Fundadores de “El Corchito” son desplazados de la reserva natural luego de más de tres décadas al frente del servicio a la comunidad progreseña y turista.
El Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (Cultur), en septiembre de 2015, adquirió el lugar e hizo burócratas a algunos miembros de la cooperativa. Sin embargo, por motivos injustificados, según los afectados, fueron dados de baja sin respetar que tenían una plaza y sin otorgarles una pensión que les ampare el resto de sus vidas, ya que todos sobrepasan los 60 años de edad.
Los despedidos hasta el momento son: los hermanos Felipe de Jesús y Luis Manuel Argáez Pech; José María Palomo Castillo, José Alberto Casanova Dzul, Jorge Lázaro Chumba Herrera y Henry Limbert Velásquez Castillo, los dos últimos sin posibilidades de salir de casa por diferentes males que los atacan desde hace varios años.
En entrevista con el grupo restante, estos aseguran que desde hace más de un lustro su cooperativa fue absorbida por la dependencia estatal mencionada, en ese tiempo a cargo de Enrique Magadán Villamil, y que se encontraron con una serie de anomalías en los contratos que les otorgaron.
“En ese tiempo se nos otorgaron 2 millones de pesos para 20 socios y de manera extraña en los informes de Cultur salía que eran 20 millones. Nosotros pedimos una indemnización aparte como trabajadores del área. Queríamos 500 mil pesos, pero a cambio nos aseguraron plazas para seguir trabajando”, expresó José María Palomo, quien añadió que en ese tiempo fue amenazado por un sujeto de nombre Mario Beltrán con mandarlo a la cárcel si no cedía a lo que pedía el organismo gubernamental.
Luego de algunos malos tratos, los adultos mayores mencionan que sufrieron discriminación por su edad, siendo despedidos seis de ellos de manera injustificada. Dentro de la reserva aseguran que los otros seis socios que “sobreviven” correrán la misma suerte.
“Aquí lo que queremos es que se nos reconozca la plaza que nos dieron en aquel momento porque no lo han hecho, porque nos sacaron en el mes de enero sin finiquito mediante varias anomalías. Una de ellas fue en la primera quincena de diciembre, cuando, al firmar la nómina, se querían aprovechar de la poca vista que nos queda. Claro que no firmamos; lamentablemente, fuimos llamados de uno en uno a las oficinas del director, Joel Gutiérrez, para decirnos que estábamos fuera, aun siendo quienes cuidamos por muchos años el lugar donde ellos ahora están ganando un sueldo”, agregó Palomo Castillo.
El septuagenario también relató que el primero en irse, en el último trimestre del año pasado, fue Jorge Lázaro Chumba Herrera, quien padece de los nervios y de una diabetes hereditaria. Su compañero argumenta que al tener ciertos cuidados por gangrena que se le había formado en la pierna derecha, no podía tocar el agua del lugar y aún así fue mandado a sacar unas tablas del fondo de determinada área, traicionado por los nervios, el miembro fundador mal contestó a la encargada que le dictó la orden y fue enviado a su casa con castigo de tres días. Al regresar se le informó que no trabajaría más ahí.
Debido a ello, los vecinos de Chumba Herrera juntaron firmas para que Cultur, a cargo de Mauricio Díaz Montalvo, le otorgara al afectado cuentas claras sobre el futuro de su plaza y una pensión.
Los afectados aseguran que la lucha legal continuará, ya que por medio de sus hijos y amigos que les han tendido una mano, se ha logrado acercamiento con el Patronato Cultur, aunque sin ningún resultado a favor, pues la dependencia se niega a ceder ante las peticiones de los fundadores de la reserva.
Denuncian ecocidios
“Nos callamos mucho tiempo muchas cosas. Una de ellas son las anomalías que suceden allí dentro. Se nota que la gente nueva nunca tuvo aprecio por el lugar que nosotros, junto con el pueblo, levantamos”, comentó Felipe Argáez Pech.
Parte de esas anomalías es la muerte de varios mapaches, pues de la comunidad de 60 que se tenía a finales de la década pasada, aseguran los quejosos que sólo quedan menos de diez.
También denuncian que se colocó un contenedor con lockers metálicos cerca de los ojos de agua, situación que otorgaría pérdidas a la reserva por el tipo de material de dichos aditamentos.
“Lo más grave ahí es el mangle quemado. Si a uno como pescador lo multan por ello, esperemos que las autoridades en materia ecológica también actúen. Tenemos pruebas de que unos 2 mil mangles habrían recibido un mal uso de los auxiliares de ahí”, finalizó.
JG