El Centro para la Diversidad Biológica y Greenpeace México presentaron una solicitud formal respaldada por Indignación AC, instando al Gobierno mexicano a respetar el derecho soberano de las comunidades indígenas, según la Ley mexicana, a los derechos humanos básicos, incluida la autodeterminación y la consulta sobre la concesión de permisos y el funcionamiento de las granjas industriales en expansión en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, así como atender la solicitud de los pueblos mayas de una moratoria sobre todas las aprobaciones de nuevas granjas industriales porcinas y ampliaciones hasta que se resuelvan los problemas de los derechos del pueblo maya y el daño a la calidad del aire y el agua, la biodiversidad y la salud humana.
Esta solicitud es en respaldo al grupo de 21 comunidades mayas que interpusieron una denuncia regional dirigida a los titulares de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente del Gobierno Federal (PROFEPA), Blanca Alicia Mendoza Vera; la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Blanca Jiménez Cisneros; y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal (SEMARNAT), María Luisa Albores González.
El texto contiene una serie de preocupaciones respecto a la omisión del Gobierno de consultar a los grupos indígenas antes de aprobar las granjas de cerdos industriales ambientalmente destructivas en la región. La denuncia fue preparada y presentada por la organización de derechos humanos Indignación.
“La aprobación unilateral del gobierno mexicano de la cría industrial de cerdos en territorio indígena ignoró los derechos y la salud de las comunidades locales”, dijo Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica.
SY