El reemplacamiento en el estado de Yucatán actualmente es un tema que está generando mucha discusión entre la población y las autoridades, en esta ocasión por lo referente a la seguridad, al ser una medida por donde el Gobierno obtiene ingresos que invierte en seguridad, y al modificarse esta medida se perdería en gran medida lo avanzado.
Actualmente en el Congreso del estado se encuentra a discusión la posibilidad de la eliminación del reemplacamiento pospuesto para el 2022, lo que, sumado a la desaparición del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública a municipios (Fortaseg), el estado ha remarcado que sería poco beneficioso para la seguridad en Yucatán.
Menor gasto para la población
Pese a que el reemplacamiento está pospuesto hasta 2022, de aprobarse la nueva disposición en el Congreso del estado las placas serían permanentes y con un costo mucho menor al actual.
Ante este panorama, las placas sólo se cambiarían si están en malas condiciones o si el Gobierno del estado determina que se realice el cambio por tema de seguridad, lo que no podría ocurrir en un lapso menor de tres años.
Hoy día, por cada juego de placas los ciudadanos deben pagar mil 331 pesos por las de auto y 469 pesos por las de moto. En total, se erogaron 161 millones 414 mil 164 pesos por 650 mil juegos de placas, ya incluidas las calcomanías y tarjeta de circulación.
De entrar en vigor las reformas, el beneficio directo sería para la población porque de la cantidad antes mencionada ahora se pagaría por cada juego de placas metálicas para los automóviles un total de 235.50 pesos mientras que las de motocicletas 122 pesos.
Esta cantidad es basada en que según lo dispuesto por el Congreso, el costo de las placas no podrá exceder el monto que haya erogado el Gobierno del Estado por cada una de las láminas y no se le podrá agregar ningún concepto ajeno al valor real.
Seguridad de Yucatán en riesgo
A través de un comunicado el Gobierno del Estado señaló que a través del pago del reemplacamiento se ayuda a fortalecer la seguridad en el estado, y al carecer o disminuir de esos recursos se pone en riesgo la integridad y el patrimonio de los yucatecos.
En el mismo sentido, se destacó que ante la falta de recursos para la seguridad pondrá en riesgo la viabilidad e implementación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica que tiene como objetivo el fortalecimiento de las capacidades de las policías municipales y estatales, así como la articulación efectiva entre dichos cuerpos con la Guardia Nacional y Procuradurías o Fiscalías.
A la par de la capacitación y profesionalización de las y los policías, su equipamiento, la construcción de infraestructura, armamento, renovación y mantenimiento de sistemas tecnológicos, así como programas de prevención de la violencia y la delincuencia.
Durante los últimos tres ejercicios fiscales (2018, 2019 y 2020), el presupuesto de egresos del gobierno federal ha ido retirando su apoyo, lo cual compromete seriamente las posibilidades de sostenimiento, crecimiento y modernización de la Secretaría de Seguridad Pública y policías municipales.
SY