise la cárcel.
“Uno de los muchos factores que lleva al Estado a ocupar el primer lugar en intoxicación aguda por alcohol es la venta clandestina de vinos y licores que representa ingresos exorbitantes a los que se dedican a este comercio ilegal”, expuso Milagros Romero.
Expuso que en 2017 Yucatán registró 9 mil 801 casos de intoxicación aguda por alcohol, en 2018 fueron 10 mil 312 y en 2019 fueron 9 mil 603. Y, a pesar de la pandemia y la ley seca, el año pasado se cerró con 2 mil 418 casos y se mantuvo la entidad en el primer lugar nacional.
Añadió que el Código Penal, en la parte correspondiente, establece que el delito de comercio ilícito de bebidas alcohólicas y ebriedad se castiga con pena de prisión de 2 años y de 50 a 200 días-multa, pero la sanción es insuficiente para el tamaño del problema, pues, por ejemplo, en estos clandestinos se vendieron bebidas adulteradas que cobraron la vida de varias personas.
“Estamos hablando de que las posibilidades de que una persona llegue a una sentencia condenatoria serían muy escasas y, en el supuesto de que esto ocurra y alguien sea juzgado y sentenciado, las probabilidades de que sea internado a prisión por este delito serían prácticamente nulas”, dijo.
Por lo anterior, propone el incremento de sanciones a fin de que, con la concatenación de estos supuestos, que son la prevención, la persecución y el aumento de la sanción, pueda dimensionar la gravedad de este ilícito que afecta considerablemente la salud pública.
“Sabemos que endurecer las penas no es la solución, pero sí es un claro posicionamiento legal que deja claro que la salud y la vida de las y los yucatecos es importante y valiosa para este Congreso y para las autoridades correspondientes”, señaló.
SY